20/07/2025 20:25-Actualizado a21/07/2025 14:29
El Gobierno, y el PSOE, tienen tres grandes frentes abiertos en los tribunales, tres procesos por corrupción que han puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez y sacudido el frágil equilibrio que sostiene el acuerdo con sus socios políticos. Los casos contra su esposa, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez, y el tándem formado por su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el ex secretario de Organización del partido Santos Cerdán y el exasesor Koldo García, tienen además una característica común: comparten un núcleo duro de organizaciones ultras a cargo de la acusación popular.
Manos Limpias y HazteOír, los dos acusadores más célebres, cuentan en las tres causas con la escolta fiel de otras marcas menos conocidas, como Iustitia Europa, Liberum y el Movimiento para la Regeneración Política de España. Abogados Cristianos, además, está personado en el caso contra David Sánchez y la Asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas ha hecho lo propio en el caso Cerdán. Y no hay que olvidar que Vox y el PP también ejercen la acción popular en los procedimientos contra el hermano de Pedro Sánchez, Vox en la de Begoña Gómez y ambos, junto con UPN, en el que investiga a Santos Cerdán.
Una auténtica armada, pues, que se sumó a las denuncias iniciales, interpuestas por Manos Limpias en los dos primeros casos y por el PP en el tercero. En total, una decena de acusadores. El pseudosindicato dirigido por Miguel Bernad tuvo una primavera ocupada el año pasado. El 8 de abril presentó un escrito que acusaba a la esposa del presidente del Gobierno de tráfico de influencias basándose en noticias publicadas por medios digitales, periódicos y hechos aireados en tertulias televisivas. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado, abrió diligencias. Sólo un mes más tarde, Manos Limpias presentaba otra denuncia, también basada en recortes de prensa, contra el hermano del presidente en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz.
Un año después, ambos casos siguen ocupando titulares y abriendo telediarios a golpe de declaraciones, imputaciones y revelaciones. Y el que comenzó como caso Koldo y pasó a ser el caso Ábalos se ha transformado en una bomba de tiempo con el encarcelamiento de Santos Cerdán. Un amaño de contratos de compraventa de mascarillas para el covid ha terminado destapando una trama para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de mordidas, después de que una conversación de Koldo García grabada por la Guardia Civil pusiera a los investigadores en la pista del caso de corrupción que ha hecho tambalearse al PSOE.
Ahora estas siete organizaciones, que van de la derecha a la extrema derecha ultracatólica y a los negacionistas, tienen acceso a todas las investigaciones, pueden presentar pruebas y solicitar diligencias, formular acusaciones, pedir penas e interponer sus propios recursos. Lo habitual es que el tribunal unifique las acusaciones y una de ellas se haga cargo de la dirección letrada –el PP en el caso Koldo, Manos Limpias en el caso David Sánchez, Vox en el de Begoña Gómez–, por lo que es aconsejable que exista una compatibilidad de intereses y puntos de vista –no siempre es así–.
Éste es el octavo artículo de una serie de investigación, que tendrá en total 10 entregas y se publicará a lo largo del mes de julio, que describe y analiza esta alianza de intereses y nombres en lo que bien podría definirse como una Brunete legal ultra.
"Sin ideología"
En estos tres casos esa afinidad parece clara. Manos Limpias, HazteOír y Abogados Cristianos son quienes han destacado más en los últimos años a la hora de trasladar a los tribunales sus batallas políticas. Igualmente es obvio el interés de Vox, y ahora del PP y UPN, en las causas en las que se han personado. Iustitia Europa, otro de los acusadores, también es un partido político. Consiguió 26.611 votos en las elecciones europeas de 2024 –la cifra mínima para lograr un escaño era de 284.888– e impugnó, sin éxito, los resultados de esa convocatoria ante la Junta Electoral Central, además de pedir que se repitiera el escrutinio en Madrid, Bizkaia, Gipuzkoa, Almería, Málaga, Cádiz, Balears, Tenerife, Tarragona y Sevilla. Su intención es concurrir a las próximas elecciones generales, con el objetivo de atraer a los españoles que no votan porque carecen de opción política y que Iustitia Europa cifra entre un 35% y un 50% de los ciudadanos. Lo preside el abogado y ex guardia civil Luis María Pardo, uno de los galardonados por HazteOír en la última edición de sus premios, el pasado mes de junio.
