Las organizaciones ecologistas WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y  Oceana han lamentado hoy la decisión del Tribunal Supremo de desestimar los  recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012, que autoriza las  prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario.

En declaraciones a Efeverde, las organizaciones ecologistas han denunciado  "presiones" y "poca conciencia ambiental" en la decisión del alto tribunal y han  coincidido en apuntar que las sentencias, que rechazan los siete recursos de los  cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno de Canarias, Ecologistas en  Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida, no  impedirán que continúen las acciones legales.

El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, quien ha asegurado que  "únicamente queda respetar la justicia, sabiendo que se ha peleado honestamente,  algo que no todos han hecho", ha defendido que la desestimación de los recursos  es sólo "el primer escalón de un largo camino" para evitar las  prospecciones.

"Es una lucha desproporcionada entre lo civil y un gobierno que pone toda su  maquinaria al servicio de una empresa" ha asegurado el portavoz, que espera en  los próximos días las reacciones de los cabildos y la sociedad canaria, "que ha  recibido un mazazo", mientras su organización ecologista estudia vías legales de  acción.

"Con la comunidad científica de nuestra parte, queremos confiar en la  justicia europea", ha asegurado del Olmo -quien ha recordado la queja ya  presentada en Bruselas-, pues las prospecciones afectarán a uno de los mayores  santuarios de ballenas del mundo y convierten "el problema español en  europeo".

Así, el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, no se ha  mostrado sorprendido por la decisión del Supremo dadas las "evidentes  presiones", aunque ha admitido que "el tiempo que han tardado en decidirlo  indicaba lo delicado de la situación".

Según el portavoz, el siguiente paso que plantea Ecologistas en Acción es  "estudiar la decisión para ver en qué se basa y conocer qué acciones se pueden  emprender tanto a nivel legal como de movilización social y en cuanto a sectores  afectados como la pesca y el turismo".

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha criticado que esta  decisión del Supremo, que demuestra que se están anteponiendo los intereses de  una multinacional frente a los de la ciudadanía y el medio ambiente, "puede  sentar precedente y convertirse en una amenaza constante a zonas de altísimo  valor natural".

En este sentido, el director de investigación para Oceana en Europa, Ricardo  Aguilar, ha apuntado que la sentencia demuestra "la poca concienciación de la  política y de los jueces en materia ambiental".

Según Aguilar, las leyes medioambientales en España son "muy flojas" y están  consideradas "de segunda categoría", por lo que considera necesario un cambio  importante para que se comience a tomar en serio la protección del  medioambiente.

"Es una vergüenza cómo el Gobierno está repartiendo permisos de explotación  que benefician a unos pocos, mientras el resto de los españoles se arriesga a  perder innumerables hábitats esenciales y de gran fragilidad", ha criticado.

El portavoz de Oceana ha afirmado que es necesario seguir trabajando para  impedir las prospecciones, pese a la dificultad de enfrentarse a "unos poderes  públicos sin conciencia ambiental y a una gran empresa que manda más que los  poderes públicos".

Aguilar ha recordado que el proyecto de Repsol interfiere con la declaración  de un área marina protegida para cetáceos, los espacios marinos de Lanzarote y  Fuerteventura propuestos como Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red  Natura 2000, y afecta potencialmente a 25 espacios protegidos.