Clan del hormigón . Nuevo escándalo en el puerto de Las Palmas.

Puertos del Estado descubre el uso de bloques deteriorados en La Esfinge

Fomento insta a comprobar los materiales empleados en la obra "por razones de estabilidad del dique"

armando ojeda 27.10.2014 | 01:10

                        Puertos del Estado descubre el uso de bloques deteriorados en La Esfinge

El Ministerio de Fomento ha detectado el empleo de bloques en "avanzado estado de deterioro" en las obras de la segunda fase del dique de La Esfinge, un proyecto licitado en 2007 por 46,3 millones de euros y recepcionada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas en 2011.

El desarrollo de los trabajos ha motivado la apertura de un expediente informativo de orden interno a cuatro técnicos del Puerto, además de una reclamación de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras (Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero) por un importe de 12,5 millones de euros, en concepto de actuaciones ejecutadas no contempladas en el contrato original. A petición de La Luz, Puertos del Estado ha emitido un informe jurídico en el que desestima la demanda de la contrata, no sin apuntar graves fallos técnicos y contables en el devenir del proyecto.

La auditoria de Fomento repasa uno por uno los conceptos por los que reclama pagos extra la UTE. Entre ellos, la fabricación de bloques de hormigón en el manto de La Esfinge. Las constructoras argumentaron que durante el desarrollo de los trabajos el proyecto fue modificado: en principio, se contemplaba la colocación de bloques de 56 y ocho toneladas de peso, pero luego se habrían añadido otros de 30 y 15 toneladas. "Hasta la reclamación", el organismo dependiente del Ministerio de Fomento desconocía la existencia de otras piezas que las designadas inicialmente, según se refleja en el dictamen. Es por ello, que se considera "imprescindible" comprobar la veracidad de la demanda "ante la gravedad de los hechos y por motivos de estabilidad" del muelle exterior del recinto portuario de la capital grancanaria.

Es en este punto en el que se expresa que, en atención a "todos los informes" recabados por Puertos del Estado, efectivamente "se emplearon bloques de distintos tamaños a los contemplados en el proyecto". Como elementos de prueba se atienden a los estudios elaborados por la empresa Técnicas y Montajes Subacuáticos (TEMS) y un vídeo realizado por la compañía Grau. En atención al primero de los documentos, "cabe apreciar un estado de deterioro avanzado en algunos de los bloques colocados (erosión, marcas laterales, esquinas rotas)". Además, se considera "constatable el grado de colonización por organismos presente en muchos de ellos".

El informe es acompañado de un dossier fotográfico y un vídeo. La compañía contratada para la inspección por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas constató "la disposición de bloques de distintos tamaños, en muchos casos de pesos inferiores a los prescritos en proyecto para esta zona", entre las cotas de menos cuatro y menos diez metros de profundidad. Desde TEMS se expresó que esta heterogeneidad de los tamaños detectados más el deterioro de las piezas "permite colegir que una parte significativa de los bloques realmente puestos en obra podría no ser de nueva construcción, sino que habrían sido reutilizados, trasladando los mismos desde otras ubicaciones del Puerto de Las Palmas".

El documento emitido por Puertos del Estado para tratar de esclarecer los detalles de la obra incluye un informe de un técnico de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que se apunta el uso de "bloques procedentes de acopios, de contrastada calidad, procedentes de la recuperación de antiguos diques de protección convertidos en muelles de atraque". Se añade que "todos los bloques colocados estaban en perfecto estado, ya que se rechazaban todos los que tuvieran aristas desgastadas o estuvieran partidos. Esto no quiere decir", se concluía en este punto, "que el contratista colocara alguno en malas condiciones, y en ese caso se le aplicó el descuento correspondiente".

Descuentos

De este apunte técnico se revelan "dos hechos que no pueden ser compartidos por Puertos del Estado", por cuanto del reporte de TEMS "se comprueba que se colocaron bloques deteriorados" y que en los supuestos en los que el contratista colocó piezas "en malas condiciones, significar que estos descuentos no han sido reflejados en la liquidación de la obra".

