La Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de Baleares (Apanib) ha presentado un recurso contra el decreto del Govern que prohíbe el alquiler de embarcaciones privadas en el que pide su suspensión cautelar y una denuncia ante la Marina Mercante por invasión de competencias por considerarlo "la mayor amenaza en décadas" al sector náutico.

La entidad ha criticado en un comunicado que el decreto del Govern haya aprobado esta norma "en plena temporada alta", sobre el hecho de que lo aprobara el Consell de Govern del 1 de agosto, con la intención de que entre en vigor el 15 de agosto, en respuesta a la norma estatal que permite a embarcaciones privadas operar comercialmente durante tres meses al año.

Apanib ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares un recurso contencioso-administrativo "para la protección de derechos fundamentales" contra el Decreto 44/2025, y también la denuncia ante la Dirección General de la Marina Mercante solicitando la suspensión inmediata de varios preceptos que considera "conflictivos" y un requerimiento al Govern balear para su derogación.

La patronal advierte de que, de aplicarse el decreto, "provocará cancelaciones masivas, pérdida de empleo, fuga de clientes hacia otros destinos y, lo más grave, pondrá en riesgo la seguridad en el mar".

La patronal advierte que si se aplica el decreto provocará cancelaciones masivas, pérdida de empleo y fuga de clientes

Apanib alega que esta normativa balear "restringe injustificadamente la libertad de empresa y la libre prestación de servicios, imponiendo licencias, reinscripciones y tasas que ahogan la competitividad" y además vulnera la protección de datos, ampliando la información obligatoria en registros públicos sin garantías de confidencialidad.

Legal en otras comunidades y países

Según la asociación, el Decreto 44/2025 introduce medidas que discriminan, por la prohibición del chárter por plaza cuando es legal en otras comunidades y países europeos, y también por nacionalidad o pabellón.

Con esta prohibición, discrimina a los operadores ya establecidos en las islas al prohibir novedosamente el chárter en contra de la legislación estatal, denuncia la entidad. Añaden que el decreto "asfixia a las pymes y las expulsa de facto, imponiendo requisitos para las licencias en contra de la normativa legal de libertad de servicios en las licencias, reinscripciones y tasas que estrangulan la competitividad".

Además pone en riesgo la seguridad marítima y "pone en riesgo vidas", al modificar unilateralmente las señales internacionales de navegación, "generando confusión y posibles accidentes".

En el recurso ante el TSJIB, la asociación ha solicitado la suspensión cautelar de la norma y ha instado el planteamiento de varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que la regulación balear contradice la normativa comunitaria en materia de libre prestación de servicios, seguridad marítima y protección de datos.

"Pulso" ente el PP y el PSOE

Señalan que el objetivo no es paralizar la regulación sino "garantizar que cualquier norma respete los derechos fundamentales, la seguridad en el mar y la igualdad de oportunidades para todos los operadores", ha señalado la representación legal de Apanib.

Según la asociación, además de suponer un conflicto sectorial, el decreto es "un pulso jurídico y político de gran calado entre el Govern Balear (PP) y el Estado (PSOE), que puede sentar un precedente histórico sobre los límites autonómicos en la gestión del mar".