Estiba.- El dictamen está ya en vigor, pero los navieros creen que tardará en aplicarse

 

 

 

 

D. VALERO/ J. LARRAZ |  VALENCIA.

12 diciembre 201400:11

 

Expertos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del despacho de abogados Garrigues señalan a LAS PROVINCIAS que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se incorpora al ordenamiento jurídico español «de forma inmediata». «Ello supone que, de acuerdo con la ley, las empresas pueden abandonar de forma inmediata las Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y contratar a otras personas para realizar los trabajos de carga y descarga», sostiene el director del departamento de Derecho Europeo y de la Competencia de la firma de abogados, Marcos Araujo.

«Los jueces están obligados desde ya a aplicar esta sentencia», insiste el letrado, que añade que, según establece la ley, los empresarios quedan liberados de las restricciones que tumba el dictamen y sólo quedan sujetos «a la legislación laboral existente que no haya sido anulada por la sentencia».

«La ley queda corregida de inmediato con la publicación de la sentencia», coinciden fuentes del tribunal valenciano, que ponen como ejemplo lo ocurrido hace un año con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la doctrina Parot y supuso la salida de la cárcel de multitud de presos españoles.

 

La aplicación de esta sentencia, sin embargo, podría no ser tan inmediata. Según pudo saber ayer este periódico, la Asociación Nacional de Navieras debatió nada más conocer el dictamen de Luxemburgo sobre los plazos que realmente serán necesarios para que la decisión sea realmente efectiva en España.

«Sin perjuicio de que estudiemos en profundidad las consecuencias, parece claro que esta sentencia no anula la legislación española, que por el momento permanece vigente, si bien España deberá modificarla», fue la primera impresión de los navieros.

Y recordaron que, en materia de legislación europea, tienen sobrada experiencia de que las aplicaciones de las novedades no son inmediatas. «Como referencia, cuando el mismo tribunal declaró incompatible la reserva de los puestos de capitán y primer oficial de los buques españoles a los nacionales españoles, el gobierno tardó unos dos años en modificar la legislación», fue uno de los comentarios que circuló ayer entre los navieros más importantes del país. Con este precedente, los empresarios del sector asumen que puede retrasarse la aplicación del dictamen aunque están tranquilos ya que es irrevocable.