España pide prórroga para replicar a la sanción europea contra El Musel

 

Hacienda intenta desligar las acusaciones, que considera prescritas, sobre el procedimiento del sobrecoste que la UE no llegó a financiar

 NACHO PRIETO  El Comercio

 GIJÓN

6 diciembre 2014

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, interlocutor competente del Estado español con Europa para todo lo relacionado con fondos europeos, ha pedido a las autoridades comunitarias una prórroga para replicar a la decisión que retira la subvención de 247,5 millones de euros concedida para las obras de ampliación de El Musel.

Según pudo saber EL COMERCIO, no se trata de tener más tiempo para preparar una defensa especialmente novedosa, sino, más bien, de evitar que las fiestas navideñas supongan, en la práctica, una reducción del plazo de dos meses inicialmente concedido para aceptar o no la liquidación propuesta. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que si España rechaza la pérdida de fondos, como ya es seguro, habrá de celebrarse posteriormente, sin plazo fijo, una reunión o 'audiencia' de los responsables comunitarios y españoles, momento propicio para los argumentos.

La Dirección General de Fondos Comunitarios confía todavía en el diálogo entre administraciones para «mantener la mayor cantidad posible», de forma que no se plantea, todavía, un recurso judicial.

Sobre la defensa prevista, hay dos conceptos fundamentales: por una parte, Hacienda considera que nada tiene que explicarle a la Comisión Europea relacionado con el sobrecoste, por la sencilla razón de que no está financiado con fondos de cohesión. Nada que tenga que ver con el aumento del precio de la piedra aceptado en el modificado del contrato afecta, según Hacienda, a los intereses europeos, aspecto en el que discrepa con el informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF).

Lo que sí está España dispuesta a tratar con Bruselas es el destino dado a los 247,5 millones de euros concedidos para financiar el 55% de una inversión de 450 millones de euros, conforme a los precios previstos en el contrato firmado al adjudicar los trabajos. Y, en ese sentido, Hacienda considera que el Estado ha cumplido, porque la ampliación de El Musel ha sido ejecutada hasta el final y oficialmente recibida.

Por otra parte, cabe recordar que la Comisión Europea ya puso en tela de juicio, en 2010, el procedimiento de licitación y adjudicación, y propuso una corrección financiera por importe de 18,3 millones de euros.

El caso es que dicha iniciativa quedó cerrada sin resolución de la Comisión Europea, de forma que las autoridades españolas consideran que no es pertinente volver a discutir sobre algo ya tratado.

La opinión comunitaria

Fuentes comunitarias resumieron en su momento las supuestas infracciones a la reglamentación europea en cuatro puntos: «requisito de respetar el principio de igualdad de trato; el uso de las especificaciones técnicas que favorecen o eliminan ciertas empresas; el requisito de utilizar los procedimientos apropiados en la adjudicación de contratos públicos», y el « requisito para aceptar la oferta económicamente más ventajosa».

Los tres primeros argumentos ya fueron abordados en 2010, mientras que la supuesta obligación de aceptar la oferta económicamente más ventajosa eliminaría el concurso como sistema de contratación y el trabajo de las mesas de contratación que realizan valoraciones técnicas en función de los elementos de baremación que se incluyen en los pliegos de licitación.

Otra controversia se plantea porque la Comisión Europea considera que «la carta de cierre es un procedimiento nuevo y diferente del realizado en el año 2010. Hay nuevos elementos factuales, en particular el informe de la OLAF, que conducen a que hay fundamentos jurídicos complementarios a añadir a este caso». Algunas sentencias parecen contradecir esa opinión.