La Autoridad Portuaria de Gijón mantiene su previsión de cobrar en su integridad los 49,5 millones de euros de fondos Feder pendientes de desembolsar por la Comisión Europea, como parte de la subvención a la obra de ampliación de El Musel, a pesar de que la Comisión Europea mantiene su planteamiento de recortar ayudas a la obra portuaria, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El planteamiento que se hace desde Bruselas para esta petición tiene que ver con su disconformidad con aspectos relacionados con la contratación de la obra. El plan de empresa de la Autoridad Portuaria, que se elevará mañana a su Consejo de Administración, mantiene la previsión del cobro de la totalidad de esos fondos, si bien ha trasladado de 2027 a 2028 la previsión para lograr ese ingreso.

La Autoridad Portuaria de Gijón recibió en la segunda semana de este mes de julio el informe con los argumentos de la UE para plantear un tijeretazo del entorno de un tercio de esos 49,5 millones de euros, según las fuentes consultadas. Eso no significa que inexorablemente el desenlace vaya a ser una merma en esa subvención ni que lo vaya a ser en la cuantía que plantea la UE. Las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea aún están abiertas. El Puerto tendrá la oportunidad de intentar rebatir los planteamientos de la UE.

Sobrecostes

La obra de ampliación de El Musel, que duplicó la superficie del Puerto se licitó y adjudicó en 499 millones de euros más IVA. Los sobrecostes, principalmente por el incremento en los precios de los materiales de cantera, así como la actualización de precios, elevaron el precio de la obra hasta los 708,7 millones de euros. La obra se ejecutó entre 2005 y 2011.

Una sentencia del Tribunal de Cuentas eximió en 2019 de responsabilidad por alcance a los exdirectivos del Puerto por los sobrecostes al considerar que su gestión no causó daño a las arcas públicas. En julio de 2023, la Audiencia Nacional sentenció que no se había producido ninguna actuación ilegal en torno a la obra de El Musel, en contra de lo que había defendido la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que propuso a la Comisión Europea revocar la totalidad de los 247,5 millones de fondos Feder concedidos para la obra de ampliación, proponiendo reclamar la devolución por parte del Reino de España de los 198 ya abonados y reteniendo los 49,5 pendientes de pago a El Musel.

Incidencia en las cuentas del Puerto

Estos últimos son los que tendrán una incidencia directa en las cuentas del Puerto, aligerando su endeudamiento en la medida en la que se cobren. Tras esa sentencia, el 10 de mayo de 2024 el Ministerio de Hacienda pidió formalmente a la Comisión Europea el abono de los 49,5 millones de euros pendientes al Puerto. Tras revaluar el expediente, la Comisión Europea considera que sigue procediendo un recorte de las ayudas, si bien notablemente inferior al sugerido en su día por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude.

Con posterioridad a la sentencia de la Audiencia Nacional, el Puerto también ganó otra batalla judicial contra la UTE Dique Torres, que ejecutó la obra de ampliación y reclamaba otros 307,8 millones de euros de sobrecostes adicionales. La tramitación administrativa de la obra de ampliación de El Musel también contó con varios informes favorables de la Abogacía del Estado. El plan de empresa de El Musel destaca entre las fortalezas del Puerto los avances en las gestiones para el cobro del saldo pendiente de los fondos de cohesión de la UE, los citados 49,5 millones de euros, si bien al mismo tiempo incluye entre las amenazas que afronta el Puerto los elevados tiempos de respuesta de la Comisión Europea a la solicitud de liquidación de ese saldo final.