Los denunciantes de El Musel piden que Díaz Rato y Rexach declaren como imputados

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Category: Puertos
Published on Thursday, 12 February 2015 14:58
Written by Administrator2
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El juez Javier Gómez Bermúdez aceptó casi todas las propuestas de Ocan, grupo afin a Podemos, pero solo pidió identificar a los cargos portuarios

La denuncia presentada en la Audiencia Nacional por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (Ocan), grupo afín a Podemos, con base en el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude sobre las obras de ampliación de El Musel, incluye una petición explícita de que declaren como imputados, «para garantizar su defensa», el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach; el exdirector José Luis Díaz Rato, y los «representantes legales de la UTE Dique Torres», a los que no pone nombre.

En su auto del pasado 8 de enero, el juez Javier Gómez Bermúdez cita explícitamente la denuncia de Ocan entre los hechos que propician las diligencias previas abiertas y acepta la mayoría de las propuestas contenidas en la misma, pero, en lo referido a personas, se limita a pedir la identificación de quienes ostentaban cargos de responsabilidad, tanto en la Autoridad Portuaria de Gijón como en el Organismo Público Puertos del Estado.

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En la denuncia de Ocan, los afines a Podemos, entre los que figura el candidato a presidir la citada organización a escala regional, Daniel Ripa, propugnan como diligencias tendentes a comprobar los hechos, además de las declaraciones de las personas citadas, «los datos y registro contables y fiscales de las empresas a la UTE Dique Torres», así como «justificaciones contables y documentales de las subvenciones percibidas de los Fondos de Cohesión Europeos», y «registros contables de la empresa cantera 'Tudela Veguín' respecto a los materiales suministrados y su precio al beneficiario (Autoridad Portuaria de Gijón) así como a la empresa propietaria de la cantera de Aboño (Hidrocantábrico SA) respecto a los materiales extraídos». Por último, la misma denuncia requiere «que por la Autoridad Portuaria se certifique qué medidas de control y pesaje, así como de control de los vehículos de transporte de áridos entre los años 2005-2010» hubo en El Musel.

En respuesta a esa denuncia y a la presentada por la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, en la que no ha trascendido que se cite nombre alguno, el juez Gómez Bermúdez ha pedido a la Autoridad Portuaria de Gijón «la remisión del expediente administrativo de contratación», «los documentos de las relaciones mantenidas con Hidrocantábrico, S. A. y con Tudela Veguín, S. A.».

A la UTE Dique Torres, el juez le pide «que aporte los registros contables y la documentación referente al contrato de Ampliación del Puerto de Gijón» y «los documentos justificativos de las relaciones mantenidas con Hidrocantábrico, S. A. respecto de la cantera de Aboño y los documentos justificativos de las relaciones mantenidas con Tudela Veguín, S. A. respecto de las canteras Peña María y La Hoya-Perecil».

Consiguientemente, la mayoría de los datos económicos o documentales propuestos por Ocan han sido efectivamente reclamados por el juez en la fase de diligencias previas, pero en lo referido no ya a imputación sino a declaraciones de personas, el mencionado auto solicita a la Autoridad Portuaria de Gijón que «certifique quiénes eran los miembros de la Autoridad Portuaria y del Consejo de Administración, así como del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos y cuáles eran los cargos que ostentaban».

Abogacía del Estado

El mismo auto judicial hace ofrecimiento explícito de acciones a la Abogacía del Estado «para que pueda reclamar lo que corresponda a sus intereses» y, efectivamente, se ha personado, para conocer de primera mano lo que va sucediendo sobre este caso, según dijo el pasado lunes la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Rosa Aza explicó que la Abogacía del Estado no ha cambiado ninguno de sus informes sobre la ejecución de la obra e hizo hincapié en que el informe solicitado por Puertos del Estado «condiciona» la apreciación de que se produjeron delitos a la hipótesis de que sean ciertas las acusaciones de la OLAF, pero la presidenta de El Musel entiende que ya han sido suficientemente rebatidas.

En ese sentido, este periódico pudo saber que el abogado del Estado José María Alcoba, actual consejero de El Musel, y que ya lo era durante las obras, fue preguntado en la última reunión del citado órgano rector sobre si la Abogacía defiende actualmente con el mismo énfasis que hasta ahora y ratificó el contenido de todos los informes favorables que el organismo al que representa ha presentado en cada momento.

En cualquier caso, si el informe entregado a Puertos del Estado condicionaba la intervención de la Abogacía a la veracidad del informe de la OLAF, la respuesta de Hacienda a la CE sólo la supedita a que lo hiciera la Fiscalía, como así fue.