El Musel.- Parlamento y juzgado toman la palabra
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- Category: El Musel
- Published on Sunday, 09 November 2014 19:39
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Parlamento y juzgado toman la palabra
Acto inaugural de la ampliación de El Musel el 11 de enero de 2011. En primer plano, Alvaro Cuesta, Fernández, José Blanco, Areces y Paz Felgueroso. / E. C.
- La Junta General del Principado intentará clarificar lo ocurrido sin perjudicar la defensa del derecho a la subvención de 247,5 millones
- La Autoridad Portuaria prepara sus alegaciones a la CE entre sospechas y acusaciones
- GIJÓN
9 noviembre 201400:43
El futuro de El Musel y las consecuencias que puede tener la decisión de la Comisión Europea de anular la subvención de 247,5 millones que había concedido para sus obras de ampliación, tanto en lo que se refiere a responsabilidades del pasado como a la situación financiera y comercial de los próximos años, han configurado una más que movida semana portuaria en la que Junta General del Principado y juzgado han tomado la palabra.
LAS POSICIONES
CE. Anula la subvenciónde 247,5 millones comprometida y exige la devolución de los 198 millones ya aportados.
Gobierno de España. Critica la gestión de las obras realizada por los socialistas, pero defiende el derecho a las ayudas.
Gobierno del Principado. Detecta tibieza del Gobierno de España frente a la CE y ofrece colaboración en la respuesta.
Autoridad Portuaria. Admite insolvencia para acometer en solitario la financiación de las obras.
La interpelación del PP sobre las previsiones para el principal puerto comercial de la región que fue debatida en el Parlamento regional el 30 de octubre fue solo el preámbulo para una riada de novedades que el senador Isidro Martínez Oblanca pareció intuir el lunes, cuando en medio de una rueda de prensa sobre fondos mineros dejó caer su opinión de que «el futuro de El Musel depende de un hilo».
El martes, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón analizó la situación derivada del informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y acordó, sin votaciones, preparar alegaciones con el objetivo de defender las ayudas, primero en vía administrativa, ante la propia Comisión Europea que exigió su devolución y, luego, si llega el caso, mediante recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Salía así al paso del demoledor informe de la CE, publicado en exclusiva por EL COMERCIO, donde se recogían irregularidades como una «doble contabilidad de 88.765 camiones», que el Gobierno español no había negado.
Lo primero depende de la Autoridad Portuaria, que fue explícitamente invitada por la Comisión Europea a participar como parte en lo que queda de procedimiento, sin perjuicio de que el interlocutor oficial siga siendo el Ministerio de Hacienda, que es el competente en todo lo relacionado con fondos comunitarios.
Abocados a Luxemburgo
El recurso judicial, si la vía administrativa se agota, dependerá de lo que decida el Gobierno de España, de manera que la Autoridad Portuaria de Gijón puede alentarlo, pero no acordarlo. Declaraciones más o menos recientes del ministro Montoro y del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, apuntan a que el final de trayecto se fija en Luxemburgo. Tan es así, que cabe pensar que si el Gobierno de España ha exasperado a la CE por lo que Bruselas califica de inacción ante las acusaciones de la OLAF, es porque da por perdida la vía administrativa y se centra ya en la judicial. En cualquier caso, la situación de El Musel no sólo moviliza a sus consejeros y más directos responsables. El miércoles, la semana continuó con la comparecencia de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, ante los trabajadores de El Musel, para transmitir tranquilidad sin ocultar preocupación. El comité de empresa teme que las condiciones laborales empeoren y ya dice que, cuando menos, la plantilla disminuye.
La segunda parte de la semana incrementó aún más el debate portuario, ya que tribunales y parlamento toman la palabra. Los primeros, a instancia de la Asociación Ciudadanos para Asturias, que lidera el expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés Raimundo Abando. La primera decisión judicial será si tramita o archiva la demanda, que hace poca o nula referencia a los hechos reseñados por la OLAF y se centra en supuestas vulneraciones de la normativa española sobre contratación pública.
Abando destaca que el incremento de precios admitido para la piedra de la cantera de Aboño después de la adjudicación del concurso es ilegal porque fue firmada antes de que el modificado fuera aprobado por los órganos competentes y sin concurrencia pública.
Tan sólo un día después fue la Junta General la que, por unanimidad, decidió tomar cartas en el asunto, al menos desde el punto de vista dialéctico, con la creación de una comisión de investigación que intente aclarar las circunstancias que condujeron a la situación actual. Una diputada regional explicó a este periódico que el Parlamento regional debe «sorber y soplar a la vez», porque asume el objetivo de detectar todas las posibles irregularidades sin estorbar la defensa de los intereses del puerto en el ámbito europeo. La investigación se produce, además, con el telón de fondo de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Acto inaugural de la ampliación de El Musel el 11 de enero de 2011. En primer plano, Alvaro Cuesta, Fernández, José Blanco, Areces y Paz Felgueroso. / E. C.
