La norma, que salió del Congreso el pasado mes de mayo con el respaldo de PP  y UPyD y el voto en contra de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el PNV, regresa  de la Cámara Alta tras incorporar una docena de modificaciones gramaticales y  técnicas y un puñado de cambios del articulado.

La más significativa es la que reconoce que todos los buques que atraquen en  puertos españoles quedarán sujetos a la normativa medioambiental y pesquera, y  no únicamente a la de seguridad de aduanas, extranjería e inmigración, policía o  sanidad. Además, se reconoce expresamente que la "represión de la pesca ilegal"  será motivo para prohibir la entrada a puerto.

REGISTRO DE BUQUES.

Además, se excluye a los buques o embarcaciones de recreo o deportivos de la  obligación de inscribirse en la Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles --obligación que sí es preceptiva para el resto de buques de bandera española--, si bien sí se mantiene el deber de inscripción de los diversos derechos de  garantía, reservas de dominio o prohibiciones de disponer, arrendamientos  financieros y demás gravámenes inscribibles para su oponibilidad frente a  terceros.

Por otra parte, el  Senado ha incluido una precisión para que la autorización que tiene la Armada en  materia de exploración, rastreo, localización y extracción de pecios del Estado  español no excluya la preceptiva autorización de la Administración competente  según la legislación de protección del patrimonio histórico y cultural.

Además, se suprime la previsión de que los buques de la Guardia Civil, los de  servicio marítimo de vigilancia aduanera, los de salvamento de la Administración  Marítima del Estado y los de atención hospitalaria de primeros auxilios  dependientes del Instituto Social de la Marina sean buques de  Estado.

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