Un informe de Greenpeace sobre El Musel pone al descubierto los manejos de la empresa propietaria y gestora de la red de gas de España. Un juego en el que aunque caigan los ingresos, los accionistas ganan más a costa de los bolsillos de los contribuyentes. La ONG ambientalista en su informe sostiene que España tiene más gas del que necesita y los consumidores lo pagan al precio más alto de Europa.

Con la excusa de la crisis energética, se crearon una serie de medidas que han sido aprovechadas por Enagás para llenar las arcas de sus accionistas, que están dispersos en el mundo.  En el informe se denuncia que se está condenando al país a décadas de dependencia del combustible fósil, restando recursos para la transición a energías verdes más eficientes y alejando al país de las metas trazadas para cumplir con los Acuerdos de París.

Caen ingresos, suben ganancias

El informe se titula La siniestra historia de El Musel. O cómo la industria del gas fósil convirtió España en una adicta al gas. Greenpeace denuncia que en 2013 cuando a la empresa ingresaron 1.261 millones de euros se repartieron 302 millones de euros de dividendos (el 24% de los ingresos). Pero en 2022 la empresa registró una brutal caída de sus ingresos a 970,3 millones de euros (23,1% menos). Sin embargo, para sorpresa de todos Enagás repartió entre sus accionistas 450 millones de euros (un aumento del 93,53%). Representa el 46,38% de los ingresos totales de la empresa. Mientras que empresas similares como Fluxys repartió únicamente el 11,24% o SNAM. el 24,64%.

Esta mágica ganancia no salió de la nada. Greenpeace puntualiza que ese dinero, que procede del pueblo español, es pagado al Estado y acaba en los bolsillos de accionistas distribuidos por todo el mundo. De acuerdo a sus registros contables ha supuesto un total de 3.651 millones de euros en los últimos diez años.

El Musel

Greenpeace pone a la planta de regasificación de El Musel en Gijón, Asturias, como un ejemplo de cómo la “doctrina del shock” influyó en la política energética española. Doctrina, que se basa en el miedo a la amenaza de desabastecimiento de gas causada por la guerra. Para garantizar esta “seguridad energética”, se consideró necesario ampliar masivamente la infraestructura para recibir el gas que ofrecía Estados Unidos.

Enagás, propietaria y gestora de la red nacional de gas, y Endesa, una compañía multinacional de suministro de gas, vieron la oportunidad de expandir sus operaciones. En este contexto, Enagás reabrió la planta de regasificación de El Musel. Hasta entonces había estado paralizada. La planta está ubicada en una región afectada por el declive del sector industrial y el desempleo. Fue construida en 2012 pero no se utilizó hasta este año cuando comenzó a recibir cargamentos de gas estadounidense.

Una de las razones es que, en 2013, los tribunales declararon ilegal la instalación debido a una ley que prohíbe la construcción de industrias con potencial peligroso a menos de 2.000 metros de áreas habitadas. La planta está a solo 1.800 metros de un barrio de Gijón. El Musel es una de las siete plantas de regasificación que existen en España. De acuerdo con Greenpeace todas ellas infrautilizadas porque España tiene más gas del que necesita.

El negocio tras El Musel

La planta de regasificación de El Musel en Gijón, Asturias, gestionada por Enagás, fue contratata por Endesa para la capacidad adicional de almacenar gas que ofrece. Este acuerdo permite a Endesa utilizar la planta como punto de entrada para el gas licuado estadounidense en Europa. En 2014, Endesa ya había firmado dos contratos con la empresa estadounidense Cheniere Energy Inc para un total de 2,25 millones de toneladas (3,06 bcm) de gas licuado, aunque el suministro no comenzó hasta 2019.

Enagás tiene un gran interés en invertir en la apertura de El Musel y la construcción de infraestructuras, ya que la empresa no paga dichas inversiones. Los peajes y cuotas por usar el sistema (gasoductos, depósitos y plantas de regasificación) corresponden al “mercado regulado”. El dinero procede del Estado, es decir, de los consumidores españoles. En 2022, la empresa informó que sus “ingresos regulados” representaban el 99,3% de sus ingresos totales de 957 millones de euros.

