En El Musel atracan barcos y encallan las decisiones, amarradas con maroma a un noray. El puerto de Gijón amanece cada día con cara de lunes y la Autoridad Portuaria se empeña en jugar a la ruleta rusa con balas de fogueo. La justicia obliga a readmitir al expresidente Laureano Lourido como gerente de EBHISA o abonar más de 100.000 euros por un despido improcedente. Está el puerto como para echar la mano a la cartera.

Desde la salida de Lourido, El Musel navega a la deriva. Mucha consigna, pero poca brújula. Al mando del desaguisado, disfrutando de un destino dorado, se encuentra Nieves Roqueñí, la exconsejera a la que se le piden explicaciones por el accidente mortal de la mina de Cerredo. En el puerto, mientras tanto, los tráficos se evaporan como gas licuado mientras la presidenta juega a ser la concejal de barrios, metiéndose en política municipal en lugar de atraer contenedores y cruceros.

Los números son un poema. Si a base de rezos se llega a fin de año a 14,5 millones de toneladas movidas, cabe suponer que a una ganancia de 2,2 euros por tonelada, entrarán en las arcas portuarias 32 millones. De donde saldrán 17 para la banca por los préstamos de la ampliación, 7 para pagar al personal y 8 para asumir gastos generales. Resultado: ni oficio ni beneficio. O al borde de los números rojos.

Convertir el puerto en arma política arrojadiza fue un tiro al aire que regresó como boomerang al cogote del PSOE. Hoy nadie sabe quién gobierna ni para qué sirve el muelle, salvo para pronunciar discursos. Al paso que va, El Musel quedará para traineras y regatas.