El organismo asegura que la adjudicación aún no está resuelta y que analiza toda la documentación de la empresa licitadora antes de adoptar una decisión.

La Autoridad Portuaria de Gijón ha respondido a las críticas formuladas por Izquierda Unida sobre el procedimiento de contratación del mantenimiento del sistema de vigilancia del Puerto de El Musel, defendiendo la legalidad, la transparencia y el rigor técnico con el que se tramita el expediente.

En un comunicado, la Autoridad Portuaria recuerda que todos sus procedimientos de contratación se desarrollan conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y a la normativa estatal y europea, respetando los principios de publicidad, concurrencia, igualdad de trato y objetividad.

El organismo explica que el contrato está relacionado con el mantenimiento de los sistemas de vigilancia, seguridad perimetral y comunicaciones de El Musel, considerados infraestructuras críticas para garantizar la seguridad operativa del puerto, la protección de las instalaciones y la continuidad de un servicio esencial en un puerto de interés general del Estado.

Asimismo, subraya que una administración pública no puede excluir de forma arbitraria a una empresa que cumple los requisitos legales para contratar, acredita la solvencia exigida y no incurre en ninguna prohibición para licitar.

No obstante, la Autoridad Portuaria aclara que el contrato todavía no ha sido adjudicado y que el procedimiento continúa abierto. En estos momentos, se está analizando la documentación presentada por la empresa propuesta como adjudicataria para comprobar, entre otros aspectos, la posible existencia de prohibiciones para contratar, su estructura societaria, la titularidad real de la compañía, las empresas del grupo que puedan intervenir en la ejecución del contrato y el origen de los equipos, programas, licencias, repuestos y servicios asociados.

Además, se verificará que la ejecución del contrato se ajusta a la normativa vigente, incluida la relativa a importaciones, tecnologías, productos de doble uso y al cumplimiento del Real Decreto-ley 10/2025, así como la posible utilización de productos procedentes de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

La Autoridad Portuaria advierte de que la falta de acreditación suficiente, la omisión de información relevante o la existencia de circunstancias incompatibles con la legislación vigente podrían dar lugar a la exclusión de la oferta o a la no adjudicación del contrato.

En su comunicado, el organismo también reconoce la sensibilidad social existente en torno al conflicto de Gaza y afirma compartir la necesidad de que toda actuación pública se desarrolle con pleno respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a las decisiones adoptadas por el Gobierno de España.

Finalmente, la Autoridad Portuaria sostiene que la seguridad de El Musel «no puede utilizarse como elemento de confrontación política» y reafirma su compromiso de actuar con transparencia, prudencia y rigor jurídico para proteger una infraestructura estratégica para Asturias y para España.