En concreto, cuanto más construye Enagás, más ingresos recibe del Estado español. Incluso las infraestructuras no utilizadas son rentables. Negocio redondo. Según las estimaciones de Greenpeace, los 3.651 millones de euros entregados por Enagás a sus accionistas en la última década equivalen al costo nivelado de generar 117 TWh de energía eólica terrestre. Eso equivale a casi la mitad de la demanda eléctrica de toda España.

Injustificados

Las investigaciones de Greenpeace España cuestionan los argumentos que justifican  la apertura de El Musel. El informe indica que no es posible satisfacer “la futura demanda de gas de Europa” con las instalaciones actuales. Enagás, según Greenpeace España, está utilizando la “crisis energética” para añadir más infraestructuras a su cartera, aumentar sus beneficios y, por supuesto, el reparto de dividendos. Pero al mismo tiempo, está atando a España a décadas de dependencia del gas.

Argumentos refutados

• La seguridad energética no es una preocupación. Hay un exceso de capacidad de gas tanto en España como en toda Europa.
• La reducción de la dependencia de las importaciones de gas de Rusia es un argumento falso. España es actualmente el principal importador de gas licuado ruso de la UE.
• La idea de un renacimiento industrial en Asturias es falsa. Una transición justa hacia las energías renovables y la eficiencia energética generaría más empleo e impulsaría la economía.
• La construcción de infraestructuras para el hidrógeno solo tiene sentido si el hidrógeno se genera localmente a partir de energías renovables y se utiliza en sectores difíciles de descarbonizar.
• La posibilidad de que España se convierta en un proveedor destacado de gas para el resto de Europa es falsa.España solo tiene dos gasoductos de bajo caudal que conectan con Francia.

La realidad en cifras

España paga el gas más caro de Europa, después de Suiza. En 2023, el precio promedio del gas en Europa fue de 24,1 euros/MWh/año. El precio del gas en España varió a lo largo del año, con un precio promedio de 11,30 euros/mes en marzo. Aproximadamente el 38% del gas natural consumido en España se quema para producir electricidad en 67 centrales de ciclo combinado que operan en todo el país. Más del 14% del total del gas que se consume va al sector residencial, comercial y PYMES30, a través de una enorme red compuesta por cerca de ocho millones de conexiones. Mientras que casi el 45% del gas lo consume el sector industrial, que incluye unos 2000 grandes consumidores industriales.

El consumo de gas natural en España alcanzó los 33.1 millones de metros cúbicos en 2022, casi un 3,6% menos que el año anterior. Entre 2005 y 2022, las cifras experimentaron un descenso de unos 160 millones de metros cúbicos. El máximo de casi 41.2008 millones de metros cúbicos se alcanzó en 2014. Hay una capacidad de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) de 3.3 millones de metros cúbicos. España tiene la mayor capacidad de regasificación de Europa y la cuarta a nivel mundial. Seguida del Reino Unido, que representa el 22% de la capacidad de almacenamiento de GNL (2.09 millones). Junto con su diversificación de suministro y su extensa red de gas, garantiza el suministro en casi cualquier situación.

Lo que no se debe hacer

Greenpeace es tajante: El Musel es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Enagás está tomando medidas que está exacerbando la dependencia del país del gas. En lugar de avanzar hacia la eliminación del consumo de gas fósil para 203, un objetivo clave para Europa en su lucha contra el cambio climático. Además, el gas que se está utilizando proviene del fracking, un proceso que ha sido prohibido tanto en España como en la Unión Europea.

Enagás y otras empresas gasistas están intentando justificar la expansión de las infraestructuras de combustibles fósiles, sugiriendo que las infraestructuras de gas podrían utilizarse para transportar hidrógeno en el futuro. Sin embargo, la viabilidad técnica y económica de transportar hidrógeno a través de estos gasoductos es cuestionable. Además no hay planes concretos para producir las cantidades necesarias de hidrógeno “verde” a partir de fuentes renovables.

Para Greenpeace está claro que Enagás está utilizando la “crisis energética” para añadir más infraestructuras a su cartera, encadenando a España a décadas de dependencia del gas, para garantizar enormes beneficios y repartos de dividendos a sus accionistas. A cambio deja a la ciudadanía española pagando estas inversiones sin obtener ningún beneficio. Esta estrategia, que prioriza los beneficios de los accionistas sobre los perjuicios humanos, ambientales y económicos, es inaceptable.