Hacienda, Fomento y Autoridad Portuaria de Gijón preparan conjuntamente la defensa de los intereses de España frente al informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea con la premisa de que, si hubo algún fraude o irregularidad, no es achacable a la Administración, sino a las empresas, estrategia acorde con la respuesta ante la reclamación de 350 millones de euros presentada por la UTE Dique Torres.
Aunque la estrategia a seguir no está cerrada, se intentará probar que el puerto fue, por decirlo así, más defraudado que defraudador, y que, por lo
