Boluda, Lobeto y el gobierno de Felipe González, en la década de los 90
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- Category: Marina Mercante
- Published on Tuesday, 06 October 2026 05:24
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Datos obtenidos con IA (AEMC)
Escándalo en la Marina Mercante: El lucrativo triángulo de Rafael Lobeto, COSMAR y el remolcador "Hispania"
BILBAO — El modelo de gestión de los servicios públicos de rescate marítimo implementado en los años 90 se convirtió en uno de los episodios más fiscalizados de la administración socialista. Bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado, la judicatura y las centrales sindicales navieras, los contratos adjudicados de manera directa a la firma COSMAR y el fletamento millonario del buque BS "Hispania" destaparon un entramado de presuntas irregularidades, tratos de favor y desvíos presupuestarios que forzaron un giro radical en la cúpula de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). [ 1 , 2 ]
El nacimiento de la "empresa instrumental"
La génesis del conflicto se remonta a la gestión de Rafael Lobeto Lobo , director general de la Marina Mercante entre 1989 y 1995. Bajo su mandato, el grupo naviero valenciano Boluda adquirió en la Isla de Man el potente remolcador de altura Nobleman (rebautizado como "Hispania" ). [ 1 , 2 ]
Para integrarlo en la flota de rescate de la Administración sin levantar alarmas competitivas, Lobeto propuso la utilización de la Compañía de Salvamento y Rescate Aeromarítimos, SA ( COSMAR ), una entidad definida posteriormente por los inspectores como una "empresa instrumental" . COSMAR operaba mediante una estructura mixta: estaba participada al 50% por la empresa estatal de remolcadores Remasa y al 50% por la privada Boluda Off Shore . [ 1 , 2 ]
Facturaciones millonarias sin concurso público
A principios de la década de los 90, la flota privada amparada por COSMAR comenzó a recibir fletamentos directos bajo justificaciones de "emergencia o seguridad nacional", eludiendo de forma sistemática los concursos públicos transparentes. Las cifras de gasto público desembolsadas por el Estado a través de la recién creada Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) evidenciaron la magnitud del negocio: [ 1 , 2 , 3 ]
- Cosmar: Facturó de forma directa algo más de 1.500 millones de pesetas .
- Grupo Boluda: Recibió de manera directa algo más de 1.000 millones de pesetas por la aportación de sus medios marítimos y aéreos.
- Remasa (estatal): Registró facturaciones superiores a los 1.800 millones de pesetas. [ 1 ]
Este esquema provocó que comités de empresa de firmas competidoras e inspectores náuticos interpusieran querellas criminales en los juzgados de Bilbao por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, denunciando que el remolcador "Hispania" disfrutaba de un monopolio artificial financiado con fondos de los contribuyentes.
1995–1996: El Ministerio de Obras Públicas exige responsabilidades
La presión política y judicial se volvió insostenible. En 1995, Rafael Lobeto fue relevado de su cargo en la DGMM. De manera sorpresiva, tras cesar como director general, Lobeto pasó a ocupar la presidencia de la misma empresa pública implicada, Remasa, manteniendo el control de los hilos de COSMAR. [1]
El nuevo titular de la Marina Mercante, Pedro Anatael Meneses, asumió el cargo con la consigna explícita de "limpiar el departamento" y aportar total transparencia. En una de sus primeras decisiones de calado, Meneses inició conversaciones con el Grupo Boluda con un objetivo claro: romper definitivamente los vínculos del grupo privado con la Administración marítima y forzar su salida de COSMAR para convertir la sociedad en una entidad 100% pública. [1]
La crisis política alcanzó su punto álgido a finales de abril de 1996. El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), capitaneado en su segunda línea por el secretario general Manuel Panadero (número dos del ministro José Borrell), remitió formalmente a la Fiscalía General del Estado una caja de gran tamaño repleta de documentación e informes de auditoría. El ministerio ordenó a los nuevos gestores de Sasemar interponer demandas judiciales directas contra sus predecesores, el propio Rafael Lobeto y el exdirector general José Álvarez. [1, 2]
La reclamación de los 500 millones
Además de la vía penal abierta en la fiscalía, la Dirección General de la Marina Mercante activó un procedimiento administrativo para exigir a COSMAR la devolución de 500 millones de pesetas por servicios y liquidaciones consideradas irregulares o infladas durante el periodo en que operó como adjudicataria preferente. [1]
Tras el escándalo y la ejecución de la "contratación universal" obligatoria impuesta por Meneses —que obligaba a que cualquier fletamento de helicópteros o remolcadores de salvamento saliera a concurso público a nivel europeo—, el Grupo Boluda replegó sus posiciones de la empresa instrumental. El removedor "Hispania" fue retirado de las costas españolas tras la rescisión de sus contratos de ventajosos y acabó reubicado en los mercados del Mar del Norte. [ 1 ]