La Audiencia Provincial reabre la investigación por presunta prevaricación y malversación en el Puerto Deportivo de Benalmádena
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- Category: Marina de Recreo y Deportiva
- Published on Friday, 01 May 2026 06:16
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7 de abril de 2026
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el PSOE y ha ordenado reabrir la investigación judicial sobre los presuntos delitos de prevaricación y malversación cometidos presuntamente en el seno del Puerto Deportivo de Benalmádena, empresa municipal de capital íntegramente público.
La decisión llega después de que un juzgado de Torremolinos archivara el caso el año pasado sin investigarlo a fondo, algo que ahora la Audiencia Provincial ha considerado incorrecto.
El caso arranca en noviembre de 2023, cuando José Luis Bergillos, consejero delegado del Puerto Deportivo — y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento— habría firmado un acuerdo privado con varios propietarios de embarcaciones turísticas conocidas como chárters. Según la denuncia presentada por el PSOE, ese acuerdo les perdonaba el pago de unas tarifas que debían abonar por operar en el puerto, así como las multas en costas que un tribunal superior les había impuesto tras ganar el Puerto un pleito contencioso-administrativo.
Lo que hace especialmente llamativo el caso es quién redactó ese acuerdo. Según la denuncia, fue elaborado por una abogada que al mismo tiempo representaba a esos mismos empresarios de chárters en otros litigios contra el Puerto. En otras palabras, la misma persona defendía a ambas partes: a los que debían pagar y a la empresa pública que tenía derecho a cobrar. Además, esa abogada habría enviado al Puerto cinco facturas por un supuesto asesoramiento jurídico que nunca llegó a formalizarse con un contrato escrito, algo que las normas de contratación pública prohíben expresamente.
Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este medio, Bergillos parece ser que no informó en ningún momento al Consejo de Administración del Puerto —el órgano que tendría que haberlo autorizado— ni de la existencia del acuerdo ni de las facturas de la abogada.
El perjuicio económico para el Puerto podría ser muy significativo. Solo en los cánones que los chárters no habrían llegado a pagar desde que el tribunal les dio la razón al Puerto, la cifra rondaría los 500.000 euros. A eso habría que sumar las costas judiciales condonadas a cada uno de los operadores que firmaron el acuerdo, estimadas en unos 6.000 euros en total.
El juzgado de instrucción que recibió la denuncia decidió archivarla en junio de 2024 por entender que, aunque hubiera habido una mala gestión, no tenía el suficiente peso como para considerarse un delito. Sin embargo, el PSOE recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial ha dado la razón ahora a los denunciantes: el hecho de perdonar una deuda a través de un acuerdo privado y sin respaldo legal parece ser que sí merece ser investigado penalmente, porque implica tomar una decisión —aunque sea no actuar— que afecta al patrimonio público.
El tribunal ha dejado sin efecto el archivo y ha ordenado que el juzgado solicite al Puerto Deportivo toda la documentación relativa al acuerdo y que aclare si ese perdón de deudas afectó a todos los operadores o solo a algunos. Una vez recibida esa información, el juzgado deberá decidir cómo continúa el caso. Eso sí, la resolución de la Audiencia es definitiva y no podrá ser recurrida.
Tras conocerse la decisión del tribunal, los socialistas han valorado positivamente la reapertura del caso y han exigido al alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, — imputado a su vez en el Caso Legionella por presunta corrupción— “explicaciones claras e inmediatas ante estos hechos de extrema gravedad que afectan a la gestión de los recursos públicos”.
Desde el PSOE recuerdan que el origen de toda esta situación está en el trabajo que ellos mismos impulsaron durante el anterior mandato: la regulación de los chárters, que hasta entonces operaban en el Puerto sin ningún control ni obligación de pagar por el uso de las instalaciones. Esa regulación, que establecía el pago de un canon anual, generó rechazo en parte del sector y derivó en varios recursos judiciales que, finalmente, los tribunales resolvieron a favor del Puerto.
Los socialistas sostienen que el PP convirtió la regulación de los chárters en una
“causa política” durante la oposición, llegando a prometer —según afirman— que exoneraría a los operadores de sus obligaciones si accedía al Gobierno. Algo que, a su juicio, es exactamente lo que habría ocurrido tras las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando el PP ganó las elecciones y asumió la Alcaldía.
El PSOE señala además que la investigación judicial se articuló en dos frentes: uno sobre la posible incompatibilidad de la abogada contratada —que seguía llevando casos contra el Puerto al tiempo que cobraba de él—, causa que continúa abierta en los juzgados; y otro sobre el presunto perdón ilegal de deudas al cambiar el equipo de Gobierno, que es el que ahora ha sido reabierto por la Audiencia Provincial.
Cabe recordar que el Puerto Deportivo de Benalmádena es una empresa municipal creada en 1996 para explotar la concesión portuaria que el Ayuntamiento tiene desde 1972. La Junta de Andalucía acaba de renovar esa concesión por 25 años más, lo que convierte a la empresa en una entidad de especial relevancia estratégica y económica para el municipio.
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