José Luis Miró - 03-02-2015

Gaceta Náutica 03.02.2015

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger Cifre, ha retomado la instrucción del caso de corrupción portuaria Mar Blau, confirmando en un auto firmado el pasado 14 de enero la imputación del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares Francesc Triay por los presuntos delitos de alteración de precios en concursos y subastas públicas, prevaricación, revelación de secretos y tráfico de influencias.

El juez sostiene que de las diligencias realizadas hasta la fecha a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en las que también aparecen como encausados el ex director de la APB Angel Matías y el funcionario jubilado Justo Aguado, se deduce que la antigua cúpula de los puertos de interés general de Baleares mantuvo negociaciones secretas para que la empresa Trapsa Yates, de la que eran dueños los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, renunciara a la concesión de los amarres del Marítimo de Mahón a cambio de ser adjudicataria de la marina Ibiza Nueva.

El auto judicial apunta que «la instrucción de la causa aún no puede darse por concluida», ya que restan pendientes «la práctica de algunas diligencias», pero señala que ya está «indiciariamente acreditado» que Juan Verger Pocoví (fallecido el 2 de mayo de 2013), presidente de la APB de 2003 a 2007, «ofreció en secreto a los responsables del Marítimo de Mahón alterar a su favor el concurso público por el que se dirimía la adjudicación de los amarres del Muelle de Levante».

«Verger ­–afirma el juez Rotger– propuso al presidente del Marítimo de Mahón, Luis Barca, una solución al margen del procedimiento administrativo legal y de los restantes licitadores». Dicha ‘solución' consistía en llegar a un acuerdo con la empresa «presuntamente ganadora (Trapsa Yates), que recibiría del Club Marítimo una contrapartida en forma de dinero y amarres (…), debiéndose además ‘devolver el favor' por parte de la Autoridad Portuaria».

El juez considera que la compensación de puertos consistió en la adjudicación irregular de la marina Ibiza Nueva a Trapsa Yates, operación en la que habría participado supuestamente, siempre según el auto judicial, el histórico dirigente socialista Francesc Triay, sustituto de Verger al frente de la APB.

A juicio del magistrado Rotger, está demostrado que Trapsa y el Marítimo de Mahón llegaron a formalizar un acuerdo a través de un contrato pantalla con una sociedad vinculada a Díaz Ferrán llamada Teinver. En este documento, que fue aportado a la investigación por Luis Barca, la entidad náutica menorquina se comprometía a pagar 13.523 euros a Teinver y a cederle tres amarres de 27 metros valorados en 4,5 millones de euros durante los 15 años de concesión, a cambio de unos informes ficticios. La investigación judicial apunta que el citado amaño se realizó a instancias de Verger y Angel Matías.

La supuesta intervención de Francesc Triay en la trama se produjo cuando en 2007, al perder el PP las elecciones y formarse el segundo gobierno del Pacte de Progrés, el nuevo presidente del organismo portuario tuvo conocimiento de la existencia del contrato pantalla y de la pretensión de Trapsa Yates de adjudicarse Ibiza Nueva si renunciaba al Marítimo de Mahón.

«Pese a la evidencia de las graves irregularidades», indica el juez, «Triay no sólo no las subsanó, sino que participó activamente en diversas reuniones relativas al ‘arreglo' ilegal», si bien la línea de atraque de Mahón fue finalmente adjudicada bajo su mandato a Trapsa Yates, una vez el escándalo ya había estallado en los medios y se hacía imposible consumar la renuncia.

La tesis del juez instructor es contundente sobre el concurso de Triay en la adjudicación del puerto de Ibiza Nueva a la sociedad Semar, participada entonces, entre otras empresas, por Trapsa Yates. El auto le atribuye el haber impuesto su criterio «de manera ilegal» a la Comisión Técnica del concurso de la instalación pitiusa «con el asesoramiento y ayuda de Angel Matías Mateos, a la sazón director de la Autoridad Portuaria, y Amado Justo Aguado, hombre de confianza de éste».

La instrucción del caso Mar Blau, del que en su día se dedujo una pieza denominada Poseidón, en la que vuelven a aparecer imputados Angel Matías y Justo Aguado, ha estado parada durante años. Así lo admite el juez Rotger cuando se refiere al «tiempo transcurrido» sin que la investigación se haya dado por concluida.

Este parón provocó que Francesc Triay, quien fuera cabeza de lista de los socialistas en la década de los 90 y eterno perdedor frente a Gabriel Cañellas en las sucesivas convocatorias autonómicas de aquellos años, solicitara al juzgado el sobreseimiento de la causa contra él. El juez de instrucción lo rechazó en primera instancia, por lo que el ex presidente de la APB apeló a la Audiencia Provincial. Dicho tribunal ordenó en su resolución del recurso que el Juzgado de Instrucción número 8 expusiera en un auto la desestimación del archivo del sumario, es decir, que revelara los indicios contra Triay para mantener su imputación.

El magistrado Rotger, ausente de su plaza durante una temporada –sin que su sustituto realizara diligencias en el caso Mar Blau–, desgrana en el punto tercero del auto los indicios en los que se sustenta la causa contra Triay: documentos, declaraciones de testigos y la comparecencia del propio imputado ante la Policía Judicial, donde, al parecer, siempre según el auto, habría admitido «el conocimiento del entramado, en especial la necesidad de adjudicar Ibiza Nueva a las sociedades relacionadas con Trapsa» como contraprestación de la renuncia de ésta a Mahón.

MATÍAS Y AGUADO, OTRA VEZ ANTE EL JUEZ.

Había transcurrido apenas una semana desde la negativa a archivar la causa contra Francesc Triay, alejado de la política y de la gestión portuaria desde el final de la pasada legislatura, cuando el juez Rotger citó a declarar a los imputados Angel Matías Mateos, ex director de la Autoridad Portuaria, y a su «hombre de confianza», Amado Justo Aguado. Ambos deberán comparecer en el juzgado el próximo 17 de febrero para ser interrogados en relación al presunto amaño del concurso de Ibiza Nueva.

En el auto de desestimación de la imputación de Triay, el juez instructor da algunas pistas de los inidicios que en su opinión existen contra Matías y Aguado, ingenieros de caminos que, según fuentes oficiosas de la APB, «controlaron la casa (es decir, el organismo portuario)» desde mediados de los 90 hasta la llegada a la presidencia de Alberto Pons. Matías y Aguado habrían asesorado a Triay para que torciera el concurso del puerto pitiuso en favor de una empresa vinculada entonces a Trapsa.

Cabe recordar que tanto Matías como Aguado también están imputados en el llamado caso Poseidón, una pieza separada de Mar Blau en la que se les acusa de haber amañado la adjudicación de la redacción del plan director del puerto de Mahón en favor de una empresa a la que se sugirió que inflara el precio de su propuesta. Matías, además, declarará por otra presunta prevaricación en la tramitación de un concurso ante un juzgado de Ibiza el 24 de marzo.

José Luis Miró - 03-02-2015