El Musel se abre al juez Bermúdez y se blinda frente a Europa
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- Published on Tuesday, 10 February 2015 00:02
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Asturias 24
10.02.2015
La Autoridad Portuaria remite a la Audiencia Nacional la documentación sobre la ampliación y sus responsables, y a la Comisión Europea un escrito que rebate "línea por línea", y en tono de contraataque, las acusaciones de la Dg Regio y la OLAF
Juan Carlos Gea
Lunes 09 de febrero de 2015
El Musel
"Digo y repito que de la información que tenemos no se puede sacar ningún indicio de irregularidad, y el expediente lo trabajamos mucho. No sé si hay o no hay otras cosas, pero este expediente es muy amplio". La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, ofrecía ayer sus primeras declaraciones tras la noticia de que la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, investigará por seis presuntos delitos relacionados con las obras de ampliación del puerto de El Musel a representantes y administradores de las empresas e instituciones implicadas en la obra.
Al término de la primera reunión del año del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, Aza, quien mantuvo silencio acerca de posibles maniobras políticas de carácter preelectoral e invocó la presunción de inocencia para todos los posibles afectados, anunció que "espera" que hoy mismo, martes, se remita a Madrid toda la documentación requerida por el juez Gómez Bermúdez, entre la que se cuenta el expediente de la obra y los nombres de miembros de la Autoridad Portuaria, el Consejo de Administración y Puertos del Estado. Confirmó además que Anticorrupción "nunca ha pedido ninguna aclaración" sobre los hechos que ha denunciado y recordó que el proceso se halla "en fase de diligencias previas", entre las que se incluirá un peritaje de la Intervención General de la Administración del Estado. "No hay causa todavía, y a lo mejor no la hay nunca", ha agregado la presidenta de la Autoridad Portuaria, que ha aceptado "la posibilidad de personarse" mediante la Abogacía del Estado "para defender sus intereses", con el acuerdo de "todo" el Consejo de Administración.
Defensa y contraataque
El consejo abordaba ayer monográficamente un segundo frente, independiente de lo anterior pero muy relacionado con ello: la defensa de las obras de ampliación de El Musel frente a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea (DG Regio) y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), y sus denuncias de irregularidades en la contratación pública, la ejecución y la justificación de una obra con un sobrecoste del 40 por ciento sobre los casi 580 millones inicialmente presupuestados. Una defensa que reviste más bien maneras de contraataque para negar "todo indicio de presuntos delitos e irregularidades" y exigir la anulación de la llamada 'Propuesta de Cierre' remitida por la DG Regio, que obligaría a la devolución de casi 200 millones de ayudas europeas y anularía el envío de otros 50 que se adeudan en el mismo concepto.
La defensa, precisó Rosa Aza, no es solo de la Autoridad Portuaria, sino "del Reino de España", y fue presentada y debatida en un consejo "muy tranquilo". Además de responder "casi línea por línea" a las acusaciones de la DG Regio, que hizo suyas las argumentaciones de la OLAF, el escrito que se remitirá a la Comisión Europea acusa, a su vez, a las dos instancias acusadoras de "Vulneración del principio de buena administración". El informe asegura que la DG Regio incumplió plazos en su reclamación de "corrección financiera", lo que la dejaría sin efecto; que ambas se negaron a suministrar expedientes, parcialmente en el caso de la dirección general, y completamente en el caso de la OLAF, y que Europa tampoco ha cumplido sus plazos en la liquidación de los 45,5 millones que ya tendría que haber abonado a la Autoridad Portuaria.
El documento, que incluye un apartado de síntesis, otro de desarrollo y un tercero con el cuerpo de pruebas, responde en detalle a las irregularidades enumeradas por la DG Regio que se limitan a recoger "un informe de la OLAF que no es el informe final sino una relación de hechos" de 2013, ya contestada por la Autoridad Portuaria y que carecería, según su presidenta de "información pormenorizada" para establecer las presuntas "irregularidades en los gastos".