"A la vista" de estas conclusiones, el dictamen del Ministerio de Fomento apunta como "hipótesis verosímil de lo acontecido" el hecho de que "la dirección de obra ordenó durante el transcurso de la misma modificaciones del proyecto". Variaciones relativas al "cambio de las dimensiones de una parte de los bloques", y "sin que esta modificación fuera objeto de tramitación conforme a la legalidad vigente, a través del correspondiente modificado".

El apartado de las grandes piezas de hormigón que debieron situarse en el manto del dique exterior de La Luz es, con todo, un capitulo más dentro de los conceptos por los que la UTE reclamaba 12,5 millones de euros al Puerto. Una demanda que Fomento considera, en atención al dictamen de sus servicios jurídicos, que no debe atenderse. Su informe estima que "la obra ha sido entregada por el contratista y efectivamente aceptada por la Autoridad Portuaria", y que las compañías habrían prestado de este modo su "conformidad y consentimiento de forma expresa" a la liquidación suscrita. A pesar de lo cual, el documento de la asesoría jurídica ahonda en distintas irregularidades detectadas en el desarrollo de los trabajos.

 

La obra del dique de La Esfinge se trata de una actuación de carácter estratégico para la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El proyecto de la segunda fase no fue sino el paso previo a la puesta en marcha del alargue que hoy se lleva a cabo en el muelle exterior de La Luz. A la actuación precedente se destinaron 46 millones de euros (lo adjudicado). La tercera fase, consistente en la prolongación del dique en 410 metros, que se añadirían a los 600 con los que ya cuenta, se cerró una licitación por 20,5 millones. Está previsto que estas últimas actuaciones puedan estar concluidas en el primer tramo del próximo año (de hecho, ya se han completado los primeros 150 metros del alargue). Sin embargo, aún quedarán otros dos proyectos para acabar con la estructura: dos contradiques en forma de martillo, cuya licitación prepara el Puerto. El primero saldrá de la propia Esfinge. El segundo, del vecino muelle Reina Sofía. La administración pretende ganar los espacios que hoy le faltan para el desarrollo de sus servicios. El dique, además, cambiará su nombre por el de Nelson Mandela, ya aprobado. Armando Ojeda.

 

Fomento revela graves fallos técnicos y contables en las obras de La Esfinge

Un informe jurídico de Puertos del Estado cuestiona la legalidad de los trámites y el correcto uso de fondos públicos

armando ojeda 26.10.2014 | 02:10

Luis Ibarra.QUIQUE CURBELO

Un informe jurídico de Puertos del Estado revela graves fallos técnicos y contables en la ejecución de la segunda fase del dique de la Esfinge, una obra adjudicada por 46,3 millones de euros y financiada en parte con fondos europeos. En el análisis sobre el proyecto, firmado por el jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, se relatan una serie de actuaciones que cuestionan la legalidad de algunos de los trámites administrativos seguidos y la veracidad de documentos oficiales aportados al expediente además de exponer presuntas actuaciones más graves que afectan al uso indebido de fondos públicos, el empleo de material de peor calidad a lo establecido (o defectuoso, que pone en riesgo la estabilidad y seguridad de la escollera), pagos injustificados, negligencias e impericias profesionales y modificaciones sustanciales sin autorización previa.

La auditoría -que recoge informes técnicos y financieros de los especialistas de Puertos del Estado- se inicia como consecuencia de la demanda de la UTE (Fomento de Construcciones y Contratas, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago) encargada del proyecto de la segunda fase de la Esfinge. Las empresas reclaman el abono de 12,5 millones de euros de más por daños y perjuicios ocasionados por encargos adicionales de la Autoridad Portuaria de Las Palmas para unos trabajos -como vertidos en la banqueta y hormigonado y demolición del espigón- fuera de contrato y que fueron recepcionadas por la administración portuaria en 2011, cuatro años después de firmarse la adjudicación.

La Asesoría Jurídica de Puertos del Estado desestima, primero, la petición de la UTE para cobrar 12,5 millones de euros adicionales sobre el presupuesto firmado. Y especifica que las empresas encargadas de la construcción de la segunda fase de la Esfinge deben devolver a la Autoridad Portuaria de Las Palmas un saldo de 1,2 millones de euros porque, entre otros motivos, en la liquidación final de la obra se pagaron "conceptos de material" que no se correspondían con "la realidad de la obra ejecutada".

