La mitad de los sobrecostes adicionales que reclama Dique Torres en el Juzgado tienen que ver con los precios de los áridos

05.04.2014 | 01:48

M. C.

Casi la mitad de los 329,39 millones de euros que Dique Torres está reclamando por vía judicial a la Autoridad Portuaria como sobrecostes adicionales de la obra de ampliación tienen que ver con incrementos de precio de los materiales extraídos de una cantera del concejo de Carreño.

Dique Torres reclama el pago de 160 millones de euros adicionales a los que ya recibió por los materiales extraídos de la cantera de Perecil-La Hoya, al considerar insuficiente el precio que le abonó por los mismos El Musel. El precio por cada tonelada de áridos que reclama ahora la UTE liderada por Dragados (grupo ACS) es superior del precio que aceptó la propia unión de empresas en diciembre de 2007 cuando pactó con la Autoridad Portuaria de Gijón los sobrecostes de la obra de ampliación ante las dificultades para explotar en el plazo previsto la cantera de Aboño.

En el modificado pactado en 2007 se fijaron unos nuevos precios para el material de las canteras que iban a suplir a la de Aboño, en función de la distancia de las explotaciones a la obra y del coste de extracción del material, ante la previsión de tener que extraer la mayor parte de la piedra de canteras lejanas.

Dique Torres, sin embargo, pudo acabar abasteciéndose en gran medida de materiales de la cantera de Perecil-La Hoya, próxima a la factoría de Tudela Veguín en Aboño y a menor distancia de otras canteras previstas cuando se pactó el modificado. Ese fue uno de los motivos de que la Autoridad Portuaria redujera de los 216 previstos a 124 millones de euros el sobrecoste finalmente pagado. La unión de empresas pretende ahora equiparar el precio del material extraído en La Hoya al de las canteras comerciales, muy superior, en base a que esa cantera es propia de Tudela Veguín, que la usa para obtener materia prima para fabricar cemento.

Las discrepancias entre el Puerto y la UTE llevaron a que ésta paralizara las obras un mes en 2010 para intentar forzar a la Autoridad Portuaria a pagar entre 60 y 70 millones más de los que finalmente abonó.