La actividad presuntamente delictiva del ex ingeniero de Urbanismo de Polop y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia José Vicente Martí Albiñana no se circunscribió solo al ámbito de la localidad que lo contrató a través de un convenio con una de sus empresas, EIA Ingeniería, SL. El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de Valencia, Francisco Silla Sanchis, deja en evidencia que su nombre aparece en la relación de 35 personas acusadas por la supuesta comisión de los presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, contra la Hacienda pública, falsificación y blanqueo de capitales en el caso Terra Mítica. Entre las 26 empresas que son consideradas en ese auto responsables civiles subsidiarias está, precisamente, EIA Ingeniería, SL.

Un informe policial que sirvió para que fuera imputado en el caso Polop descubrió que entre 1999 y 2006 Martí Albiñana diseñó una estructura empresarial para dar apariencia de legalidad a sus actividades, “interponiendo para ello diversas personas físicas y jurídicas para no llamar la atención”. La tesis policial, procedente de los datos cruzados con la Agencia Tributaria, abundaba en que de esta manera pudo evacuar un beneficio, supuestamente ilícito, de más de un millón de euros manejando tres mercantiles.

El proceder de este técnico era derivar los ingresos obtenidos por Urbanismo e Ingeniería de la Marina, SL., la empresa que redactaba los informes de casi todos los urbanizadores de los 11 PAIs de la localidad a otras dos sociedades: EIA Ingeniería, SL, a través de la cual estaba contratado en el Ayuntamiento, y Marina Social, SL. Esta última fue usada por el ingeniero de Polop y su mujer, la jueza Laura Alabau, con la que compartía la mercantil al 50%, para acaparar los beneficios y comprar dos

apartamentos en Dénia por un importe de 500.000 euros.

Pero no solo utilizó en Polop la empresa. De hecho, según el auto, Martí Albiñana como cooperador necesario y su empresa EIA Ingeniería, SL. como responsable civil subsidiaria deben prestar una fianza para asegurar las responsabilidades que puedan declararse procedentes por responsabilidad civil por las siguientes cantidades:

• 334.286 euros por el delito contra la Hacienda pública cometido por la mercantil Depimsa en el impuesto de sociedades del año 2000.
• 2.027.269 euros por el delito contra la Hacienda pública cometido por C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente, SL. en el impuesto de sociedades del año 2000.
• 624.818 euros por el delito contra la Hacienda pública cometido por C3 en el IVA de 2000.
• 526.485 euros por un delito contra la Hacienda pública cometido por C3 en el impuesto de sociedades del año 2001.
• 370.104 euros por el delito contra la Hacienda pública cometido por C3 en el IVA de 2001.

La suma de estas cantidades da una cifra de 3.882.962 euros de la que Martí Albiñana y EIA Ingeniería, SL. deberán responder proporcionalmente en un caso al que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio trámite en 2005 tras una denuncia de la Agencia Tributaria. Entonces presentó una querella contra 17 empresas y 25 personas físicas por un supuesto fraude en los ejercicios 2000 y 2001 del Impuesto de Sociedades y del IVA a través de un entramado de mercantiles que organizaron un red de factura falsas. La denuncia acercaba el valor de lo defraudado a los 4,5 millones de euros. El auto eleva el número de encausados y fija fianzas totales de más de 11 millones de euros.

Martí Albiñana ya declaró el 24 de enero de 2006 en el juzgado número 3 de Valencia el mismo día que Juan Carlos Moreno Carpio y José Herrero García porque había realizado diferentes servicios para una de las firmas del empresario Vicente Conesa. Posteriormente, un informe de la Guardia Civil durante la investigación de sus actividades en Polop descubrió que entre los gastos de sus empresas, declaró el pago de 426.758,29 euros a C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL., una de las empresas de Vicente Conesa.

Aunque la investigación de la trama urbanística del caso Polop fue archivada en relación a Martí Albiñana porque cuando fue imputado en septiembre de 2010 los posibles delitos que hubiera podido cometer en base a su consideración de funcionario habían prescrito, la acumulación y compra de bienes en los años investigados es tremenda. La información de Hacienda cruzada por la policía llega a la conclusión que entre 1999 y 2006 acumuló un beneficio de 1.016.561,96 euros con tres mercantiles.

El proceder era “derivar los ingresos obtenidos por Urbanismo e Ingeniería de la Marina, SL a las otras dos sociedades: EIA Ingeniería, SL y Marina Social, SL”, según la policía. “Se puede deducir que UEI La Marina habría tenido un carácter totalmente instrumental, constituyéndose en una emisora de remesas de dinero mediante la realización de pagos por compras a las otras dos mercantiles, esto es EIA y Marina Social, quedando esta última como una sociedad meramente patrimonial, siendo utilizada por José Vicente Martí para la adquisición de bienes inmuebles”, añadía.

José Vicente Martí llegó a Polop de la mano de Juan Cano, entonces concejal de Urbanismo, a través de un convenio que firmó el Ayuntamiento con la Universidad Politécnica de Valencia en 1999. Fue contratado a través de la mercantil EIA Ingeniería y al poco de comenzar a trabajar en Polop, esta sociedad ya compró dos vehículos, un Mercedes C220CDI en 2001 y un Audi 4 1.9 en 2003, todavía en propiedad de la mercantil cuando la Guardia Civil hizo el informe a finales de 2008. También compró un Renault Megane en 2000, un Seat Ibiza en 2002 y un Volkswagen Passat en 2003, todos ellos vendidos en 2007. Entre 2001 y 2002 compró un inmueble de 100 metros cuadrados, una plaza de garaje con trastero de 36 metros y un local comercial de otros 323, todos ellos en Valencia, por 372.674,85 euros.

Sin embargo, la principal inversión la ejecutó Marina Social, SL, compartida por Martí al 50% con Laura Alabau, su mujer, la jueza ahora ejerciente en la Ciudad de la Justicia de Valencia que se hizo famosa en Dénia porque se negó a celebrar matrimonios entre homosexuales. Esta empresa recibió entre 2005 y 2007 hasta 597.400 euros de las otras dos, dinero con el que compraron en Dénia dos apartamentos de 137,6 metros cada uno, dos garajes de 53,84 metros y un trastero de 4,95 por 500.000 euros. La policía concluyó que “no se observa por parte de los socios intención de operar en el tráfico mercantil”.

Martí Albiñana obtuvo la plaza como profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia en marzo de 2002.