La Fiscalía consideró «correcta» la ampliación del contrato de El Musel en 2010
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- Category: El Musel
- Published on Thursday, 13 November 2014 06:36
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El Comercio
Vista parcial de las obras de ampliación de El Musel desde la Campa Torres. Vista parcial de las obras de ampliación de El Musel desde la Campa Torres. / PURIFICACIÓN CITOULA
El candidato socialista a la Alcaldía se fundamenta en dicha resolución para prever que la nueva denuncia en el Juzgado será también archivada
I. VILLAR / N. PRIETO GIJÓN
11 noviembre 2014
El candidato a la Alcaldía por el PSOE en las próximas elecciones municipales, José María Pérez, auguró ayer que la demanda por presuntas irregularidades en la ampliación de El Musel, presentada la semana pasada en el Juzgado por Raimundo Abando como presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias, no prosperará, dada su similitud con la denuncia que en 2010 fue archivada por la Fiscalía de Área de Gijón.
El documento al que se refiere José María Pérez como precedente jurídico que no apreció delito en la actuación de los responsables de El Musel está fechado el 22 de marzo de 2010. La Fiscalía de Gijón intervino como consecuencia de una denuncia contra Fernando Menéndez Rexach, José Luis Díaz Rato «y todas aquellas personas distintas de las anteriores que pudieran resultar responsables», formulada en septiembre de 2009 por un ciudadano español residente en Luxemburgo.
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Ambas denuncias tienen la similitud de que se centran en que el modificado aprobado por la Autoridad Portuaria de Gijón el 18 de diciembre de 2007, por un importe próximo al 43% del precio inicial, no salió a convocatoria pública, así como en que el convenio tripartito firmado entre la UTE adjudicataria, HC Energía y la Autoridad Portuaria de Gijón, que elevó el precio de la piedra que se extrajera de la cantera de Aboño, pudo ser discriminatorio, dado que SATO, empresa copropietaria de la explotación, estaba integrada en la UTE.
En 2010, la Fiscalía de Gijón decretó «el archivo» de las actuaciones «por no haber fundamento para el ejercicio de acciones penales», tras exponer distintas consideraciones entre las que destaca que «formal y materialmente, la ampliación del contrato es correcta y acorde con la legislación aplicable, lo que excluye absolutamente la existencia del delito de prevaricación».
Entre sus argumentos, la Fiscalía plantea que «ni la aprobación del Proyecto, ni la adjudicación del Contrato básico, ni su posterior modificación han sido impugnados por licitador u otro interesado legitimado», así como que «la modificación del contrato de 18-12-07 se ha regido estrictamente por la normativa vigente en España (...) con el informe favorable de la Abogacía del Estado de 4-12-07 en el cual, tras un estudio pormenorizado, concluye 'que no se advierte causa alguna de disconformidad a Derecho en la actuación de la Autoridad Portuaria'».
La Fiscalía argumenta también que «si bien el contrato controvertido tuvo desde el primer momento un coste muy importante, el cual en base a la modificación verificada a los dos años de su firma se vio incrementado en un 43%, ello no supone que haya habido fraude a la Administración, entendida desde un sentido técnico-jurídico penal, como engaño para obtener un beneficio de tipo patrimonial, sin perjuicio de la innegable nefasta previsión de futuro demostrada por la autoridad contratante, de la cual, en su caso, debería responder en otro ámbito diferente del Tribunal Penal, al que nos circunscribimos».
A juicio de la Fiscalía, aunque la «DG de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea estima la modificación del contrato contraria a la legalidad» por dar lugar «a un trato discriminatorio y falto de transparencia, dado que la empresa SATO que forma parte de la adjudicataria UTE Dique Torres es también copropietaria de la Cantera de Aboño», enmarca el conflicto en «la posición disconforme de la Comisión UE respecto del texto de nuestra Ley 30/07 de Contratos del Sector Público, en lo relativo al régimen de modificación de los contratos públicos en periodo de ejecución, la cual entró en vigor en 2008, por lo que no ha sido de aplicación al Contrato de Ampliación».
Además, la Fiscalía, en línea con lo defendido ahora por la Autoridad Portuaria, desvincula a la Unión Europea del sobrecoste y dice que «para financiar la ejecución de dicha obra se contó en un principio con la ayuda de los fondos de la UE, si bien tras la modificación del contrato que dio lugar al sobrecoste, la Comisión UE adoptó una postura contraria a aquella y reacia a su cofinanciación, por lo que para evitar la paralización y retraso de una obra de tal envergadura, con el consiguiente perjuicio para el interés público, la Autoridad Española decidió financiar íntegramente tal modificación».