La campaña de calamar Loligo en aguas de las Islas Malvinas finalizó anoche, tras registrar capturas estimadas en unas 18.000 toneladas, según confirmaron fuentes del sector consultadas.

El inicio de la temporada ya había estado marcado por la incertidumbre: bajos niveles de biomasa y ejemplares de pequeño tamaño anticipaban un posible cierre abrupto. Sin embargo, los días iniciales dieron un respiro a la flota, que se mantuvo en actividad más por necesidad que por datos sólidos de recuperación.

“La campaña había arrancado cogida con pinzas, con fundados temores de cierre abrupto (…) pero el escenario mejoraba por días, y así han ido tirando en la flota”, describió Faro de Vigo. Esa frágil confianza, alimentada por la obligación de sostener la actividad, no logró revertir la tendencia general: el caladero se vacía antes de lo previsto.

En total, 16 buques participaron de esta pesquería, vinculadas a grupos como Pescapuerta, Pereira, Wofco, Copemar o Chymar; con fuerte participación de capital gallego en empresas mixtas donde el 51% pertenece al gobierno de ocupación de las Islas Malvinas.

Tras el cierre, esas embarcaciones deberán reorientar sus operaciones hacia otras zonas con el objetivo de completar bodega y minimizar pérdidas en un mercado que ya venía tensionado por las bajas capturas y el encarecimiento de los costos operativos impactando en un desequilibrio clave que apunta a la menor rentabilidad operativa.

El cierre anticipado de la pesquería de calamar en Malvinas deja varias lecciones y preocupaciones: la sostenibilidad del recurso, la falta de previsibilidad para las empresas y trabajadores, y el riesgo económico que pesa sobre la industria pesquera gallega en el Atlántico Sur principalmente fuera de la ZEEA.

En los últimos años, la pesquería de Loligo ha atravesado un período de profunda adversidad, marcado por una drástica merma en los niveles de captura, situación que ha encendido señales de alarma en todo el sector. Esta caída sostenida no solo compromete la rentabilidad inmediata de las operaciones, sino que amenaza la viabilidad estructural de una industria históricamente fundamental para diversas comunidades costeras y para la economía marítima en general.

Los grandes buques arrastreros, concebidos para operar en grandes pesquerías con altos volúmenes de extracción, enfrentan hoy una realidad que dista mucho de aquel escenario para el cual fueron diseñados. España ya no dispone, en sus aguas jurisdiccionales, de recursos que puedan sostener su capacidad operativa, lo que obliga a las empresas a reorientar su actividad hacia la región FAO 41.

En esta área, la única estrategia viable es completar bodegas con las capturas disponibles, en un intento por mantener a flote la actividad y evitar el colapso económico. Sin embargo, este modelo no está exento de tensiones ni de riesgos crecientes.

A esta compleja situación se suma la problemática de las licencias de pesca para operar en aguas circundantes a las Islas Malvinas, cuyo coste no ha experimentado reducciones acordes con la fuerte caída en los niveles de captura. Esta falta de correlación entre los gastos fijos y los ingresos obtenidos, ha colocado a los armadores en una posición extremadamente vulnerable. Cada temporada se ven obligados a asumir costos operativos elevados, sin la garantía de que las capturas permitan equilibrar sus cuentas o asegurar la continuidad de la actividad.

En este contexto, los armadores manifiestan una creciente preocupación por la disminución de la biomasa, que, de continuar su tendencia actual, podría desembocar en un escenario crítico para la sostenibilidad económica y ambiental de la pesquería. Los datos de los últimos cinco años evidencian un declive persistente y pronunciado, que pone en entredicho la capacidad del recurso para regenerarse a un ritmo suficiente.

Así, la industria se encuentra en un punto de inflexión, enfrentando una tormenta perfecta donde convergen la incertidumbre biológica, la presión regulatoria y los desafíos financieros. La captura de Loligo, que alguna vez fue símbolo de prosperidad y estabilidad, se ha transformado en una actividad marcada por la inseguridad y la fragilidad, obligando a todos los actores involucrados a repensar estrategias y a evaluar, con preocupación, la sostenibilidad futura de este recurso vital.

A la espera de una nueva campaña, la incógnita es si el Loligo podrá recuperar niveles biológicos que permitan sostener la actividad sin comprometer la especie ni el futuro de las comunidades que dependen de ella.

Detalles de la nota. Fuente: Lara Graña, Faro de Vigo.