Madrid-27/07/2025 20:30-Actualizado a28/07/2025 08:00
Los escasos cuatro folios que recogen la denuncia de una bióloga marina por una presunta agresión sexual por sumisión química, presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs (Castellón), el pasado 11 de junio, plasman uno de los mayores dramas a los que se ven todavía abocadas las mujeres en el ejercicio de ciertas profesiones. El acoso y la violencia sexuales a los que se enfrenta el colectivo de observadoras científicas marinas y de pesca en España tiene un nuevo exponente en esta denuncia, a la que ha podido acceder Público.
La mujer, contratada por la consultora Sinerxia para que embarcara como observadora pesquera en el barco Juárez Hermanos, en la campaña del atún rojo, el pasado mes de mayo, denunció a un miembro de la tripulación como presunto autor de una agresión sexual mediante el uso de alguna droga que la dejó sin conciencia y a merced del violador, la noche del 3 de junio, cuando el barco atracó en el Puerto de Palma de Mallorca.
Según relata la denuncia, la mujer y unos cuantos de los tripulantes visitaron tres pubs. Uno de los hombres empezó a ponerse "baboso", a manosearla e intentó besarla, poniéndose agresivo con el resto de los compañeros porque quería quedarse a solas con ella.
Regresaron al barco de madrugada y ella presentaba un fuerte 'atontamiento', según se desprende de la denuncia, pero sí recuerda en un momento dado al presunto agresor encima de ella y se recuerda gritando y pidiendo ayuda. Pero después debió caer en un profundo sueño y solo recuerda que al despertar en su camareta tenía moratones en los muslos, brazos y muñecas, y una sensación de haber estado llorando y pidiendo auxilio. Cuando ese mismo día se encontró con el presunto agresor le espetó: "¿Qué me hiciste ayer?". Y él respondió: "Nos cogimos una buena borrachera". Sin embargo, ella asegura que no bebió más de tres cervezas, algo que en su caso "nunca la podría dejar en ese estado de inconsciencia", dice.
Soledad y desamparo
No fue hasta el 11 de junio, es decir, siete días después, cuando el barco llegó a tierra, a Vinaròs, y la mujer desembarcó y fue directamente a poner la denuncia. Ella cuenta a este diario que fue sola tanto al cuartel como al juzgado y al hospital, donde le hicieron una exploración forense; nadie de la empresa armadora (la propietaria del barco) la acompañó ni la empresa que la contrató envió a alguien para acompañarla. El presunto agresor fue detenido y puesto en libertad horas después.
La causa sigue abierta en un juzgado de la localidad castellonense. Según ha podido saber este diario, los tres testigos que pudieron haber presenciado los hechos han declarado a favor del presunto agresor. Desde Sinerxia han declinado responder a las preguntas enviadas por este diario y que versan sobre su protocolo para casos de agresión sexual. No han querido responder sobre las medidas que implementaron para amparar a su trabajadora. Ella afirma que no recibió ninguna ayuda de la empresa, es más, dice que el viaje de regreso a su ciudad de residencia, que organizó y sufragó la empresa, la obligó a tomar tres trenes, un total de "13 horas de viaje" después de haber sido atendida en el hospital por una crisis de ansiedad tras poner la denuncia.
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Tampoco la empresa armadora del Juárez Hermanos ha respondido a las preguntas de este diario sobre si ha tomado alguna medida cautelar respecto al miembro de la tripulación denunciado por presunta agresión sexual.
Un manto de impunidad
No es la primera agresión sexual denunciada por una observadora marina. La investigación de Público sobre las denuncias de acoso sexual de trabajadoras vinculadas al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desveló todo un manto de impunidad propiciado por protocolos inoperantes desde las administraciones públicas, hasta el punto de que la investigación de este medio contribuyó a un cambio del protocolo del CSIC, al que se había comprometió la ministra de Ciencia, Diana Morant, en el Congreso, tras la publicación de varias informaciones en Público.
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El colectivo de observadoras marinas sufre las consecuencias del sistema patriarcal que rige aún en los barcos, con tripulaciones absolutamente masculinizadas. Un sistema que aprovecha la subcontratación de empresas y de organismos para fomentar la impunidad, con falta de interés por parte de las administraciones públicas para exigir y depurar responsabilidades a las contratas. Así opinan las expertas consultadas por Público.
El caso de Mari Carmen
"Si no se cuantifica el problema, no existe el problema", dice Isabel Loureiro, delegada de CCOO en la Administración General del Estado (AGE)-Cantabria, conocedora de casos de acoso sexual y por razón de género a bordo de buques comerciales y oceanográficos. Esta técnica superior en Promoción de Igualdad de Género recuerda el caso de Mari Carmen Fernández Vázquez, desaparecida en alta mar cuando estaba a bordo del García del Cid, buque del CSIC, tras coincidir con su presunto agresor sexual. Mari Carmen, camarera en el barco, había denunciado una agresión sexual por parte de un compañero de trabajo y años después coincidió con él en el buque, aunque finalmente el hombre no llegó a embarcar.
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El CSIC recibió 12 denuncias internas por acoso sexual y por razón de género entre 2019 y 2024 a mujeres trabajadoras que se saldaron con dos sanciones leves. Esta estadística no era pública ni transparente hasta que este medio logró hacerse con ella.
