Solo el PSOE gijonés puso una nota discordante: “bajo el mandato de Lourido el Puerto ha hecho una buena labor económica, pero en vez de servir a la ciudad se ha servido más de ella”, recordando de paso que “el Puerto no es una empresa privada, hay algo más que números”. También el diario El Comercio publicaba el pasado viernes un artículo cuyo titular recordaba que el futuro del puerto gijonés está marcado por varias reclamaciones judiciales que suman 384 millones de euros.
La más cuantiosa es la formulada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, que le reclama a la Autoridad Portuaria 330 millones de euros. Pero más escandaloso es todo lo relacionado con la denuncia del fondo suizo TELF contra la estibadora EBHI, participada en casi un 70% por la Autoridad Portuaria gijonesa. La empresa suiza reclama el pago de 53 millones de euros por la desaparición de 160.000 toneladas de carbón depositadas en las instalaciones de EBHI. Tal y como apunta el periódico gijonés, “el demandante está abierto a negociar en una causa que amenaza con arruinar a la EBHI”.
“Las felicitaciones de todos y ninguna mención de todas las polémicas a las que está asociado”, señalan fuentes conocedoras de este caso, que involucra también a la empresa Natural Mining Resources (NMR), “se lo quitan de en medio para que no salpique a los demás”. Hay que recordar que en este caso están siendo investigados por presunto delito de estafa y apropiación indebida José Manuel del Arco, director de la Autoridad Portuaria; Lucía Herrero, directora general de EBHI y Amalio Álvarez, director de operaciones de esta última empresa. En el mes de febrero se celebrará la audiencia previa de este caso en un juzgado de Pozuelo de Alarcón. Aunque Lourido no está judicialmente implicado, fuentes cercanas a la acusación señalan que es imposible que el ya expresidente no estuviese al tanto de lo que sucedía.
Tal y como informó NORTES a comienzos del pasado mes de diciembre, “en sus primeras declaraciones ante el juez, los directivos de EBHI y de la Autoridad Portuaria se están limitando a asegurar que desconocían lo que estaba sucediendo en los muelles con el mineral que debían custodiar”.
El principal reto de la investigación judicial será aclarar la relación que existía entre las autoridades portuarias y NMR. Esta compañía, una más entre las decenas de sociedades manejadas por José Antonio Boluda, buena parte de ellas en paraísos fiscales, llegó al puerto del Musel a finales de 2018 y en poco tiempo llegó a ser el mayor operador de carbón del puerto gijonés. Ahora a Boluda se le acusa de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También se le atribuyen otros dos delitos, relacionados con el concurso de acreedores de NMR, de estafa procesal y falsedad en documento mercantil.