EL MUSEL.- El juez Bermúdez investiga la obra de El Musel
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- Published on Thursday, 05 February 2015 04:06
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El Comercio
Nacho Prieto
5 de febrero de 2015
El juez Bermúdez, encargado ahora de investigar El Musel. / EFE
· La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional tras estudiar durante ocho meses el contenido del informe de la OLAF
· El Gobierno tiene desde el pasado mayo un escrito de la Abogacía del Estado favorable a la demanda, pero evitó interferir a la Fiscalía
El juez Javier Gómez Bermúdez, encargado en su día de juzgar los atentados terroristas del 11-M, se ha hecho cargo de la investigación de las obras de ampliación de El Musel y ha ordenado la práctica de diligencias mediante auto dictado el pasado 8 de enero. La mayor obra pública contratada en Asturias de una sola vez llega a los tribunales de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que formuló el pasado día 5 de diciembre denuncia ante el Juzgado Decano de la Audiencia Nacional, según recoge la subdirectora general de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea, Esperanza Samblás, en la contestación del Reino de España a las acusaciones de la Comisión Europea sobre «inacción» ante el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), que analiza, entre otras presuntas irregularidades un sobrecoste de 123 millones de euros. Según el mismo documento, una vez turnado, el Juzgado Central de Instrucción número 3, del que es titular el juez Bermúdez, ha visto indicios de delito y se hará cargo de la instrucción del caso.
La respuesta de la Administración española a la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea consta de dos partes. Las alegaciones técnicas, es decir, las explicaciones más o menos reiteradas respecto a ocasiones anteriores sobre el procedimiento para adjudicar y controlar las obras que corresponden a la Autoridad Portuaria de Gijón; mientras que la Dirección General de Fondos Comunitarios se centra en rechazar las acusaciones de «inacción» del gobierno español ante ese informe de la OLAF, que evidentemente han molestado mucho.
España defiende que no hubo perjuicio para las arcas europeas
El documento referido explica por qué no fue presentada antes denuncia por los supuestos delitos señalados por la OLAF y destaca que «Puertos del Estado solicitó el 1 de abril de 2014 –es decir, al día siguiente de recibir la documentación de la OLAF– informe a la Abogacía General del Estado relativo a «las medidas procedentes en defensa de los intereses públicos, tanto en sede administrativa ante las instituciones europeas como, en su caso, en relación con el ejercicio de eventuales acciones judiciales en orden a la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran concurrir y a la restauración del orden jurídico perturbado y el restablecimiento del patrimonio público que se hubiera visto perjudicado por los hechos acaecidos».
Según la respuesta española a la Comisión Europea, también «la Abogacía del Estado emitió informe el 23 de mayo de 2014 en el sentido de personarse en las diligencias judiciales que, en su caso, abra la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o, en el caso de que esa Fiscalía no ejercite la acción penal, ejercer esa acción la propia Abogacía del Estado».
Parece evidente, pues, que la Abogacía del Estado ya había apreciado indicios de delito y estaba dispuesta a presentar la denuncia. ¿Por qué no lo hizo y esperó la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que tardó más de ocho meses en tomar una decisión? El mismo documento de la Dirección General de Fondos Comunitarios da la respuesta y habla de razones de eficacia, ya que dice que «conforme a esta idea de eficacia, el inicio de las acciones penales mediante denuncia o querella de la Abogacía del Estado, cuando ya hay constancia de unas diligencias informativas del Ministerio Fiscal, debe tener carácter subsidiario. Habida cuenta de las facultades de investigación atribuidas al Ministerio Fiscal por el ordenamiento jurídico, de las que carece la Abogacía del Estado, resulta más eficaz permitir la conclusión de dichas diligencias por parte de la Fiscalía, ofreciéndole a ésta la colaboración que estime necesaria».
Sin embargo, «la eventual presentación de una denuncia o querella por parte de la Abogacía del Estado en representación de la Autoridad Portuaria hubiera obligado a la Fiscalía a interrumpir su labor de investigación y judicializar de modo inmediato dicha investigación, pudiendo perjudicarla».
Contabilidad
Respecto a otra acusación de la Comisión Europea al Gobierno de España, por no exigir a la UTE Dique Torres la contabilidad que la adjudicataria de la ampliación de El Musel negó a la OLAF, el Ministerio de Hacienda indica que gestiones realizadas por Puertos del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la propia Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, «avala la exactitud de las actuaciones de las autoridades españolas», porque permitieron aportar «la información requerida por la OLAF en el marco de esta investigación». La Administración española reconoce no haber «podido conseguir» el Libro Mayor de la UTE, al no ser «de carácter obligatorio», pero asegura que «la documentación aportada a la OLAF, procedente de la AEAT, la declaración informativa 347 de proveedores y clientes, es la misma que figura en la contabilidad o en el Libro Mayor de las empresas». Según el escrito remitido al director general de Política Regional de la Comisión Europea, Walter Deffaa, «en ningún caso puede tildarse de inactivas a las autoridades nacionales, ya que, en cada circunstancia, han ofrecido la respuesta oportuna, respetando el DerechoNacional».
España defiende que no hubo perjuicio para las arcas europeas
Vista de la ampliación de El Musel, adjudicada por 500 millones de euros sin IVA y que fue liquidada con un 25% más. / Purificación Citoula
· Admite que durante los trabajos no fueron detectadas anomalías y rechaza la devolución de las ayudas recibidas
La demanda penal por las obras de ampliación de El Musel implica la sospecha de las autoridades españolas de que se cometieron irregularidades, pero eso no lleva a admitir la devolución de las ayudas comunitarias que ha exigido la Comisión Europea.
De momento, junto a un amplio informe elaborado por la Autoridad Portuaria de Gijón, la Dirección general de Fondos Comunitarios ha anunciado ya que no ve motivos para reintegrar nada, porque «no hubo perjuicio para las arcas comunitarias».
La Unión Europea concedió 247,5 millones de euros de ayuda para ejecutar una obra que efectivamente fue hecha y se encuentra plenamente operativa, El sobrecoste, cifrado según la liquidación final en un 25%, aproximadamente, nunca fue asumido por las arcas comunitarias, aunque hubo un intento al respecto, de manera que en ningún caso el objetivo de la ayuda fue modificado.
La discrepancia provocará, con toda probabilidad, una «audiencia» entre las autoridades comunitarias y las españolas, es decir, una reunión en Bruselas en la que España defenderá los argumentos que plantea en el pliego de alegaciones de la Autoridad Portuaria.
No se puede descartar que se produzca un acuerdo, pero no parece muy probable y cabe añadir que nadie cuenta con ello, debidos a que los argumentos han sido reiterados hasta la saciedad en los últimos años. En esas condiciones, al Gobierno español sólo le queda aceptar la devolución de los 198 millones que ya se habían ingresado o apelar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
En la citada instancia hay fundadas esperanzas de éxito, ya que existe el precedente de una sentencia que rechazó la devolución de ayudas para el AVE Madrid-Barcelona por no haber efectuado la Unión Europea la corrección presupuestaria en el plazo debido.
El caso de El Musel presenta similitudes que favorecen el optimismo.