La fiscal de El Musel investigó en la OLAF, la oficina europea que denunció la ampliación
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- Category: El Musel
- Published on Saturday, 07 February 2015 07:25
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Transporte de bloques hacia la zona de ampliación de El Musel. / Purificación Citoula
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De 2008 a 2013, Isabel Vicente formó parte del Comité de Vigilancia del fraude, del que está en excedencia
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada en diciembre pasado ante la Audiencia Nacional para que se investigue la ampliación del puerto de El Musel, especialmente a partir del modificado del contrato de ejecución, fue dirigida por Isabel Vicente, que contó con un equipo de fiscales debido a la complejidad del asunto, según informó a EL COMERCIO la Fiscalía General del Estado.
Fallos según la OLAF
Violación de los principios de no discriminación y de transparencia. La aplicación del pliego de prescripciones técnicas particulares no habría permitido a todos los licitadores definir con suficiente precisión sus ofertas en el procedimiento de licitación pública.
Imposibilidad de terminar la cantidad de materiales empleados. Solo se pesaba una muestra de vehículos, atribuyendo un peso medio al resto; falsas informaciones sobre el número de transportes efectuados, y ciertos vehículos atribuidos a diversas compañías que no fueron identificados por éstas como pertenecientes a sus flotas.
Precio de los materiales suministrados por las canteras. No se correspondía con el inicialmente aprobado en el proyecto y el sobrecoste facturado no ha podido ser delimitado.
La Autoridad Portuaria estaba al corriente. Firmó un contrato con Tudela Veguín y la UTE Dique Torres el 11 de enero de 2006.
Cantera de La Hoya. Se sacaron 1,1 millones de toneladas, cuando el contrato permitía 24,1 millones.
Autoridades nacionales. No realizaron ningún control.
Proyecto modificado. No fue aprobado por la DG Regio.
Se da la circunstancia de que Isabel Vicente fue incorporada como refuerzo a la Fiscalía Anticorrupción, en septiembre de 2013, por el entonces fiscal general Eduardo Torres-Dulce, procedente de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), órgano que investigó las presuntas irregularidades en las obras de ampliación del puerto de El Musel y que recomendó la devolución de las ayudas comunitarias concedidas a esta importante infraestructura.
Isabel Vicente, hija del ya jubilado jefe de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Jesús Vicente Chamorro, fue fiscal adscrita a Madrid y en julio de 2008 ingresó como agente temporal de la OLAF, en Bruselas, donde formó parte de su Secretaría del Comité de Vigilancia y del grupo de trabajo para crear la Fiscalía Europea. Desde el 16 de septiembre de 2013, la fiscal está en excedencia de la OLAF.
La OLAF realizó la investigación entre diciembre de 2010 y marzo de 2014Se recomienda la devolución de 198 millones de euros y no abonar otros 49,5
A partir de ahora, la investigación sobre este asunto será dirigida por el juez de instrucción Javier Gómez Bermúdez, que será quien marque los plazos del procedimiento. Según la Fiscalía General del Estado, al tratarse de una investigación de carácter económico, será necesario solicitar numerosa documentación a distintas instituciones y también se estima que el magistrado llame a declarar a las personas responsables de las obras de ampliación. Es por esto por lo que se prevé que la instrucción sufra un importante retraso.
Además, las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción para determinar los posibles delitos que se pudieron cometer en la ampliación portuaria se realizaron desde su propia sede central, solicitando documentación vía telemática.
Investigación de la OLAF
Fue Andecha Astur, a través del eurodiputado Josu Juaristi, de Los Pueblos Deciden, quien presentó el 18 de marzo de 2009 una denuncia ante la OLAF por ciertas irregularidades en la ejecución del proyecto de ampliación de El Musel. En noviembre de ese año, la Dirección General de Regiones (DG Regio), de la Comisión Europea, también solicitó la intervención de la OLAF para estudiar las posibles irregularidades en una obra que contaba con 247,5 millones de euros de subvención comunitaria, de los que se llegaron a abonar 198 millones.
La OLAF abrió la investigación el 2 de diciembre de 2010 y en sus conclusiones de marzo de 2014 indica que «los elementos y la información recogidos y analizados durante la investigación indican claramente que una serie de irregularidades y/o fraude han sido cometidos bien directamente por el beneficiario de la obra (Autoridad Portuaria de Gijón), bien por el adjudicatario de las obras (UTE Dique Torres) en connivencia con el beneficiario».
Los aspectos que los investigadores ponen en duda son el cumplimiento de las normas de contratación pública y de las cláusulas establecidas en los pliegos administrativos y de prescripciones técnicas; el precio de los materiales de las canteras de Tudela Veguín no se corresponde con el aprobado en el proyecto original, es más, indica que «no existió ninguna contraprestación económica directa»; «inconsistencias» en la cantidad de materiales extraídos de las canteras, sus precios y las firmas de los correspondientes contratos, y que el proyecto modificado de 2007 no fue aprobado por la DG Regio, por lo que la OLAF «no comprende que el beneficiario haya aceptado un aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica directa de alrededor de 24 millones de toneladas de materiales».
La conclusión de la OLAF es clara: «Dada la gravedad de las irregularidades detectadas», «las autoridades nacionales deberían revocar todos los importes declarados subvencionables», por lo que recomienda a la Comisión Europea recuperar los 198 millones de euros de los Fondos de Cohesión abonados y no aportar los 49,5 millones aún pendientes y aprobados.
Los supuestos delitos
El 26 de marzo de 2014, la OLAF remitió su informe a la Fiscalía Anticorrupción, que inició unas diligencias de investigación que concluyeron con la presentación de la correspondiente denuncia, en diciembre pasado, ante la Audiencia Nacional. Los posibles delitos detectados son de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada por razón del importe, falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.
Debido a que se pudieron haber cometido delitos de fraudes y el fraude contra la Hacienda Pública, que «habrían tenido, en el presente caso, una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional, es competente para la tramitación de la causa la Audiencia Nacional».
Llegados a este punto, hay que esperar a que evolucione la instrucción del juez Gómez Bermúdez, si bien las autoridades españolas ya están defendiendo ante las instituciones comunitarias la legalidad de todo el proceso seguido en la obra de ampliación del puerto de El Musel.