Los puertos de España —particularmente el de Vigo— lideran en Europa el desembarque de pesca ilegal de los buques pesqueros españoles en el Atlántico Sur y los buques de este país, asociados a empresas de isleños británicos, junto a taiwaneses y coreanos, pescan ilegalmente en Malvinas, y se agregan a los chinos cuando se trata de la pesca de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar.

A pesar de ello, la Revista Puerto (13/11/2025) informa que la secretaria de Pesca de España, María Isabel Artime García, se florea y afirma que "Ningún producto en nuestros puertos procede de actividades de pesca INDNR". Una abreviatura de pesca ilegal, no declarada y no registrada; tecnicismo que refiere a "pesca ilegal", que no es otra que "aquella en la cual se capturan especies pesqueras sin cumplir con la regulación internacional o nacional y/o sin control presencial del Estado de bandera (Art. 87°, 92°, 94° y 117° de la CONVEMAR) y/o en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible (Art. 119° de la CONVEMAR) y/o dañando intereses de terceros Estados por realizar las operaciones pesqueras sin acuerdo previo con los Estados ribereños (Art. 27°, 63°, 64° y 116° a 119° de la CONVEMAR) sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las zonas económicas exclusivas (ZEE) o migran desde alta mar a la ZEE; o, en el caso argentino, desde la ZEE Argentina a las aguas argentinas de Malvinas o desde estas a la ZEE continental argentina, donde realizan todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria, las fuentes de trabajo y la economía de los Estados..." (Lerena, César, "Pesca ilegal… de los recursos pesqueros de Latinoamérica", 2022).

Hay que administrar la pesca industrial