Las decisiones adoptadas en relación con el puerto de València son un buen ejemplo de los riesgos que comporta el progreso entendido este como el crecimiento económico sometido al mercado y a las ganancias financieras. Las derivas de estas decisiones son muchas pero quiero detenerme en una en particular, la que trata sobre quién paga las consecuencias cuando esos riesgos potenciales se convierten, efectivamente, en efectos negativos reales. Cuando me refiero a pagar, me refiero a abonar con dinero la reversión del mal hecho, sean los costes por el incremento de la contaminación, la reducción del empleo, la desaparición de biodiversidad, la destrucción de un hábitat natural y otros costes consecuencia de daños de difícil, costosa o imposible reversión. El caso de la Plataforma Castor es un buen ejemplo de lo que pasa cuando se desoyen los avisos sobre los riesgos potenciales y que al final, una vez confirmados, su reversión es pagada por todos con cifras millonarias.

Ahora, con la construcción del futuro muelle del puerto, que supone un incremento de superficie de 137 hectáreas, -para que nos hagamos una idea, Ciutat Vella ocupa 169 hectáreas—, los riesgos potenciales de la mera construcción y de la actividad asociada sobre el medio ambiente son de la misma envergadura que los que produce el ya de por sí enorme puerto de València (540,32 ha, 13.232 metros de línea de atraque distribuidos en quince muelles, superficie a la que hay que añadir las 9.709 ha de las zonas de flotación). En este mismo diario ya se han publicado artículos e informes que describen los efectos negativos que tiene el actual puerto y los riesgos que supone la nueva ampliación. Estas publicaciones y otras de carácter menos divulgativo pero más científicas, son relevantes a la hora de determinar quién deberá pagar tales efectos cuando se produzcan. 

No podrán por tanto los promotores de esta ampliación apelar a que ni ellos ni el conjunto de la administración, estaban avisados por la ciencia y la técnica actual, de los efectos negativos y dañinos irreversibles que su decisión iba a ocasionar. Serán pues los que apoyen esta decisión por acción u omisión, los únicos que deberán asumir los costes que ello conlleve. El proyecto Castor costó al erario 1.350 millones por indemnizaciones de Enagas a la empresa propietaria de la concesión. La regeneración de 7 kilómetros de costa en las playas de L'Arbre de Gos, del Saler y Garrofera tiene costes presupuestarios multimillonarios consecuencia de las decisiones adoptadas hace décadas. ¿Cuáles serán los costes para evitar, minimizar o restaurar los efectos que ocasione la ampliación del puerto? Es difícil cuantificarlo, pero teniendo en cuenta experiencias anteriores no será poco.