- La Junta General del Principado intentará clarificar lo ocurrido sin perjudicar la defensa del derecho a la subvención de 247,5 millones
- La Autoridad Portuaria prepara sus alegaciones a la CE entre sospechas y acusaciones
GIJÓN
9 noviembre 201400:43
El futuro de El Musel y las consecuencias que puede tener la decisión de la Comisión Europea de anular la subvención de 247,5 millones que había concedido para sus obras de ampliación, tanto en lo que se refiere a responsabilidades del pasado como a la situación financiera y comercial de los próximos años, han configurado una más que movida semana portuaria en la que Junta General del Principado y juzgado han tomado la palabra.
LAS POSICIONES
CE. Anula la subvenciónde 247,5 millones comprometida y exige la devolución de los 198 millones ya aportados.
Gobierno de España. Critica la gestión de las obras realizada por los socialistas, pero defiende el derecho a las ayudas.
Gobierno del Principado. Detecta tibieza del Gobierno de España frente a la CE y ofrece colaboración en la respuesta.
Autoridad Portuaria. Admite insolvencia para acometer en solitario la financiación de las obras.
La interpelación del PP sobre las previsiones para el principal puerto comercial de la región que fue debatida en el Parlamento regional el 30 de octubre fue solo el preámbulo para una riada de novedades que el senador Isidro Martínez Oblanca pareció intuir el lunes, cuando en medio de una rueda de prensa sobre fondos mineros dejó caer su opinión de que «el futuro de El Musel depende de un hilo».
El martes, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón analizó la situación derivada del informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) y acordó, sin votaciones, preparar alegaciones con el objetivo de defender las ayudas, primero en vía administrativa, ante la propia Comisión Europea que exigió su devolución y, luego, si llega el caso, mediante recurso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Salía así al paso del demoledor informe de la CE, publicado en exclusiva por EL COMERCIO, donde se recogían irregularidades como una «doble contabilidad de 88.765 camiones», que el Gobierno español no había negado.
Lo primero depende de la Autoridad Portuaria, que fue explícitamente invitada por la Comisión Europea a participar como parte en lo que queda de procedimiento, sin perjuicio de que el interlocutor oficial siga siendo el Ministerio de Hacienda, que es el competente en todo lo relacionado con fondos comunitarios.
Abocados a Luxemburgo
El recurso judicial, si la vía administrativa se agota, dependerá de lo que decida el Gobierno de España, de manera que la Autoridad Portuaria de Gijón puede alentarlo, pero no acordarlo. Declaraciones más o menos recientes del ministro Montoro y del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, apuntan a que el final de trayecto se fija en Luxemburgo. Tan es así, que cabe pensar que si el Gobierno de España ha exasperado a la CE por lo que Bruselas califica de inacción ante las acusaciones de la OLAF, es porque da por perdida la vía administrativa y se centra ya en la judicial. En cualquier caso, la situación de El Musel no sólo moviliza a sus consejeros y más directos responsables. El miércoles, la semana continuó con la comparecencia de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, ante los trabajadores de El Musel, para transmitir tranquilidad sin ocultar preocupación. El comité de empresa teme que las condiciones laborales empeoren y ya dice que, cuando menos, la plantilla disminuye.
La segunda parte de la semana incrementó aún más el debate portuario, ya que tribunales y parlamento toman la palabra. Los primeros, a instancia de la Asociación Ciudadanos para Asturias, que lidera el expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés Raimundo Abando. La primera decisión judicial será si tramita o archiva la demanda, que hace poca o nula referencia a los hechos reseñados por la OLAF y se centra en supuestas vulneraciones de la normativa española sobre contratación pública.
Abando destaca que el incremento de precios admitido para la piedra de la cantera de Aboño después de la adjudicación del concurso es ilegal porque fue firmada antes de que el modificado fuera aprobado por los órganos competentes y sin concurrencia pública.
Tan sólo un día después fue la Junta General la que, por unanimidad, decidió tomar cartas en el asunto, al menos desde el punto de vista dialéctico, con la creación de una comisión de investigación que intente aclarar las circunstancias que condujeron a la situación actual. Una diputada regional explicó a este periódico que el Parlamento regional debe «sorber y soplar a la vez», porque asume el objetivo de detectar todas las posibles irregularidades sin estorbar la defensa de los intereses del puerto en el ámbito europeo. La investigación se produce, además, con el telón de fondo de las próximas elecciones municipales y autonómicas.