El Ministerio Público Fiscal pidió que España juzgue al capitán de un buque pesquero acusado de trata laboral. El caso comenzó en 2017 tras el rescate de un marinero senegalés en grave estado frente a Santa Cruz.
Imagen portada gentileza FDV
Los fiscales Lucas Colla y María Alejandra Mángano, del Ministerio Público Fiscal (MPF), solicitaron que la justicia española lleve adelante el juicio contra el capitán del BP Loitador de bandera Española con puerto base en Vigo, acusado de explotación laboral. El hombre, de 57 años, había sido detenido en España tras una investigación iniciada en Argentina en 2017.
La causa comenzó cuando la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuó a un marinero senegalés en estado crítico desde un buque que navegaba a 135 millas de Puerto Deseado, Santa Cruz. El tripulante, rescatado en coma, declaró luego ante la justicia que trabajaba hasta 22 horas por día, los siete días de la semana, en condiciones insalubres, con alimentación insuficiente, sin vestimenta adecuada y percibiendo un salario muy por debajo de los estándares internacionales.
Estas declaraciones permitieron avanzar sobre la hipótesis de trata de personas con fines de explotación laboral.
En febrero de 2024, el Juzgado Federal de Caleta Olivia citó a indagatoria al capitán, y en junio INTERPOL emitió una notificación azul para reunir información. Gracias a los aportes de las oficinas de Madrid y Montevideo, se confirmó la identidad del acusado y se avanzó hacia una notificación roja.
El 13 de noviembre, se ordenó formalmente su detención e impulsó, a pedido del MPF, la emisión de la alerta roja de INTERPOL. El 18 de diciembre, las autoridades españolas concretaron el arresto y, dos días más tarde, la justicia argentina requirió a la Cancillería gestionar la extradición ante España.
Sin embargo, en junio de 2025, la Audiencia Nacional española rechazó la extradición, amparándose en el artículo 7inciso 2 del Tratado de Extradición bilateral, que impide entregar a nacionales. Aun así, la propia resolución dejó abierta la posibilidad de que el juicio se lleve a cabo en territorio español.
Los fiscales Colla y Mángano, con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), destacaron que la obligación internacional de combatir la trata de personas justifica la cesión de jurisdicción a España. Subrayaron que, si bien en Argentina las pruebas estarían mejor resguardadas, el delito fue cometido en un buque español por un ciudadano sin vínculos con el país.
En su dictamen citaron el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que establece que, si un Estado no concede la extradición por nacionalidad, debe someter el caso a sus propios tribunales. Por ello, recomendaron al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que invite formalmente a España a proseguir con la investigación.
El MPF insistió en mantener la notificación roja de INTERPOL para asegurar la posibilidad de que el acusado pueda ser detenido en un tercer país con convenio de extradición.
Los fiscales remarcaron que la trata de personas constituye una violación grave a los derechos humanos y genera enormes ganancias ilícitas a nivel global. En ese sentido, vincularon la investigación con compromisos asumidos en el Protocolo de Palermo y otros tratados internacionales de derechos humanos y de la OIT.
“El compromiso de los Estados frente a la trata no sólo implica desmantelar redes criminales, sino garantizar la dignidad, la libertad y la integridad de las víctimas”, señalaron en el escrito.
Con esta presentación, la justicia argentina busca que España continúe el proceso judicial contra el capitán, al tiempo que se mantienen activas las medidas de cooperación internacional. Para el MPF, este caso representa un ejemplo de coordinación transnacional en la lucha contra la explotación laboral en alta mar.
Las autoridades detuvieron el pasado mes de diciembre al capitán del pesquero gallego investigado en Argentina por trata de personas con fines de explotación laboral de marineros senegaleses en su tripulación. La propia Fiscalía de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz de Argentina, recoge en un comunicado que el caso se remonta a 2017, cuando un marinero del buque, un arrastrero congelador con puerto base en Vigo, fue evacuado en estado de coma por la Prefectura Naval a 135 millas marinas de Puerto Deseado.
El capitán, de 56 años, fue detenido después de la emisión de una notificación roja a través de Interpol. Todo ello por la presunta comisión de un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, al menos una de ellas de nacionalidad senegalesa, que fue rescatada de la embarcación.
"La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Entre otros detalles el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana.
Todo esa labor en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años", explica Fiscalía.
De acuerdo con la imputación, el capitán de la nave habría aceptado y albergado el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo a un marinero senegalés, entre al menos tres más, "de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó". Según Fiscalía, las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania.
Su fin era "explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega, sin descanso ni asistencia médica apropiada" hasta el día 05 de junio de 2017, momento en que se tuvo que ordenar el desembarco urgente de la víctima a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.
Sanción
El escrito añade que la víctima llegó al hospital de esa ciudad en estado de coma. Por todo ello, la detención del capitán del buque fue ordenada el 13 de noviembre del año pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, siendo arrestado el varón el 18 de diciembre en España. Dos días después, el juzgado requirió la extradición del imputado.
A finales de 2023, el Gobierno de España informó de la sanción a 25 embarcaciones, la mayoría de empresas gallegas, por desactivar geolocalizadores mientras faenaban en alta mar cerca de las costas de Argentina, entre las cuales se encontraba el pesquero 'Loitador', de la armadora viguesa Profesionales Pesqueros.
En junio del 2021, la Comisión Europea remitió a la Administración española un escrito acompañado de un informe de la organización no gubernamental Oceana en el que se denunciaban unas prácticas en buques pesqueros españoles sobre el apagado del sistema de identificación automática con fines de pesca ilegal.