La polémica construcción y las consecuencias jurídicas y financieras que para el Puerto pueden acarrear ya han sido expuestas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, a los miembros del consejo de administración, aunque, dada la gravedad de los hechos relatados, se ha optado hasta ahora por la discreción para evitar filtraciones que entorpecieran la investigación interna abierta. De hecho fue el propio Ibarra quien trasladó a Puertos del Estado la controvertida reclamación económica de la UTE, además de solicitar un dictamen jurídico, económico y técnico al respecto.

Como primera consideración general, el jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado sostiene que no procede admitir la reclamación de 12,5 millones de euros de la UTE, ya "que la firma por parte de la entidad contratista de la liquidación final con pleno conocimiento de todo su contenido y con su conformidad" supone "estar de acuerdo" con lo consignado en la misma.

Sin embargo, el informe jurídico no se queda solo en esta conclusión formal, sino que, "con carácter subsidiario", ahonda en cada uno de los conceptos por los que las compañías encargadas de construir la segunda fase de la Esfinge piden una cantidad adicional. En un extenso apartado de consideraciones jurídicas y en las conclusiones del documento se revelan pagos que no se corresponden con lo ejecutado, "coeficientes de seguridad inadmisibles" en elementos de la obra que hubieron de ser subsanados y el supuesto de que la administración pueda encontrarse ante una "grave irregularidad administrativa". "La gravedad es tal", recalcan los servicios jurídicos de Puertos del Estado, que se insta a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a "profundizar" en el desarrollo del proyecto en el muelle exterior del recinto.

La segunda fase del dique de La Esfinge ha sido objeto de un análisis interno en los últimos años. Primero, desde que en verano de 2011 se produjera una recepción fallida de la obra. Y después, a raíz de las primeras reclamaciones de cantidades, formuladas por la UTE en octubre 2012, según consta en el propio dictamen de Puertos del Estado. Esta demanda de cantidad fue en distintas ocasiones al consejo de administración del Puerto.

La polémica ejecución de la obra ha devenido también en un expediente informativo que se ha abierto a cuatro técnicos del Puerto (el director, el jefe de obra y dos trabajadores más). Hasta el momento, no se han trascendido mayores detalles de un procedimiento que sigue su curso en los despachos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Precisamente, los informes de los técnicos del Puerto constituyen parte de la documentación analizada por el Ministerio de Fomento para emitir un pronunciamiento sobre La Esfinge. También lo aportado por la Unión Temporal de Empresas. Aunque se concede especial relevancia a los dictámenes que fueron elaborados por los especialistas de Puertos del Estado. Entre ellos, el emitido con fecha de 19 de febrero de 2014.

El espaldón

Entre los apartados objeto de la reclamación de la UTE que se evalúan figura el abono del espaldón del dique vertical de La Esfinge a lo largo de 156 metros, un apartado polémico, porque no constaba en un principio entre las obras incluidas en la adjudicación. Y una vez levantado se tuvo que demoler en parte. "La obra del espaldón se ejecutó por parte del contratista, si bien la misma no estaba prevista en el proyecto original", reconoce el informe de Puertos del Estado.

La contrata solicitó en junio de 2011 al Puerto la recepción de las obras ejecutadas. Por entonces, el espaldón alcanzaba la cota de 14,70 metros, "sin que conste que se hubiera dado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas orden expresa de demolición". Desde La Luz se plantea entonces regularizar la obra "a una cota superior a la especificada en el proyecto inicial", que, se apunta, era la establecida en los 12,70 metros.

Puertos del Estado entendió que la solución "no era aceptable" por lo que informaría negativamente sobre la actuación. En Febrero de 2012, la Autoridad Portuaria reconduce el expediente y ordena que "restablecer la sección tipo de dique vertical en toda su longitud".

El informe estima como prueba lo anotado en el libro de ordenes de la obra, para considerar que la elevación sobre la altura prevista "contó con el consentimiento tácito de la Autoridad Portuaria de las Palmas". Y, en consecuencia, señala que "se debe abonar a la UTE recurrente por este concepto el hormigón colocado en el espaldón entre las cotas 14,70 y 12,70 en los 156 primeros metros del dique vertical", eso sí, "descontando" 22 metros, que "ya han sido abonados en la liquidación final de la obra".

