Playas españolas. ¡Sálvese quien pueda?

 

José A. Madiedo Acosta

 

 

 

Durante el periodo estival se cuentan por millones los españoles y extranjeros  que utilizan las playas y otros lugares de nuestras costas para disfrutar del baño, la natación, el remo, las tablas, el buceo y otras actividades lúdicas no exentas de riesgo. El Estado español está obligado a establecer los medios y sistemas idóneos para prevenir y socorrer en caso necesario a esas personas. Sin embargo, este año 2017, se han registrado 372 muertes en las playas españolas, una cifra superior a la de años anteriores. Estos datos resultan preocupantes por varias razones:

a)  Por el número creciente de personas que han perdido sus vidas en las playas en los últimos años.

b) Porque siendo más y mejores las tecnologías disponibles, los resultados pueden ser netamente mejorables.

c)   Porque la permisiva mercantilización de los servicios de salvamento merma de la calidad de los mismos.

d)  Porque se detectan importantes déficits en la gestión de los servicios de salvamento de playas.

e)  Por la falta de transparencia en la gestión de las partidas económicas asignadas a los servicios de salvamento en playas.

f)  Por no existir una correlación razonable entre el número de usuarios de las playas y la asignación y calidad de los servicios de salvamento.

g)   Por la ausencia de una regulación actualizada de los servicios de salvamento en las zonas de baño.

Todo ello nos lleva a plantear la necesidad de revisar a fondo y modernizar nuestro sistema de salvamento en playas y abrir un periodo de reflexión pública con el fin de dotarnos de un modelo más eficaz.

Es cierto que existen directivas comunitarias sobre la materia y que estas, con intensidad y resultados dispares, se están aplicando, pero son palpables las deficiencias detectadas.

Negocio y beneficencia.-

Existe una tendencia generalizada por parte de determinados organizaciones benéficas y empresarios a acaparar servicios al público, con demanda garantizada, para obtener beneficios de diversa naturaleza. Y el salvamento en playas es uno de ellos. Pero son los gobernantes los que deben garantizar la calidad de esos servicios, estableciendo normas adecuadas, evitando graciosas concesiones que operan en detrimento del interés público.

Los ciudadanos deben saber que los servicios prestados por determinadas organizaciones nominalmente benéficas, son tan caros o más para el contribuyente que los prestados por empresas privadas y de ahí que se establezca una competencia entre ellas. El Salvamento, en mi opinión no debería estar sometido al tráfico de influencias ni al logro de un beneficio económico. Debería ser un servicio de titularidad pública.

Errores de concepto

La cualificación profesional de los miembros de un equipo de salvamento no viene determinada por ser un buen nadador o por estar en posesión de un certificado o título para manejar una lancha, una embarcación neumática o una moto de agua, sino que debe reunir unos acreditados conocimientos y habilidades para prestar unos servicios eficaces de asistencia y rescate en las playas, lo que implica mucho más que manejar una lancha. Del mismo que estar en posesión del carnet de conducir no es suficiente para ser bombero o policía municipal o conductor de ambulancias, naturalmente salvando las diferencias entre unas y otras profesiones.

Las exigencias mínimas del salvamento de playa

El personal de salvamento de playas y lugares de baño, en sus distintos rangos, debe tener conocimientos acreditados específicos sobre las directivas comunitarias y otros textos legales en vigor, sobre la estructura y organización administrativa del salvamento, sobre el medio marino (calidad de las aguas, vientos, corrientes de distintos tipos, mareas, oleaje, etc.) sobre la identificación de riesgos y cómo gestionarlos, sobre la organización, distribución y gestión de las zonas de las playas y sus aguas dentro de una franja de 300m, sobre los medios de señalización, sobre acciones coordinadas con helicópteros y otros medios de salvamento marítimo, sobre comunicaciones, sobre modos de informar a los usuarios, sobre la gestión de accesos a las playas, sobre protocolos de actuación en distintas situaciones, sobre la vigilancia, sobre los derechos de los distintos usuarios (bañistas, surfistas, escuelas de distintas actividades, prácticas de remo, pesca, etc.) sobre la coordinación con autoridades y servicios competentes (guardia civil, servicios sanitarios, etc.) sobre técnicas de reanimación, sobre técnicas de salvamento y rescate, sobre despacho de embarcaciones. Los miembros de los equipos de salvamento han de acreditar una aptitud, unos conocimientos y una capacidad operativa oficialmente contrastada. Y naturalmente, deben de estar razonablemente retribuidos.

Encuadre administrativo del Salvamento en playas y zonas de baño.

Por la naturaleza, complejidad, especificidad náutica y afinidad, los servicios de salvamento en playas dependen de la Dirección General de la Marina Mercante, que debería ejercer sus competencias a través de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), aunque hay aspectos que pueden ser asignados a los correspondientes municipios-.

J.A. Madiedo Acosta

Ex director General de la Marina Mercante

Presidente de la Asociación Española de la Marina Civil