Navantia, salpicada por las declaraciones de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega
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- Published on Tuesday, 12 September 2017 10:01
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LA VENEZOLANA HA PUESTO EN MANOS DE LA CIA Y DE LA INTERPOL UN TOTAL DE 56 ARCHIVOS INFORMÁTICOS QUE DESNUDAN LA NARCO-CORRUPCIÓN CHAVISTA. ESTOS DOCUMENTOS AFECTAN AL EXPRESIDENTE ZAPATERO, AL EXMINISTRO DE DEFENSA, JOSÉ BONO Y A ALTOS DIRIGENTES DE LA COMPAÑÍA NAVANTIA
Luisa Ortega
NAVANTIA, empresa pública española perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital, al parecer, se ha visto salpicada por las declaraciones de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. El pasado 5 de agosto fue expulsada por la Asamblea Constituyente y perseguida por el Gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Tuvo que refugiarse en Colombia hasta que el pasado 22 de agosto se fue a Brasil, según informó Migración Colombia en un comunicado.
Ortega ha puesto en manos de la CIA y de la Interpol un total de 56 archivos informáticos que desnudan la narco-corrupción chavista que ha llevado al país caribeño a sus más altos niveles de miseria y entre los que destaca, de manera especial, el supuesto pago de altísimas comisiones en las que podrían verse implicados el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro de Defensa, José Bono y a altos dirigentes de la compañía Navantia que, sólo en Cartagena da empleo (entre asalariados fijos y discontinuos) a cerca de 1.400 trabajadores.
[Img #4752]Según la documentación presentada por la ex fiscal venezolana, que afirma haber tenido que salir del país para evitar ser asesinada, y demuestra que una empresa vizcaína, Rabazven Holding, dirigida por dos ciudadanos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, recibió comisiones de 38 millones de euros en una operación de venta de ocho buques militares de la empresa pública Navantia. Por lo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de su Ministerio de Defensa, entonces en manos de José Bono, llevó a cabo con la Administración de Hugo Chávez en 2005, según publica el diario.es.
Con anterioridad, Navantia que ya había trabajado para el gobierno de Hugo Chávez con la construcción del ANBV Guaiquerí (PC-21), ANBV Warao (PC-22), ANBV Yecuana (PC-23), ANBV Kariña (PC-24), ANBV Guaicamacuto (GC-21), ANBV Yavire (GC-22) y del ANBV Naiguata (GC-23), todos ellos destinados a la Armada Nacional de Venezuela.
La operación comercial entre España y Venezuela, firmada al más alto nivel en Caracas, con la presencia de José Bono y del entonces presidente de Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, consistía en la construcción de cuatro BVL -Buques de Vigilancia Litoral- con un coste total de 508,68 millones de euros, así como de cuatro POVZEE -Patrulleros Oceánicos para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva-, con un precio de 698,71 millones de euros. El coste total de la operación ascendió a la astronómica cifra de 1.208 millones de euros. Pero en los documentos finales de la operación, presentados a la CIA y la Interpol por Luisa Ortega, el precio aumentó de manera incomprensible hasta los 1.246 millones de euros, 38.600.000 euros más de los que establecía el contrato inicial, según desveló La Tribuna del País Vasco.
La documentación aportada por la exfiscal venezolana lleva por título "caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España, Evert García Plaza, Alto mando militar”.
La construcción de las embarcaciones se llevó a cabo en los astilleros de Navantia en Cádiz mientras que, los motores, fueron construidos en la Unidad de producción de Motores de Cartagena.
]El expediente sobre este asunto, que obra en poder de Luisa Ortega Díaz, de la CIA y la Interpol, relata con todo lujo de detalles el “modus operandi” de este sobrecoste se debe a que, en las fases finales de la operación de venta, se dio cabida a una gran empresa dedicada a la consultoría internacional, que habría de embolsarse el 3,5% del total del dinero del contrato. Se trataba de la compañía Rebazve Holding S.L., que está inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, y que está dirigida por dos venezolanos, Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides.
Juan Rafael Carvallo López es uno de los grandes empresarios “boliviarianos” de la época de Hugo Chávez, mientras que Pedro Enrique Malavé, el otro administrador de Rebazve Holding S.L., también es responsable de otra empresa española: Fashion Canary Islands.
Fue en 2010 cuando se publicaron algunas informaciones sobre aquella desmesurada comisión, sin embargo, nadie dio explicaciones al respecto ni en Venezuela ni en España. La empresa pública Navantia solamente explicó que “Rebazven ha estado históricamente en las operaciones de venta en Venezuela". En ese momento, un medio de comunicación preguntó por qué se usó un intermediario (la vizcaína Rebazven) que se embolsaba más de 38 millones en la operación si oficialmente la venta era un logro directo de Zapatero y Bono. La respuesta de los astilleros públicos señaló a la gestión de José Bono en Defensa: "pregunten en Defensa, que son ellos quienes firmaron el contrato”. Ni José Bono ni José Luis Rodríguez Zapatero, que se habían presentado como los hacedores directos de la venta ante la opinión pública, jamás dieron ninguna explicación al respecto”.
Mientras Luisa Ortega sigue luchando por los derechos humanos de su país, José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro han mantenido una reunión, este miércoles 30 de agosto, en el Palacio Miraflores. El motivo del encuentro, supuestamente, es impulsar el “diálogo por la Paz”.