Del mismo modo, la contrata pedía cobrar la demolición de parte de este espaldón, además de los materiales de más empleados. Para Fomento, en este caso procede la reclamación, por un importe de 414.516,94 euros, al observarse la "aprobación tácita de la Autoridad Portuaria" de estos trabajos en concreto.

La escollera

Más compleja es la sucesión de acontecimientos que se repasan en torno a los vertidos de escollera en la prolongación del dique cuando este se encontraba en una segunda fase, en lo que habría sido la preparación del alargue del muelle (la tercera fase, actualmente en curso para ampliar la estructura en 410 metros, a añadir a los 600 con los que ya cuenta). La dirección técnica de Puertos del Estado verifica que "se ha procedido al vertido de material", y que entre noviembre de 2009 y octubre de 2012 "aparece en dicho espacio una banqueta siguiendo la alineación del dique con una longitud aproximada de 180 metros".

La UTE sostiene que fue el Puerto el que le ordenó estos trabajos. Y Fomento considera los partes elaborados por los vigilantes adscritos a la obra como "prueba inequívoca de la voluntad de la Autoridad Portuaria" de autorizarlos. "Si bien sería conveniente verificar la autenticidad de dichos partes mediante su comprobación con los que obra en el expediente o bien mediante la toma de declaración de sus autores en el caso de que dichos partes no consten en el expediente", se especifica en el informe jurídico.

Los técnicos de Puertos del Estado deducen que los vigilantes "rechazaron numerosas partidas de material con destino a la banqueta de cimentación al no reunir las características adecuadas". Para esta conclusión se apoya en el laboratorio de geotecnia del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que elaboró un análisis de las condiciones de la sección del dique vertical. Se tomaron entonces muestras y se evaluó la estabilidad de la estructura, para plasmarse todo en otro informe, de carácter técnico, con fecha de julio de 2013.

Es en este estudio donde se expresa que "el material realmente dispuesto en la banqueta se puede calificar como todo uno de cantera sin clasificar". Los parámetros, se añade, "son más desfavorables que los previstos en los proyectos constructivos del dique, tanto en la segunda como en la tercera fase, donde se preveía la escollera". Así, se establece que, en general, "las características del material de cantera de vertido resultan ser peores que las recogidas" inicialmente, y "por tanto, que las asumidas contractualmente".

Estos hechos también son abordados en otro documento, de junio de 2008, elaborado por la adjudicataria de la asistencia técnica para el control de las obras, las firmas Intemac y Trama Ingenieros. Un dictamen al que alude Puertos del Estado y que expone que "la empresa constructora no ha empleado el material prescrito en el proyecto (escollera de peso comprendido entre 60 y 300 kilogramos). Pese a las reiteradas instrucciones y advertencias de la dirección facultativa", se expresa, "el material utilizado podría clasificarse en su mayoría como todo uno".

El 30 de marzo de 2009 se resolvió "de mutuo acuerdo" el contrato entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y las empresas que asumieron la asistencia técnica. En la auditoría se apunta que "Puertos del Estado no tuvo conocimiento de la existencia de dicho contrato de asistencia técnica a la dirección de obra hasta diciembre de 2013", cuando un técnico del Puerto lo incluye como anexo en uno de sus informes.

Es en este apartado relativo a la escollera en el que el organismo dependiente de Fomento afirma que "la UTE reclamante ha incumplido las obligaciones que contractualmente había sumido con respecto a las características y calidad del material vertido en la banqueta del dique vertical", lo que "constituye claramente un supuesto de impericia profesional". El caso es que la Autoridad Portuaria de Las Palmas abonó "el material aludido como si cumpliese con los requisitos de calidad establecidos en el pliego de prescripciones técnicas".

El informe de Puertos del Estado añade que "en el caso de que se apreciara concurrencia de responsabilidad por parte del personal de la Autoridad Portuaria no es preciso subrayar la gravedad del hecho, habida cuenta de que las cantidades indebidamente satisfechas son caudales públicos". Sin embargo, Fomento considera que debería abonarse a la contrata "el material efectivamente vertido", en relación "a la calidad del mismo". Y estima que se tendría que liquidar 659.865,76 euros a las compañías.

