La denuncia ante Bruselas por la línea a Melilla puede obligar a Acciona a devolver 60 millones
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- Category: General
- Published on Thursday, 05 June 2014 17:38
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Entidades se querellaron contra el Gobierno central al considerar que vulneró los intereses del Puerto en favor de Almería y Málaga
Rosa Fernández Granadahoy. Motril
Actualizado 05.06.2014 - 01:00
La guerra por por el mantenimiento de la línea Motril-Melilla no ha terminado, aunque de momento haya una tregua tras haber quedado desierto el concurso por el que el Estado otorgaba ayudas de 15 millones de euros por la conexión de la ciudad autónoma con Málaga y Almería. La última batalla, que el Gobierno melillense tacha como de infructuosa, puede provocar efectos colaterales importantes.
Según el portal puertosynavieras.es, "el contencioso entre Armas y Acciona" por las líneas marítimas entre las plazas autónomas en Marruecos ha desembocado en una denuncia que puede provocar una sentencia histórica y que supondría que Acciona tendría que devolver 60 millones de euros.
La estrategia que se estableció para la defensa de la línea Motril-Melilla se trazó a través de tres canales: el primero, por parte de la propia administración, que tenía que pedir en Madrid que se retirara el concurso; el segundo era interponer un recurso especial al concurso en materia de contratación de las líneas de Málaga y Almería, al efecto de que se paralizara el mismo hasta que no se atendieran las reclamaciones del litoral granadino; y el tercero suponía una denuncia ante el Tribunal Especial de la Competencia Europeo, pues los abogados de dicha Plataforma entienden que la postura del Gobierno central vulnera los intereses del Puerto motrileño respecto al malagueño y al almeriense.
Esta última actuación que tuvo lugar hace apenas una semana, al parecer, pone en riesgo las ayudas recibidas por las navieras que han estado prestando estos servicios, ya que de declararse ilegales tendrían que devolverlas al Estado español. Según la citada fuente, la denuncia "se venía larvando desde hacía mucho tiempo" entre los interesados en la línea que une la península y Melilla y en la comunidad portuaria de Motril comentan que Puertos del Estado presionó al anterior presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, para que no presentase una denuncia "con la amenaza de no forzar su dimisión".
Iguales presiones recibió Armas indicándole que "de hacer algún movimiento la Dirección General de la Marina Mercante tomaría buena nota e inspeccionaría sus barcos si provocaba un conflicto". Las supuestas presiones habrían hecho que la comunidad portuaria de Motril buscase otra fórmula de elevar la denuncia ante Bruselas, por lo que les vino de perlas los movimientos liderados por los empresarios costeros con el apoyo de las asociaciones, sindicatos y partidos políticos de la comarca y también de la provincia, que han cerrado filas en torno al mantenimiento de dicha línea marítima.
Según el portal puertosynavieras.es, "el contencioso entre Armas y Acciona" por las líneas marítimas entre las plazas autónomas en Marruecos ha desembocado en una denuncia que puede provocar una sentencia histórica y que supondría que Acciona tendría que devolver 60 millones de euros.
La estrategia que se estableció para la defensa de la línea Motril-Melilla se trazó a través de tres canales: el primero, por parte de la propia administración, que tenía que pedir en Madrid que se retirara el concurso; el segundo era interponer un recurso especial al concurso en materia de contratación de las líneas de Málaga y Almería, al efecto de que se paralizara el mismo hasta que no se atendieran las reclamaciones del litoral granadino; y el tercero suponía una denuncia ante el Tribunal Especial de la Competencia Europeo, pues los abogados de dicha Plataforma entienden que la postura del Gobierno central vulnera los intereses del Puerto motrileño respecto al malagueño y al almeriense.
Esta última actuación que tuvo lugar hace apenas una semana, al parecer, pone en riesgo las ayudas recibidas por las navieras que han estado prestando estos servicios, ya que de declararse ilegales tendrían que devolverlas al Estado español. Según la citada fuente, la denuncia "se venía larvando desde hacía mucho tiempo" entre los interesados en la línea que une la península y Melilla y en la comunidad portuaria de Motril comentan que Puertos del Estado presionó al anterior presidente del Puerto, Ángel Díaz Sol, para que no presentase una denuncia "con la amenaza de no forzar su dimisión".
Iguales presiones recibió Armas indicándole que "de hacer algún movimiento la Dirección General de la Marina Mercante tomaría buena nota e inspeccionaría sus barcos si provocaba un conflicto". Las supuestas presiones habrían hecho que la comunidad portuaria de Motril buscase otra fórmula de elevar la denuncia ante Bruselas, por lo que les vino de perlas los movimientos liderados por los empresarios costeros con el apoyo de las asociaciones, sindicatos y partidos políticos de la comarca y también de la provincia, que han cerrado filas en torno al mantenimiento de dicha línea marítima.