Mientras la clase trabajadora paga con precariedad, recortes y subidas de impuestos, una minoría de políticos y empresarios se reparte el botín público.

Por Gabriela Rojas | 11/04/2026

Este mes de abril, la justicia española vive un momento histórico y revelador. Casi al mismo tiempo, la Audiencia Nacional ha iniciado el juicio por la Operación Kitchen y el Tribunal Supremo ha abierto la vista oral del caso Koldo (también conocido como caso Ábalos o de las mascarillas). Dos macrocausas que, más allá de sus detalles, desnudan la podredumbre del sistema político español: un bipartidismo (PP-PSOE) que alterna el poder desde la Transición y que ha convertido la corrupción en una práctica estructural. No se trata de “manzanas podridas”, sino de un sistema diseñado para que el lucro personal y el clientelismo florezcan a costa de lo público. Una lacra que trasciende partidos y que solo se erradicará con un cambio radical de modelo.

La Operación Kitchen: el Estado al servicio del PP para ocultar su propia corrupción

La Operación Kitchen, séptima pieza de la Operación Tándem, se remonta a 2013-2015, durante el gobierno de Mariano Rajoy. El Ministerio del Interior, bajo Jorge Fernández Díaz (ministro) y Francisco Martínez (secretario de Estado de Seguridad), articuló un operativo parapolicial con fondos reservados para espiar y robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El objetivo era claro: destruir pruebas de la “caja B” del partido, la financiación irregular que salpicaba a la cúpula popular y que estaba siendo investigada en el caso Gürtel.

Comisarios como José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, junto al chófer de Bárcenas (Sergio Ríos), formaron parte de esta “policía patriótica”. Se sustrajeron agendas, documentos contables y notas sobre campañas en Madrid. Se pagó con dinero público y sin control judicial. La Fiscalía pide penas de hasta 19 años para Villarejo y 15 para los exdirigentes políticos. El juicio, que arrancó el 6 de abril, pone en el banquillo a una parte relevante de la antigua cúpula de Interior. No es un caso aislado: es la prueba de que el Estado fue instrumentalizado para proteger a un partido en el poder.

El caso Koldo: el PSOE y las mordidas en plena pandemia

Solo unos meses después de que estallara la pandemia de COVID-19, en 2020, se gestó la trama Koldo. Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos (también exsecretario de Organización del PSOE), junto al empresario Víctor de Aldama, montaron presuntamente una red de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. La empresa Soluciones de Gestión facturó más de 53 millones de euros en contratos de emergencia adjudicados por Puertos del Estado y Adif, entre otros. Se estima que las “mordidas” rondaron los 10 millones de euros.

La investigación (Operación Delorme) ha salpicado también a ministerios como Sanidad e Interior, y a gobiernos autonómicos socialistas en Baleares y Canarias. Se investigan delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. El juicio principal por las mascarillas comenzó el 7 de abril de 2026 en el Supremo, con Ábalos enfrentando una petición de 24 años de cárcel, Koldo de 19,5 y Aldama de 7 (tras colaborar). El caso ha provocado la expulsión de Ábalos del PSOE y ha puesto en jaque la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo más grave no es la suma de casos aislados. Es que ambos escándalos —uno del PP, otro del PSOE— ilustran el mismo patrón: el uso del aparato del Estado para enriquecimiento personal y partidista. En Kitchen, se usaron fondos reservados y la policía para tapar la financiación irregular del partido en el poder. En Koldo, se aprovecharon contratos de emergencia sanitaria para cobrar comisiones. En ambos, el bipartidismo ha demostrado que el poder no se ejerce para servir al interés general, sino para perpetuar privilegios.

Una corrupción sistémica que trasciende partidos

Estos no son episodios excepcionales. Son la expresión de un bipartidismo que, desde la Transición, ha configurado un Estado oligárquico donde el lucro personal y el individualismo mandan. PP y PSOE se alternan en el Gobierno, se acusan mutuamente en el Congreso y en los medios, pero comparten el mismo modelo: privatizaciones, puertas giratorias, clientelismo y un régimen donde las élites económicas y políticas se retroalimentan.

La corrupción no es un “fallo humano”; es estructural. Está enquistada en las instituciones porque el sistema actual premia el enriquecimiento rápido, la opacidad y la impunidad relativa. Mientras la clase trabajadora paga con precariedad, recortes y subidas de impuestos, una minoría de políticos y empresarios se reparte el botín público. Kitchen y Koldo son solo la punta del iceberg de un iceberg que incluye Gürtel, ERE, Filesa, Bárcenas, Neurona y decenas de casos más.

Un proceso constituyente para un Estado de la clase trabajadora

Para romper esta dinámica no basta con cambios cosméticos, nuevas leyes anticorrupción o “regeneración democrática” que, en manos de los mismos, solo sirven para blanquear el sistema. Es imprescindible un cambio de sistema profundo. Un modelo que no esté basado en el lucro personal ni en el individualismo liberal, sino en la solidaridad, la planificación democrática y la prioridad absoluta de las necesidades de la mayoría social.

Es más necesario que nunca abrir un horizonte de ruptura: un proceso constituyente que permita refundar el Estado desde abajo. Un proceso donde la soberanía popular sea real, no delegada en élites corruptas. Donde se construya un nuevo marco institucional por y para la clase trabajadora: con una economía al servicio del pueblo trabajador, no del capital; con transparencia total en las instituciones; con mecanismos de control popular sobre los cargos públicos; y con la eliminación de privilegios que convierten la política en un negocio.

La historia demuestra que los sistemas corruptos no se reforman desde dentro. Se transforman con movilización popular, organización colectiva y audacia política. Kitchen y Koldo no son el fin de una era; pueden ser el catalizador de una nueva. La clase trabajadora —la que produce la riqueza, la que paga la crisis y la que sufre la corrupción— tiene la fuerza y la legitimidad para exigir y construir un Estado verdaderamente democrático, social y popular.

La alternativa es clara: o seguimos atrapados en el pantano del bipartidismo corrupto, o avanzamos hacia una refundación que ponga fin a la lacra y abra el camino a una sociedad justa. El momento es ahora.