Con la intención de “vaciar las instituciones de delincuentes antes de ocuparlas”, Podemos presentó esta tarde en Gijón una iniciativa que, con el nombre Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), se constituye con los fines de “luchar contra la corrupción y las actuaciones irregulares vinculadas con las administraciones públicas por todas las vías legalmente posibles”, “exigir un ejercicio ético y responsable de la política a nivel local, autonómico, nacional y europeo” y “reclamar a todos los servidores de todas las instituciones promover una participación social que permita garantizar la transparencia en la vida institucional y el control efectivo de la actividad pública”. El OCAN, que lanza Podemos pero “debe ocupar la ciudadanía”, funcionará mediante denuncias anónimas de irregularidades que cualquier ciudadano podrá enviar a la página web del organismo, que se compromete a investigar cada una de ellas en la medida de sus posibilidades.

Tres de los portavoces habituales del Podemos asturiano, Dani Ripa, Emilio León y Xandru Fernández, la abogada Ana Taboada y Montse Palacios oficiaron la puesta de largo en el Ateneo Obrero de La Calzada en los términos habituales de la formación, que no quiere “esperar a mayo para desalojar a la casta” y aspira a desatar una “marea ciudadana que persiga a la gente que ha hipotecado nuestras vidas” y que “ha convertido Asturias en un paraíso no natural, sino fiscal”. Se trata, en fin, de “levantar alfombras” y de transmitir el mensaje de que el problema no es de “manzanas podridas”, sino de la podredumbre del cesto que las contiene.

Reacción al informe europeo

El estreno estelar del organismo será la denuncia, ya tramitada ante la Audiencia Nacional, concerniente a las irregularidades y malversaciones de caudales públicos en forma de sobrecostes que la Oficina Europa de Lucha Antifraude (OLAF) consigna en un informe que marcaron la polémica ampliación de El Musel. Para los impulsores del OCAN, la ampliación fue, de ahí la importancia de la denuncia, una “estafa” que trasciende los límites del Principado toda vez que involucra fondos europeos de cohesión y a la Administración del Estado encargada de devolverlos y que entre las empresas involucradas en el fraude están algunos de los grandes capitalistas españoles, como Florentino Pérez a través de ACS o Juan Miguel Villar Mir a través de OHL. La denuncia menciona delitos conta la Hacienda pública, fraude, malversación y exacciones ilegales, entre otras presuntas irregularidades.

Podemos busca “judicializar el tema, cosa que no se ha hecho hasta ahora” y perseguir a una extensa panoplia de responsables que incluye, además de a esas empresas beneficiarias, a representantes sindicales, gubernamentales y de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Emilio León confía en que “la Audiencia Nacional, que tanto se preocupa de nuestros Facebooks y nuestros tuits, también se preocupe de lo que pasa en el superpuerto”, y expresó su convencimiento de que “cada vez que Podemos sube un poquito más en las encuestas, se trituran diez kilos de papeles”.