Así, se detectó una infracción de carácter grave del buque 'Loitador' por navegar durante intervalos de tiempo entre 2020 y 2021 sin mantener en funcionamiento en todo momento el dispositivo de localización e identificación AIS. L
La multa impuesta fue de 15.000 euros, con una reducción a 12.000 euros al reconocer la empresa su responsabilidad y abonarla en abril de 2023. Entre estos expedientes sancionadores de la Dirección General de la Marina Mercante también se encontraba una multa de 150.000 euros a Grupo Nores, armadora del Villa de Pitanxo, por desactivar geolocalizadores.
«Caso Loitador», una causa malvina
Argentina determinó que el presunto caso de explotación laboral debía someterse a sus leyes porque el pesquero estuvo en las islas durante la perpetración del «delito»
Pilotos del helicóptero de la Prefectura Naval, durante la evacuación del marinero senegalés. / PREFECTURA NAVAL
E. Thiam, de nacionalidad senegalesa, embarcó en el pesquero vigués Loitador el 15 de febrero de 2017. Lo hizo en Cabo Blanco, Mauritania, tras coger un vuelo desde su país natal. Según obra en la causa que se instruye desde el Juzgado Federal de Caleta Olivia, en la provincia argentina de Santa Cruz, iban otros 14 compatriotas a bordo como marineros, además de un mauritano y 11 indonesios. El 5 de junio, y tras «cuatro meses de trabajos forzosos» a bordo —siempre según la acusación del Ministerio Público—, fue evacuado en un helicóptero de la Prefectura Naval Argentina con un cuadro de dolor intenso en el pecho, con pérdida de visión y dificultad para respirar. Fue la doctora que atendió al tripulante, de 35 años en ese momento, quien interpuso una denuncia que derivó en una orden de detención contra el capitán del pesquero, español de 56 años, materializada el pasado diciembre. Pero el motivo por el que la justicia del país ha perseverado en estas complejísimas diligencias —intervino la Interpol para identificar al capitán, primero, y poder realizar la detención, después— no obedece al hecho de que la evacuación se hubiese producido dentro de sus 200 millas de aguas jurisdiccionales. Aquí ha sido determinante una cuestión patriótica.
El marinero asistido durante su evacuación del «Loitador» / Prefectura Naval Argentina / FdV
Casi tres meses después de la evacuación de E. Thiam, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, dictaminó que «corresponde la aplicación de la ley penal argentina para investigar un caso por posible trata de personas con fines de explotación laboral» a bordo del Loitador. La razón hay que buscarla en las Malvinas (o Falklands, que es la denominación que adopta el propio territorio), reivindicadas como de titularidad argentina en su Constitución. En concreto, Colla explicó que “las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son parte del territorio argentino sobre el cual la República Argentina es titular de derechos soberanos, por lo que huelga poner de relieve que sobre dichos territorios resulta aplicable el sistema jurídico argentino». El hilo que tejió este fiscal entre el Loitadory las Malvinas es que el buque, de Profesionales Pesqueros SA, «arribó en dos oportunidades» a Port Stanley durante ese mismo 2017, en los meses de marzo y abril, «período temporal en el que el hecho delictivo —ese presunto caso de trata con fines de explotación laboral— se habría consumado».
La armadora aludió ya en 2017 a una cuestión política para calificar la acción de la Fiscalía
Porque, en efecto, el arrastrero vigués entró en aguas nacionales solo para proceder a la evacuación del marinero y cuando éste ya estaba gravemente enfermo, de acuerdo al parte médico. El Loitadorestaba fuera de las 200 millas cuando solicitó la asistencia médica y fue autorizado a entrar en dominios argentinos para acelerar el operativo de rescate. Que esos presuntostrabajos forzosos se estén investigando en Argentina obedece a que, en definitiva y según la Fiscalía de Caleta Olivia, fueron paralelos a esas dos escalas realizadas en Malvinas. Sus Malvinas.
El «Loitador», en la ría de Vigo / FDV
La armadora
La compañía propietaria del buque ha rechazado de plano las acusaciones del marinero, y desde el mismo momento en que la justicia argentina decidió iniciar las investigaciones bajo el supuesto de un caso de explotación laboral. Incluso aludió también a una «cuestión política» por el vínculo con las Malvinas. Así lo expuso al portal digital argentino Mar & Pesca el entonces agente marítimo de la armadora, Alberto Braida, en una noticia publicada el 26 de junio de 2017. «Aquí hay algo que no comprendemos, se han dicho cosas que no son ciertas respecto a la comida, porque los análisis estaban en perfectas condiciones, y tampoco estaba desnutrido porque estuvo dos días internado en el hospital, y si hubiera maltrato o privaciones de alimentos los otros marineros ya lo habrían denunciado, pero nada de eso ocurrió», abundó en aquel momento. «Reiteró que la denuncia efectuada por la directora del hospital carece de solidez y no puede ser tomada en serio porque si hubiera maltrato la compañía no hubiera pagado los 12,500 dólares por la aeroevacuación», publicó el medio local.
Profesionales Pesqueros reitera ahora esta misma postura, después de que la Fiscalía argentina hubiese difundido esta semana la detención del capitán del Loitador. Tacha de «infundadas» las acusaciones del marinero, y niega también que haya más víctimas —la Fiscalía alude a al menos otras tres— porque solo se cursó una denuncia. El capitán está en libertad provisional y será la Audiencia Nacional, tras una vista, la que decidirá si procede o no una extradición para que se le tome declaración en Argentina.
LAS CLAVES
Jurisdicción
La Fiscalía de Caleta Olivia apunta a que el pesquero estuvo en las Malvinas en los meses de marzo y abril, durante los cuales habrían tenido lugar los presuntos hechos delictivos. Y Argentina reivindica la titularidad de este territorio
Evacuación
El hecho de que Argentina haya decidido que es competente para instruir esta investigación no obedece, por tanto, a que la evacuación se hubiese efectuado en sus aguas.