También cifra en otros 228.819, 98 euros los pagos que procedería efectuar a la UTE por los sobrecostes por los vertidos de escollera, al entender que el Puerto reconoció esta actuación , que se derivó en una "mayor complejidad de la obra" y movilización de equipos.

Pero apunta que, al examinar el posterior proyecto de la tercera fase de La Esfinge, la prolongación sobre lo construido en la segunda fase, se advirtió que las bermas (cornisas del dique) tenían una configuración "rebajadas", que "soporta coeficientes de seguridad inadmisibles". Algo por lo que Puertos del Estado descartó la solución referida.

En cumplimiento de sus órdenes, la UTE "procedió al recrecido de las banquetas hasta completar las anchuras de las bermas", prestación "abonada durante la liquidación de la obra". De ahí que Fomento advierta que el sobrecoste a pagar a las empresas debe circunscribirse "estrictamente" a la mayor complicación de los trabajos.

El informe de Puertos del Estado señala que "habrá que comprobarse por medios técnicos oportunos" que el material con el que se procedió al recrecido de las banquetas "se corresponde" con el pagado en la liquidación, "ya que de no ser así estaríamos en presencia de una grave irregularidad administrativa que exigiría poner en conocimiento del órgano jurisdiccional competente para depurar responsabilidades".

 

Obras de corrección

Después de acabada la segunda fase, el Puerto ha licitado dos proyectos para subsanaciones

armando ojeda 26.10.2014 | 02:10

Las reclamaciones de cantidad de la contrata que ejecutó la segunda fase de las obras de La Esfinge han sido abordadas al menos en dos ocasiones en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. El presidente, Luis Ibarra, llevó al órgano de gobierno el expediente en abril de 2013, cuando las empresas reclamaban dos millones de euros por actuaciones no contempladas en el contrato. Posteriormente, esta demanda se amplió hasta los 12,5 millones, en noviembre del mismo año. Ibarra dio cuenta ante los medios de comunicación su solicitud de informes pertinentes a la Intervención del Estado y Puertos del Estado, organismo este último dependiente del Ministerio de Fomento.

Desde el equipo de Ibarra se han expuesto los problemas con esta fase de La Esfinge al tiempo que se ha impulsado la ejecución de una tercera, para alargar la estructura y permitir el desarrollo de una dársena en la que Naviera Armas pretende invertir entre diez y doce millones de euros para instalar allí su nueva base de ferris. En este enclave también ha comenzado a operar la multinacional Oryx, que empleó 60 millones de euros en levantar trece grandes depósitos de combustible con los que da servicio a su flota. Sin embargo, también se han tenido que licitar dos proyectos complementarios, de acondicionamiento batimétrico, relativos a la obra submarina del dique.

Uno de ellos, licitado a partir de 2012, después de que el laboratorio de Cedex recomendase la sustitución de dos metros superficiales de material ya dispuesto en la banqueta por la escollera definida en proyecto. Esta actuación se presupuestó en 123.914,23 euros.

Del mismo modo, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas celebrado el pasado mes de julio declaró desierto el concurso convocado para una actuación similar, que tendrá que volver a licitarse y cuya estimación rondaba la cantidad de 300.000 euros.

La Esfinge, su controvertida segunda fase, será objeto de debate en el próximo consejo en La Luz, previsto para el próximo mes de noviembre. Ibarra prevé exponer el informe jurídico de Puertos del Estado. Será allí donde se aborden las actuaciones correspondientes, si proceden, en torno a una obra que, por otra parte, sigue en plena actividad, aunque en una fase diferente. La tercera.

Desarrollo futuro

Habrá, además, otros trabajos que en el futuro serán licitados por el Puerto, para cerrar la dársena y completar la principal área de expansión que en el recinto. Un proyecto con importantes consecuencias para el desarrollo global de La Luz. Por ejemplo, el hecho de que Armas pretenda concentrar allí sus operaciones permite a la Autoridad Portuaria de Las Palmas liberar atraques en otros muelles interiores, y disponer de Sanapú como eje del plan Puerto-ciudad. Es en este enclave donde se prevé la construcción de un gran acuario, un aparcamiento complementario y nuevas mejoras en torno a la importante actividad que el muelle de cruceros ha logrado atraer en los últimos años. Todo este panorama de futuro no sería concebible sin una nueva área de desarrollo, como es la que propicia La Esfinge.