A preguntas de Público, Iustitia Europa responde que tiene 1.500 afiliados y otros tantos "colaboradores activos". Se financia mediante "aportaciones voluntarias" y rechaza las subvenciones públicas. Pero no revela cuál es su presupuesto ni qué parte de él destina a acciones judiciales. Tampoco se considera un partido "tradicional" sino "un instrumento de participación cuyo objetivo es la fiscalización y reforma estructural de las instituciones del Estado del 78". Es más, se presenta como un "antipartido", porque cree que la única vía efectiva para "reformar el sistema es operar desde su interior". "No aspiramos a ocupar el poder, sino a devolverlo a la ciudadanía", resume. También dice ser un partido "sin ideología". Y pone como ejemplo la querella que presentó contra Santiago Abascal por haber viajado a Israel para apoyar a Benjamín Netanyahu. A su juicio, el eje izquierda-derecha es "una dicotomía obsoleta y limitante del debate público".
Contra la OMS por manipulación genética
Luis María Pardo fue antes abogado de Liberum, otra de las organizaciones que se han integrado en la acusación popular de estos tres grandes casos, creada en Gijón en 2021 “para restaurar los derechos y libertades usurpados en la pandemia”. La preside Concepción Nandi Cuevas Montoto, “ama de casa y sindicalista”, que también fue premiada por HazteOír, en 2022.
El pasado mes de febrero Liberum se querelló por las medidas del Gobierno contra el covid contra Pedro Sánchez y el exministro de Sanidad Salvador Illa, pero también contra el director general de la OMS, el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas de Estados Unidos (Niaid) e incluso contra el presidente de la ONG EcoHealth Alliance. Les acusaba de toda una ristra de delitos que comienzan con lesiones, coacciones, prevaricación y omisión del socorro, continúan con la manipulación genética y terminan con el genocidio "en relación con el Código de Nuremberg, el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Según alegaba Liberum, el origen de la pandemia fue la fuga de un virus que formaba parte de un arma biológica. El Supremo no admitió la querella: "Una explicación científica no determina una responsabilidad penal a responsables políticos o una investigación local sobre hechos de transcendencia mundial, respecto de una tragedia mundial", concluyó el tribunal.
Antes Liberum ya había recurrido la obligatoriedad de las mascarillas en Aragón, Asturias y Madrid. Y las zonas de bajas emisiones de Segovia y Badajoz. La asociación no ha contestado a las preguntas que le envió Público sobre su número de socios, cuentas y fuentes de financiación. Pero, en una entrevista publicada en enero de 2023, Nandi Cuevas aseguraba que cuenta con un equipo de 69 abogados. Y que "ya hay un borrador de la Constitución Mundial, que quieren aprobar en mayo de 2024. Se reúnen en Ginebra en febrero para avanzarlo".
Sin embargo, Iustitia Europa, que niega ser una "continuación" de Liberum, pese a que Luis María Pardo "fue el principal artífice de que se conociera" la asociación asturiana, también su "principal abogado" y el artífice de sus éxitos, rechaza "etiquetas simplificadoras como negacionistas o conspiranoicos". Lo que el antipartido defiende es que "la falsa bandera de la seguridad colectiva no puede imponerse a los derechos fundamentales". También se declara en contra de la Agenda 2030, uno de los anticristos de la extrema derecha mundial, puesto que, a su juicio, "los objetivos del desarrollo sostenible se han convertido en los objetivos de destrucción de la sociedad". Iustitia Europa no dudó en querellarse contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por unas declaraciones contra las pseudoterapias –"Sólo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no sólo es un engaño, también puede poner en riesgo la salud" – que el partido consideró un delito de odio e injurias. El Supremo archivó el procedimiento.
