Reflexiones sobre la sentencia del caso Prestige y las posibles actuaciones futuras

Entre el desconocimiento de los ciudadanos, la torpeza de algunos medios de comunicación y la falta de interés de nuestra autoridades por explicar las cosas, vivimos en una permanente confusión que impide que estemos debidamente informados. El desconcierto ya forma parte de nuestra propia existencia, y de ahí a la ignorancia absoluta existe un paso, que pronto se andará a medida que se desarrolle un ya inevitable sistema educativo ineficaz, desigual y elitista.

El fallo de la sentencia del Prestige puede resultar injusto para muchos, pero era el esperado, teniendo en cuenta que la investigación había resultado muy deficiente, la instrucción judicial no podía ser la adecuada por falta de medios y de especialización de los sucesivos jueces que pasaron por el Juzgado de Corcubión, y no hubo valentía por parte del fiscal para exigir responsabilidades penales  en altas instancias. Por ello la absolución en vía penal resulta lógica si sentamos en el banquillo de los acusados a un político de tercer nivel, como es un director general, y al capitán del buque, un mandado más de la empresa que lo contrató; y nos olvidamos de los Ministros que engañaron o se fueron de caza, y de los máximos responsables de la empresa armadora. Y así, ¿qué podíamos esperar?, ¿que se hiciese justicia?.

Pero todo esto es la consecuencia lógica de una nefasta gestión por parte del gobierno de la época, y una falta de medios de nuestra administración de justicia, consecuencia de la intencionalidad política de que no los tengan. Porque nuestros políticos pueden ser corruptos, incompetentes o mentirosos, pero algo de inteligencia aún les queda, y se ocupan muy bien de que quien puede exigirles responsabilidades, carezca de recursos para hacerlo. Nuestro sistema judicial está montado para que sea eficaz contra el ciudadano de a pie, y deje impunes a los importantes y a los intocables, que son al fin y al cabo quienes mueven los hilos de su funcionamiento.

La Audiencia Provincial de la Coruña, con mayor o menor acierto, no ha hecho más que su trabajo, entre el que no se incluía la exigencia de responsabilidades políticas, que en este país ya sabemos nunca se asumen. Por eso resulta patético escuchar ahora al principal responsable político por entonces, el Ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos,  afirmar para exculparse que en EEUU no sería imaginable que se exigiesen responsabilidades al jefe de bomberos por  apagar un fuego; olvidándose de que si en vez de hacerlo hubiese tomado la decisión de ir  de caza, no habría durado en su cargo más de 24 horas.

La tragedia del Prestige  ya tenía desde un principio un escaso recorrido en vía penal, por lo que hemos perdido once años para exigir de verdad las responsabilidades civiles a los culpables directos  del desastre, que no son otros que los armadores que consintieron que un barco pudiese navegar en unas condiciones deplorables, creando un riesgo que se convirtió en tragedia. Y si, al margen de la exigencia de responsabilidades políticas, hubiésemos empezado por ahí, ahora ya tendríamos mucho camino andado, y con resultado muy distinto. El problema es que nuestro ordenamiento  jurídico impide que pueda acudirse a la vía civil, si existen unas actuaciones penales en trámite, y hasta tanto no finalicen por su archivo o por sentencia absolutoria.

 En la vía criminal se juzga a las personas que, como autores, cómplices o encubridores, han podido cometer algún delito. Y solamente si existe condena penal puede haber un pronunciamiento indemnizatorio contra los declarados culpables  y los posibles responsables civiles, en este caso el Estado en caso de condena penal del Director General de la Marina Mercantil, y la empresa armadora, y por ende la compañía aseguradora, en caso de condena penal del capitán del buque.

 Por ello no es cierto, como explican los medios de comunicación y no aclara el gobierno, que ya esté todo juzgado. Tan pronto sea firme la sentencia, y lo será cuando transcurra el plazo para recurrir, o cuando de formularse apelación, ésta sea resuelta por el Tribunal Supremo, cabe que los perjudicados puedan exigir ante la jurisdicción civil, o administrativa según el caso, la fijación de las indemnizaciones pertinentes frente el Estado y/o frente a la armadora, Mare Shipping, y su compañía de seguros. Será un proceso largo, costoso y con muchas dificultades, pero siempre posible. Eso sí, quienes así lo decidan, deberán abonar las elevadas tasas que ha impuesto el Ministro Gallardón. 

Una última  aclaración importante: el contenido y los  hechos probados de la sentencia ahora dictada, no vinculan a los jueces que deban encargarse de la exigencia de responsabilidades económicas, y es más que posible que muchas de las pruebas deban  de practicarse de nuevo para que tengan suficiente validez ante la jurisdicción civil, por lo que es posible que se pueda llegar a conclusiones bien distintas. El camino judicial para que los perjudicados puedan resarcirse de los daños y perjuicios sufridos, está servido; pero solo será posible emprenderlo con tiempo, paciencia y mucho dinero. ¿Esto es justicia? Pues es la que tenemos, y no hay otra.

Escrito por el abogado Fernando Silva

Publicado en el Plural 15 de Noviembre 2013