 

Puertos del Estado pide elevar a la Fiscalía las irregularidades en la construcción de La Esfinge

Las empresas que formaban la UTE para la construcción del dique recibieron una cantidad superior a la establecida por los bloques de hormigón que conforman parte de la estructura, según un informe de Puertos

Cuatro técnicos han sido expedientados por supuestas irregularidades en las obras de este dique

El anterior presidente de la Autoridad Portuaria confirma que el informe jurídico emitido por Puertos del Estado recoge que la indemnización que piden las empresas constructoras no procede

Rayco Bejarano- Las Palmas de Gran Canaria

29/10/2014 - 21:10h

 

Vista aérea del Puerto de La Luz y de Las Palmas. Foto: Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las anomalías producidas en la ejecución de las obras del dique de La Esfinge en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, recogidas en el informe jurídico que Puertos del Estado ha hecho llegar a la Autoridad Portuaria provincial, serán analizados el próximo diez de noviembre en la reunión del consejo de administración de la institución.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha confirmado a Canarias Ahora que el informe jurídico emitido por Puertos del Estado recomienda que se eleve a instancias judiciales algunas de las actuaciones llevadas a cabo durante las obras de ampliación del puerto capitalino.

El citado informe recoge que las empresas que formaban la UTE para la construcción del dique recibieron una cantidad superior a la establecida por los bloques de hormigón que conforman parte de su estructura.

 

 

La Esfinge se traga a su jefe de obra

Los servicios de rescate encuentran el cuerpo sin vida de Carlos C.Y.

Operativo de emergencia, ayer, en el dique de La Esfinge nada más producirse el accidente. i ANDRÉS CRUZ Operativo de emergencia, ayer, en el dique de La Esfinge nada más producirse el accidente. i ANDRÉS CRUZ

M. ÁLVAREZ MORICE / J. BOLAÑOS
Un trabajador desapareció a mediodía de ayer al caer al mar durante la colocación del último cajón de hormigón de un muelle del Puerto de La Luz y de Las Palmas. El incidente ocurrió sobre las 12.15 horas, cuando dos remolcadores arrastraban el bloque flotante de 25 metros de ancho y 25 de alto, con la intención de colocarlo en el espigón del nuevo muelle de La Esfinge. El jefe de producción de la obra, Carlos C. Y., de 35 años, estaba sobre el cubo, al tiempo que dirigía la operación.

Por causas que se desconocen, los cabos que mantenía uno de los remolcadores se rompieron, por lo que se produjo un rápido desequilibrio de estabilidad del cajón. El hundimiento sucedió en apenas diez segundos, arrastrando al trabajador, que estaba sujeto al bloque con arnés de seguridad. Los cabos que agarraba el otro remolcador fueron soltados para evitar que la embarcación fuese arrastrada.

Los trabajadores intentaron rescatar a Carlos C. Y., al que perdieron rápidamente de vista en el agua. La Policía Portuaria, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo acudieron al lugar.

En un principio, se creyó que el trabajador desaparecido se encontraba sujeto al cajón, a unos tres metros de profundidad. Sin embargo, los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civl descubrieron pasadas las dos de la tarde que sólo trataba de su chaleco.

La embarcación Salvamar Nunki y el helicóptero Helimer 208 de Salvamento Marítimo ampliaron la zona de búsqueda, mientras los buzos lo hacían, hasta las cuatro de la tarde, a unos 35 metros de profundidad, unos 45 huecos del fondo marino, a pesar de los remolinos y de la fuerte corriente existente en la zona. Un helicóptero del 112 reemplazó en la búsqueda al de Salvamento. A las 08.30 horas de este viernes, la embarcación, el Helimer 208 y 10 buzos del GEAS retomaron las tareas de búsqueda, hasta encontrar el cuerpo en el agua sobre las 11.45 horas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrirá una investigación para aclarar qué negligencia se cometió en este accidente laboral. El GEAS tenía previsto reanudar hoy los trabajos de rastreo a partir de las 08.00 horas.