"Una cuestión que se repite es la frialdad, la indiferencia con la que las empresas y las instituciones responden ante estos casos. ¡Normal que casi ninguna trabajadora quiera denunciar acosos sexuales, acosos por razón de género o violaciones a bordo!", clama Isabel Loureiro.
Para la jurista feminista Altamira Gonzalo, el ambiente laboral en los barcos es "silente, muy desconocido aún, masculinizado y jerarquizado, muy propicio para la impunidad, y con las mujeres en clarísima minoría".
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Mujeres que se han formado durante años en la universidad, como biólogas o en grados de Ciencias del Mar o Ciencias Ambientales, y que pretenden desarrollar su profesión sin enfrentarse al riesgo de sufrir violencia sexual a bordo de los barcos, su espacio de trabajo. "Los pocos casos que salen a la luz ya deberían obligar a las administraciones públicas, como la Secretaría General de Pesca o el propio ministerio del ramo, a exigir a las contratas no solo protocolos eficientes de prevención, sino también medidas reactivas para mitigar el daño causado a la mujer trabajadora", sostiene la jurista María Naredo, especializada en derechos humanos y género.
Recuerda Naredo que la vigente ley de consentimiento sexual, la famosa ley del sí es sí, determina que se les pueda pedir responsabilidades penales a las empresas superpuestas en los casos de delitos de acoso sexual a las trabajadoras. "La Administración Pública debería recordar este artículo, el 31 bis del Código Penal, reformado por la ley del sí es sí; es muy importante", indica la jurista.
Una mayoría de mujeres
La Asociación de Profesionales de la Observación Científica Marina (APOCM), que agrupa a más de 210 observadores marinos en España, destaca que la mayoría de estos profesionales son mujeres, un 58%, mientras que los hombres representan el 42%.
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Desde APOCM se describe al observador u observadora de control de pesca —las funciones que desempeña la bióloga presuntamente agredida— como "la persona independiente e imparcial que realiza labores de observación a bordo de buques comerciales pesqueros para controlar, registrar y enviar información relativa a las actividades pesqueras del buque en lo referente a las capturas, procesado, situación, datos científicos y artes de pesca utilizados. También documenta e informa sobre presuntas infracciones cometidas por estos buques durante su actividad correspondientes a las artes de pesca, medidas de control y conservación de la fauna que se ve afectada por la actividad pesquera".
La asociación recuerda que la presencia de estas profesionales es obligatoria, según el artículo 73 del Reglamento 1224/2009 y el Reglamento de Ejecución 404/2011 (Anexo XXV), entre otras normas nacionales y comunitarias. Los datos recopilados por los observadores de pesca son enviados diariamente al Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) perteneciente a la Subdirección General de Vigilancia Pesquera y Lucha contra la Pesca Ilegal de la Secretaría General de Pesca, "por lo que su presencia es fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad en la actividad pesquera", dicen desde la asociación.
Arma de acoso laboral
"Las personas que trabajan como observadoras a bordo de embarcaciones están expuestas a un enorme aislamiento. Algunos tripulantes las acosan de diversas maneras", explican desde APOCM. Esta entidad entiende que "a menudo se trata de un acoso de carácter laboral por desacuerdos con la legislación pesquera vigente que deben cumplir. Este tipo de acoso se da tanto en hombres como en mujeres, pero en el colectivo femenino se da un hecho todavía más agravante: la utilización del sexo como arma en el acoso laboral". Por ello, reclama mecanismos de protección efectivos para las observadoras.
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La abogada Francisca Mas Busquets, radicada en Balears, conoce el mundo de las trabajadoras de los barcos y asegura que "la inseguridad en los barcos es tan evidente que incluso existen unas directrices de la Federación Internacional de trabajadores del Transporte para erradicar el acoso y la intimidación en los buques".
Cubrir el expediente
Isabel Loureiro considera que no basta con disponer de protocolos frente al acoso laboral o sexual y por razón de sexo: "La interpretación que se hace de ellos habitualmente es que deben servir para cubrir el expediente, pero no para convertirse en herramientas útiles que envíen un aviso de que ante estos hechos se actúa y tiene consecuencias para quien acosa o agrede. Una observadora se lo resumía a otra en pocas palabras hace unos meses: No es inteligente denunciar. Si queremos seguir trabajando, debemos callar. El desamparo es absoluto", dice esta experta.
Coincide con ella Francisca Mas Busquets: "La idea que prevalece es que los protocolos, en muchos casos, se elaboran, además de por una obligación, para mejorar la imagen y teóricamente decir que se actúa. Pero después en el supuesto práctico existe desconocimiento de su existencia, falta de sensibilidad y lentitud. Siempre se tendría que actuar rápido para que, de forma inmediata, se pudiera apartar a la víctima del riesgo, atenderla y sancionar adecuadamente al agresor si se demuestra su conducta, o adoptar medidas cautelares".
La abogada Altamira Gonzalo apostilla que la formación dentro de las empresas de cara a los protocolos debe impartirse desde el feminismo. "Es la única manera de articular buenos protocolos y formar tanto a mujeres como a hombres, porque la realidad es que seguimos en el escenario de hacer sentir culpables a las mujeres acosadas y agredidas".