El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha reabierto la causa por el carbón desaparecido en El Musel. El mineral era propiedad del operador internacional Telf, que ya logró que la Corte de Arbitraje de Londres le reconociera el derecho a recuperar las 160.000 toneladas que le había adquirido Natural Mining Resources 1926 (NMR), pero que no llegó a pagarle. Telf también consiguió que le reconocieran ese mismo derecho los tribunales españoles.

Entre las diligencias que se practicaron en Madrid se incluyen las declaraciones como investigados de exdirectivos de Ebhisa, que desestibó el cargamento, y de la compañía que actuaba como agente en El Musel tanto de NMR como de Telf. Entre los investigados está el anterior director del Puerto.

En ese contexto, el 20 de febrero de 2023, Telf presentó una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción 1 de Gijón por la desaparición del carbón. El 13 de abril, el juzgado gijonés abrió diligencias, y el 23 de mayo las archivó al considerar que se trataba de un asunto mercantil, no penal. Telf recurrió, pero al mismo tiempo se personó en la causa principal contra NMR.

El juzgado de Pozuelo admitió la personación de Telf y pidió al de Gijón que se inhibiera, lo que así hizo. Paralelamente, la Audiencia Provincial de Asturias revocó el 9 de enero de 2024 su decisión previa de archivar la causa. A los pocos días, la Audiencia Provincial de Madrid decretó que el plazo para instruir la causa principal contra NMR había vencido en noviembre de 2022. Debido a ello, el 24 de mayo de 2024 el juzgado madrileño decidió no admitir la inhibición del de Gijón y en su lugar abrir unas nuevas diligencias de investigación por la desaparición del carbón de Telf, en las que tomó declaraciones y ordenó pesar el carbón que quedaba en El Musel.

Sin embargo, el pasado 6 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid revocó el auto del juzgado de Pozuelo en el que había abierto las nuevas diligencias por la desaparición del carbón, al considerar que el competente para investigar esos hechos es el juzgado de Gijón.

El juzgado de Pozuelo remitió al de Gijón todas las actuaciones que había realizado, tras haber dirigido la investigación entre otros contra las dos empresas portuarias gijonesas y varios directivos y trabajadores. Las defensas han recurrido la decisión del juzgado madrileño de remitir al de Gijón esas diligencias y al mismo tiempo han recurrido la decisión del juzgado gijonés de reabrir la causa el pasado 18 de julio al considerar que el plazo para culminar la instrucción en Gijón venció el noviembre de 2024. La diferencia está en si se tiene en cuenta para determinar el plazo de prescripción la fecha en la que se incoaron las primeras diligencias en Gijón o la fecha de inicio de las segundas diligencias en Madrid.