El paradigma de El Musel

Maribel LugildeLo que más me sorprende de lo que está ocurriendo con El Musel es el escaso impacto que su preocupante situación parece tener entre los ciudadanos, así como las tímidas reacciones de las administraciones local y autonómica. Es como si, poniéndonos todos de perfil, pudiéramos evitar el impacto. No deja de ser una sorpresa relativa porque, en tiempos oscuros como estos, la mayoría anda desbordada con la tarea de la supervivencia personal y familiar, al tiempo que quienes nos administran parecen haber rebajado los estándares de calidad en la gobernanza. O sea, todos perdemos la tan necesaria altura de miras.

Ya ha dolido reconocer que la ampliación de El Musel terminó siendo uno de los paradigmas nacionales de la cultura de la euforia. La monumental obra no estaba justificada en el histórico de tráficos sino en una combinación de intenciones -la política comercial que se preveía desarrollar- y sinceros deseos. Asimismo se sustentaba en la previsión -ahora sabemos que también ingenua- de que las infraestructuras de transporte y logística que debían completar el engranaje, se materializaran en plazo.

La crisis acabó de desbaratar la arquitectura teórica anterior, así que hoy tenemos un puerto infrautilizado en su ampliación, que encima ha de hacer frente al sobrecoste generado por la obra, litigar para que no le endosen un segundo sobrecoste y ver cómo la ciudad le considera responsable del deterioro en el arenal de San Lorenzo, advertencia que se subestimó en su momento porque se priorizó el desarrollo económico regional. Por si todo esto doliera poco, ahora nos enteramos de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha emitido un informe en cuyas conclusiones figura la presunción de corruptelas en el desarrollo de las obras, y la recomendación consiguiente de que se devuelvan las ayudas comunitarias recibidas y se paralicen las pendientes.

Ya sé que puede parecer mezclar churras con merinas pero si sumamos los dineros de los sobrecostes ciertos con los de las posibles ayudas anuladas, estamos hablando de 370 millones de euros, cifra que casi se duplica si finalmente también hay que asumir el segundo sobrecoste pendiente de decisión judicial. De todo ello ¿quién responde?, ¿quién paga?

Por otro lado, es evidente que nadie dará ya la cara por la desviación millonaria en el precio de la ampliación. Nuestro país ha vivido legalmente instalado en la cultura del modificado, al cual se ha recurrido en la inmensa mayoría -más del 90%- de los proyectos iniciales de obras. Dicho de otra forma, después procesos competitivos al máximo para sacar a concurso cada obra, con exhaustivos pliegos de condiciones, criterios de valoración y adjudicación en los que se mira con lupa la propuesta económica de cada empresa que concurre, cuando el proyecto está en fase de desarrollo y la adjudicataria tiene capacidad de presión porque la administración no quiere oír hablar de que la obra se pare, empiezan a aparecer los sobrecostes. Es legal, por el momento, aunque sea inmoral e ineficiente, siempre.

El salto cualitativo después de haber trascendido el informe de la OLAF para la dirección general de Política Regional de la Comisión Europea, es la indicación expresa de engaños en el pesado y valoración de los áridos usados, cosa relativamente sencilla de hacer, como bien saben -porque lo padecen- las empresas del sector. Aquí los interrogantes son muchos, algunos con implicaciones judiciales, quiero entender. ¿A instancias de quién se hizo? ¿En beneficio de quién? ¿Quiénes son responsables por acción y quiénes por omisión? En último término, ¿quién pagará la factura?

Al final, el puerto soñado por Jovellanos, el que hace ciudad, vertebra territorios, dinamiza la economía y trae riqueza, está a punto de entrar en el muestrario del pufo por euforia sin visión, además de uso y abuso de gran parte del catálogo de vicios nacionales. Es duro ir descreyendo día a día en cada uno de los referentes de nuestra realidad territorial. Será por eso que fingimos mirar para otra parte.