Proporcionalidad vulnerada
Además, con esa carencia de datos, la corrección financiera vulnera, según el puerto gijonés, "el principio de proporcionalidad". "Hay que hacer la corrección financiera en función del volumen de las irregularidades; pero si no se dice y no se cuantifica, difícilmente se puede guardar la proporcionalidad", ha argumentado Aza: "Da la impresión de que lo que está diciendo la DG REGIO es que toda la obra no está hecha; para declarar el gasto irregular, parece que es que no se ejecutó la obra. Y la obra está hecha".
El "trabajo amplísimo" de los departamentos técnicos, informáticos y jurídicos de la entidad ha manejado "millones de datos" recabados de las bases de datos de la asistencia técnica de las obras para rebatir las acusaciones de Bruselas, explicó Aza. Como ejemplo, puso la labor de contraste de "todas las referencias, matrículas y transportes a los que hace alusión la OLAF" para rebatir la supuesta presencia de "matrículas extrañas" que delatarían falseamientos en el registro de transporte de materiales desde la vecina cantera de Aboño. El cruce de datos habría permitido comprobar que dichas matrículas son en su mayoría variaciones "en un número" de matrículas de transportes reales, lo que apuntaría a "un error" en su registro.
Otra presunta irregularidad rebatida sería la de los "camiones duplicados o triplicados". "La poca distancia entre el puerto y la cantera de Tudela-Veguín permitía a un camión hacer hasta 16-17 portes en el mismo día", y "en algunos casos coincidía el peso" del material acarreado, ha aclarado Rosa Aza. Una tercera es relativa a la comparación "entre metros cúbicos y toneladas" por la OLAF; la diferencia registrada entre volúmenes y peso de materiales acarreados, que apoyaría una supuesta falta de control de material y el correspondiente desvío del gasto, se explicaría porque "cambian las densidades de los materiales en cantera, en el suelo, en el camión, y en obra" y "diferentes materiales tiene diferentes densidades".
"Además", añadió Aza, "en los pliegos se prohíbe expresamente que la Autoridad Portuar pague el material pétreo y los transportes; solo paga el material puesto en obra, el volumen construido. Los camiones se controlaban solo a efecto de control de obra. La asistencia técnica podía no admitir material que había entrado, y otro podría ser llevado por la acción del mar". Pero la Autoridad Portuaria "nunca pagó el material que entraba en los camiones", el sobrante o el arrastrado por el Cantábrico.
Finalmente, Rosa Aza recordó que, "en el derecho español, una entidad como la Autoridad Portuaria no es susceptible de cometer delitos" y que, en todo caso, "sería asunto de la competencia interna" del Estado español, "no de la DG Regio".
El futuro inmediato de este pulso con Europa pasa, en fecha sin precisar, por un hearing, una audiencia planteada con fines de acuerdo que, no obstante, Aza ve muy difícil. "Nos gustaría conseguirlo, pero estamos muy, muy lejos de lo que dice la Dg Regio", admite.
La presidenta del puerto gijonés ha querido además desmentir un posible cambio de postura del representante de la Abogacía del Estado en el Consejo en un informe que supuestamente pondría ahora en cuestión la legalidad de todo lo hecho en la ampliación de El Musel. "Lo único que puedo decir es que no manifestó ninguna discrepancia nunca en el Consejo. Ahora, lo que piensa [el abogado del Estado], no lo sé. Yo no estoy en su cabeza", ha precisado Aza, que ha recordado que "el abogado del Estado siempre planteó la legalidad de las acciones y las decisiones que tomaba el Consejo en su momento, con la información que tenía".
"El informe utiliza un condicional absoluto. No dice que hubo irregularidades, no lo afirma; dice que si las hubo, habría que actuar, como lo diría cualquiera de los que estamos aquí", ha asegurado Rosa Aza, que ha querido subrayar que, si ese condicional se cumpliese, "si hipotéticamente alguien, persona física o jurídica, hubiese atentado contra los intereses de esta Autoridad Portuaria, nos defenderíamos, como es obvio".
Aza rehusó especular, en relación a la denuncia de Anticorrupción, sobre posibles maniobras políticas preelectorales porque, arguyón "no tengo ninguna información para valorarlas, y me parece una osadía total". También negó que tuviese la más mínima intención de divulgar la totalidad del escrito remitido a Bruselas porque es un "documento de trabajo" y su publicación "puede no ayudar" ante la su "prioridad": "Que la DG REGIO archive la corrección financiera".