El partido de Luis María Pardo también se querelló contra Pedro Sánchez por destinar el presupuesto inicialmente pensado para reforzar el equipamiento militar de España a suministrar armas a Ucrania. Y, junto al sindicato CGT, contra el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA.
Críticas a Vox
Movimiento por la Regeneración Política de España es una pequeña asociación creada por el abogado Aitor Guisasola que reúne a una treintena de socios. Muchos menos de los 520.000 seguidores del canal de YouTube Un abogado contra la demagogia, donde expone su modo de ver la política nacional. Según los estatutos de su asociación, pretende "sustituir el sistema de partidos políticos creado en 1978 por una democracia real, directa y participativa".
Además de sumarse a la querella contra Begoña Gómez, denunció por malversación a Pedro Sánchez por la presentación el 11 de diciembre de 2023, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de su libro Tierra Firme. El Supremo no la admitió a trámite. Siete años antes también se había personado en el caso Neurona, la investigación por supuesta financiación irregular de Podemos que también fue archivada. Y contra el Gobierno central y el valenciano por la DANA del pasado octubre.
Pero Guisasola no oculta su decepción por estas acciones judiciales. "No me compensa", confiesa a Público, "es mucho trabajo y todo son problemas". Sobre todo, se muestra muy crítico con Vox, con quien ha tenido muchos roces por su afán de dirigir las acusaciones populares. "Van a lo suyo, quieren notoriedad y ganar votos", acusa al partido de Santiago Abascal, que incluso le atacó en X tras discrepar en la acusación contra Begoña Gómez.
El abogado bilbaíno fue otro de los premiados por HazteOír el pasado mes de junio, pero se desmarca de la organización ultracatólica: "No soy monárquico porque soy demócrata, ni tampoco católico, soy agnóstico, no me gustan las religiones, sólo han traído desgracias en la historia de la humanidad y guerras". Tampoco le gustaron a Guisasola los insultos contra Pedro Sánchez que empezaron a gritar los asistentes al acto cuando él terminó su discurso de agradecimiento. "No es mi estilo en absoluto y les respondí: 'Yo nunca falto al respeto en mi canal".
Aunque dice que él jamás ha hablado ni hablará sobre emigración y sobre banderas, y niega haber dicho en sus vídeos que Begoña Gómez sea transexual –"todo lo contrario, expliqué que era un bulo"–, sí cree que el estado de alarma fue inconstitucional y que "imponer la vacunación obligatoria por el covid no respetó la legislación sobre autonomía del paciente ni el consentimiento informado".
Aitor Guisasola anuncia también que va a dejar la presidencia de la asociación, de la que no cobra –"vivo de mi despacho"–. Tampoco se le remunera por su trabajo como abogado para la asociación. Ni pide subvenciones. Para depositar las fianzas que le exigen los tribunales, pide donativos a través de las redes sociales. "Gastos no tenemos, porque lo hago todo gratis y ni tenemos oficina", resume.
Del SUP a Francina Armengol
Otro abogado, Eduardo Luna Álvarez, preside la Asociación Iniciativa y Transparencia Veritas, que se personó como acusación popular en el caso Koldo. Veritas acusa a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de haber comprado en 2020, cuando era presidenta del Govern balear, un lote de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, tras haber sido recomendada por Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos. A ambos se les investigaba por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de 20 millones de mascarillas traídas desde China a los ministerios de Transportes e Interior y a las comunidades de Balears y Canarias.
Eduardo Luna, autor de un libro titulado Disparos justificados y abogado del Sindicato Unificado de Policía (SUP), aseguró en una entrevista con Okdiario el pasado mayo que "el aumento de la inmigración ilegal ha traído un tipo de delincuencia que, por su propia cultura, son [sic] mucho más agresivos y son mucho más violentos. Para ellos el principio de autoridad casi casi te diría que no existe”. La asociación no ha contestado a las preguntas que sobre su número de socios, cuentas y fuentes de financiación le ha enviado Público.