El juez que instruye la causa contra la presunta trama de narcotráfico a gran escala en el Puerto de València insiste en que hubo “corrupción” en el acceso al empleo de la estiba. El instructor, en un auto del pasado 17 de abril al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que en las comunicaciones interceptadas a la presunta red “se observa como los investigados, por formar parte del sindicato mayoritario del puerto y utilizar ese cargo para introducir en la estiba previo pago a miembros de la organización, se jactan de utilizar esas ganancias para comprar ropa de marcas caras e incluso la adquisición de vehículos”.

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En una de las escuchas policiales, los investigados, después de intentar que accediera a uno de los codiciados empleos el sobrino del presunto narco Onofre G. R., “buscan obtener beneficios que permitan la adquisición de un vehículo marca Lamborghini”, recuerda el magistrado. Además, la resolución indica que continúan las pesquisas “referentes a los delitos detectados en relación con la corrupción en el seno del Puerto de Valencia”.

El auto alude a la supuesta “implicación” de Óscar M., expresidente del Comité de Empresa de la estiba, en varios presuntos delitos en el ámbito del Puerto de València, “al ser pieza imprescindible para facilitar el acceso al empleo portuario a diferentes individuos de interés” para Iván T. R. (uno de los principales investigados en el procedimiento), “a través de su posición privilegiada como miembro del sindicato Coordinadora”.

La defensa de Óscar M. recurrió el auto que acordó, provisionalmente, el uso policial de dos vehículos de su propiedad intervenidos en el marco de la 'operación Spider', un Range Rover y una motocicleta BMW. El exlíder del sindicato Coordinadora, afirma el juez, “adquiere, transforma y utiliza” las ganancias “obtenidas por los delitos investigados”.

El instructor, que ha desestimado el recurso en sintonía con la postura del fiscal antidroga, arguye los “numerosos indicios” de la participación de Óscar M. en la presunta corrupción portuaria, “beneficiándose y aumentando su patrimonio con compras de bienes que en todo o en parte provienen de la obtención de pagos por facilitar el acceso a la estiba de miembros de la organización criminal”, indica el auto.

Por otro lado, la pareja de otro de los supuestos capos, Ramón B. P., también recurrió la decisión de otorgar el uso policial a dos vehículos marca Audi a su nombre. El auto recuerda a la mujer, que figura como investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales, que las vigilancias policiales detectaron que Ramón B. P. conducía uno de los dos Audi.

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El otro vehículo estaba asegurado a nombre del mismo investigado (que figuraba como “conductor habitual”). La póliza se pagaba desde una cuenta a su nombre. “Es por lo que su posesión y uso ha sido acreditado a la persona de” Ramón B. P.