La armadora Nores, Padín y la aseguradora ofrecen 6,2 millones de indemnización a los familiares del «Pitanxo»
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- Published on Friday, 30 October 2026 07:52
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La propuesta, ya descartada por una portavoz de las familias, es independiente del procedimiento penal
La Audiencia Nacional exigió una fianza solidaria por importe de 44 millones; las solicitudes de los reclamantes superan los 30 millones
Recreación virtual del naufragio del barco «Villa de Pitanxo», antes de naufragar elaborada por los peritos. Infografía. Hundimiento. / Ciaim
Vigo 29 OCT 2026 20:46
Actualizada 30 OCT 2026 8:32
La aseguradora British Marine —integrada dentro del holding australiano QBE Insurance— contrató este año al despacho madrileño Gómez de Liaño & Márquez de Prado no solo para personarse en la causa que investiga las causas del naufragio del pesquero Villa de Pitanxo, sino también para tratar de arrancar de las familias de las víctimas un acuerdo indemnizatorio. Logró cerrar un pacto con una de ellas, como publicó FARO, y ahora ha lanzado un órdago para tratar de convencer a todas las demás: ha puesto sobre la mesa 6,2 millones de euros, como han confirmado desde el despacho vigués AMYA.
Esta, la de British Marine, es una pieza clave en el procedimiento: tiene la consideración de responsable civil directa, mientras que la armadora Pesquerías Nores Marín es responsable civil subsidiaria. Las personas físicas encausadas son Juan Enrique Padín, patrón del barco, José Antonio Nores Ortega, director de Flota de Pesquerías Nores Marín, y el administrador de la compañía, José Antonio Nores Ortega; entre otros, están imputados por 21 delitos por homicidio imprudente. La aseguradora del grupo QBE es, a efectos prácticos, la garante de que se abonarán las indemnizaciones, ya sea por mandato judicial o, si prospera su oferta, con acuerdos individuales con cada uno de los 20 familiares a los que se acaban de dirigir.
Como han indicado también desde AMYA —ejerce la responsabilidad legal de Nores y de Juan Padín—, esta propuesta es firme, de modo que no está sujeta a negociación. Dado que el ordenamiento jurídico español no ha desplegado un baremo específico para el cálculo de las indemnizaciones por responsabilidad civil en caso de naufragio, que éstas se negocian o estiman en base al sistema de valoración de daños causados en accidentes de circulación. Lo que ha hecho British Marine, en nombre de los encausados, es pedir al juzgado que valide el pago a cada reclamante, usando ese mismo baremo como guía. Indican las mismas fuentes que la oferta se ha formalizado vía judicial ante la negativa de abogados de las familias a recepcionarla directamente.
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«Por parte de la empresa armadora se ha venido tratando desde un principio de solventar las reclamaciones de las familias, al margen de que existan o no responsabilidades civiles y penales, y no ha sido posible», prosigue el letrado Alberto Penela, de AMYA. A su juicio, además, «muchos reclamantes» formalizaron peticiones indemnizatorias «desmedidas». Este periódico no ha podido contactar con Manuel Lampón, que representa al grueso de los familiares de los fallecidos en el Pitanxo.
En concreto, las indemnizaciones solicitadas por las familias de los 21 fallecidos y el superviviente Samuel Koufie rebasan los 30 millones de euros, como hizo constar el magistrado Ismael Moreno en el auto de apertura de juicio oral. En el mismo auto, exigió a los imputados una fianza solidaria por importe de 44 millones de euros «para asegurar las responsabilidades» que se les pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria.
Extracto del certificado de estabilidad expedido en Vigo en marzo de 2018, donde establece que el «Pitanxo» no podía operar en zonas de formación de hielos. / L. G.
Aún en el caso —a priori, muy improbable— de que existiera acuerdo para las indemnizaciones civiles, este no afectaría al procedimiento penal: la Fiscalía solicita 9 años de prisión para cada uno de los acusados, a los que atribuye 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia (respecto al marinero sobreviviente Samuel Koufie) y otro contra los derechos de los trabajadores.
En declaraciones a la prensa, por lo pronto, la portavoz de las familias ha descartado cualquier opción de pacto. «Seguimos como hasta ahora, buscando justicia, y que los responsables de que nos falten los 21 tengan su sentencia», remachó María José de Pazo, hija del jefe de máquinas del pesquero, Francisco de Pazo.
La Fiscalía armó su escrito de acusación en el «grosero desprecio por la vida» mostrado por los acusados y la compañía armadora, y volvió a recordar que el Villa de Pitanxo, como avanzó FARO en primicia, no tenía que haber estado en la zona donde se fue a pique. Porque, desde marzo de 2018,tenía prohibido faenar en zonas de formación de hielos (o engelamiento), según un certificado expedido por Capitanía Marítima de Vigo. Salió 19 veces a pescar en zona de formación de hielos --los Grandes Bancos de Terranova— después de aquella prohibición. Hasta que fue la última.