La Sindicatura detecta contratos "sin control alguno" en el Principado hasta 2011

 

• Fotos de la noticia

L. S. NAVEROSContratos sin control alguno, amparados por "acuerdos marco" (que regulan la adquisición, por ejemplo, de material homologado); nulo seguimiento de si el servicio o la compra ha sido efectivamente prestado; concentración de gran número de adjudicaciones directas en pocas empresas, o procedimientos negociados con criterios de adjudicación poco claros y que no generan ninguna condición ventajosa para la Administración.

Estos son algunos ejemplos del rosario de irregularidades que ha detectado la Sindicatura de Cuentas en la contratación menor y los contratos negociados de las consejerías de Educación y Administraciones Públicas, entre los años 2007 y 2011. Ambas consejerías están siendo investigadas judicialmente por el "caso Marea", un caso de supuesta corrupción en el Principado de Asturias que saltó a raíz de que saliera a la luz que una funcionaria, Marta Renedo, supuestamente adjudicaba contratos a empresas fantasma, apropiándose del dinero. A raíz de las escuchas autorizadas por el juez, el caso destapo otra red de corrupción en la consejería de Educación, que acabó con el entonces consejero, José Luis Iglesias Riopedre, en prisión, por tratos de favor a dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín.

La fiscalización de la Sindicatura de Cuentas revela un caldo de cultivo excepcional para este tipo de desmanes: la existencia de acuerdos marco cuya licitación ya nadie recuerda, que privilegian a algunas empresas en sus relaciones con la administración, y que permiten la compra de bienes o servicios sin control alguno. "La Dirección General de Patrimonio se encargaba de la licitación y adjudicación de los acuerdos marco. En los pliegos de dichos acuerdos no se especificaban las condiciones en que se debería realizar la contratación derivada de los mismos. Aún así, dicha Dirección general no realizaba control posterior alguno sobre la contratación realizada", señala el informe en una de sus conclusiones. Y añade: "la licitación y adjudicación de los acuerdos marco, en la Administración del Principado de Asturias, no se fiscaliza en ninguna de sus fases iniciales. Tampoco se fiscaliza la contratación derivada de los mismos. En definitiva, en lo que respecta a los acuerdos marco, no se percibe la existencia de control alguno". Ello lleva a la existencia de "un volumen de gasto, sin cuantificar, sobre el que no existió ningún control".

Pero además, hay cierto batiburrillo en la fiscalización general de la contratación, ya que, según la Sindicatura, el Principado "no ha identificado por su naturaleza, ni cuantificado, la contratación menor realizada en el periodo fiscalizado. Tampoco es capaz de separar, en el periodo fiscalizado, los gastos referidos a la adquisición de bienes homologados".

También ha encontrado el órgano fiscalizador asturiano que se incumplía la obligación de comprobar las inversiones con el acta de recepción firmada por los que recibían el bien o servicio.

En cuanto al uso del procedimiento negociado, en el 32,5 por ciento de los contratos analizados en Educación no existe documentación que acredite que la negociación realmente se produjo, algo que ocurre en el 46,7 por ciento de los contratos de Administraciones Públicas. En esta consejería, no se obtuvieron ventajas del procedimiento negociador en el 93 por ciento de los contratos analizados, y en Educación ocurre algo similar en el 67,4 por ciento; es decir, que no obtuvieron rebaja en el precio o en el plazo o en la calidad de los servicios o bienes adquiridos.

En cuanto a la contratación menor, hay una gran concentración en pocas empresas: el 1,05 por ciento de los adjudicatarios obtuvieron el 35,58 por ciento de los contratos, por un importe total de 21,2 millones de euros. Aparecen entre estos contratos, mezclados, adjudicaciones que proceden de acuerdos marco, y que afectan a empresas vinculadas al "caso Marea". Son 157 contratos, por más de un millón de euros, según el informe.

La Sindicatura se queja además de las dificultades para obtener información del Principado, destacando que la Administración regional fue "parca" a la hora de dar información, pero "profusa" a la hora de hacer alegaciones al informe provisional.