"Villa de Pitanxo". Responsabilidad gubernamental y Justicia con mayúscula.
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- Published on Friday, 05 September 2025 08:09
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El juez Ismael Moreno magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha decretado una nueva prórroga en el caso del naufragio del buque "Villa de Pitanxo" en aguas de Terranova en el que murieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo. Con este sería ya el sexto aplazamiento ya desde que se abrieron diligencias en 2022.
El proceso judicial tiene como principal investigado al patrón del "Villa de Pitanxo", Juan Padín, al que se le atribuyen 21 delitos de homicidio imprudente. La decisión del juez responde a la falta de uno de los documentos clave: el informe técnico de la Comisión Permanente de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible competente para analizar los siniestros marítimos de buques españoles, pero no con fines inculpatorios.
COMENTARIOS DE AEMC
AEMC no comparte ni la actuación de la CIAIM, cuyo desprestigio es notable, ni que por obvias razones, se vincule supuestamente la instrucción del caso a las actuaciones de la CIAIM.
Deplorable a todas luces la actuación irresponsable del gobierno y su tolerancia con la CIAIM.
Si los peritos y los investigadores no gozan de la titulación académica y la experiencia profesional necesaria para emitir un informe técnico completo y riguroso, hay razones para discrepar de la investigación.
Los ingenieros navales no son capitanes de la Marina Mercante (Civil)
La obligación de la CIAIM es investigar todas las causas que han influido en el accidente del "Villa de Pitanxo", desde la memoria técnica, grandes reformas, pruebas de estabilidad, dotación, actuaciones de la naviera, revisión de balsas, equipamientos personales, titulaciones, enrolamientos, despachos, conducta empresarial en materia de seguridad, comunicaciones escritas al patrón, limitaciones para pescar en determinadas zonas de formación de hielos, inspecciones técnicas y expedición de certificados, actuaciones puntuales dela Capitanía de Vigo y el distrito de Marín, salida a la mar con enfermos de COVID, comunicaciones, actuaciones del servicio canadiense de Salvamento, prestación de auxilio por parte de las plataformas de petróleo próximas, tratamiento y preservación de las pruebas tras el siniestro, exceso de aparejos y distribución de pesos a bordo, fatiga de navegación, actuaciones ante el abandono del buque, llamadas de socorro, maniobras con los aparejos, las pruebas obtenidas por los robots que descendieron al pecio, etc.
Es de suponer que el patrón, con todas las responsabilidades que deba de asumir, no ha sido el único protagonista del desastre. Naviera y funcionarios públicos, en sus distintas escalas de responsabilidad y relación con este asunto, deben de ser investigados a fondo.
Este no debe de ser un caso más de los que suele despachar la CIAIM. La alta siniestralidad en la pesca, de la que hemos dado cuenta en estas páginas, exige del gobierno y de la Justicia rigor y respeto por quienes se juegan su vida en la mar.