Un informe técnico del Bureau Veritas revela graves incumplimientos, atrasos de hasta 5 meses y riesgos en la calidad de los buques encargados al astillero español Cardama.
El informe técnico al que ha tenido acceso La Mañana, expone graves irregularidades y retrasos en la construcción de las dos Patrulleras Oceánicas (OPV) que el Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay encargó al astillero español Francisco Cardama, S.A. El documento, elaborado por la reconocida firma de inspección Bureau Veritas a solicitud del propio ministerio uruguayo, detalla un panorama preocupante que incluye atrasos críticos, falta de planos definitivos, deficiencias en la calidad constructiva y posibles incumplimientos contractuales.
La inspección se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de diciembre de 2025 en las instalaciones del astillero en Vigo, España, y su conclusión principal es contundente: el astillero no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega establecidos en el contrato, firmado en diciembre de 2023.
Hallazgos principales
El informe de Bureau Veritas, firmado por el ingeniero naval Eduardo Carichas, estructura sus hallazgos en varias áreas críticas:
- Retrasos generalizados y críticos: El avance físico del primer buque (C-250) es de solo un 43%, cuando según el cronograma debería estar alrededor del 70%. Esto representa un retraso estimado de aproximadamente 5 meses. La construcción del segundo buque (C-251) también muestra irregularidades, con un intento del astillero de declarar anticipadamente un hito clave (“Puesta de Quilla”) que, según el informe y las normas internacionales, no se cumplió de manera válida.
- Falta de Planos definitivos y aprobados: El astillero inició y ha avanzado en la producción sin contar con un proyecto de construcción definitivo ni planos finales aprobados por la sociedad de clasificación (Lloyd’s Register) ni por la administración marítima uruguaya. Esto ha llevado a construir “a riesgo”, generando retrabajos, modificaciones sobre la marcha y el peligro de que piezas ya montadas deban ser desmanteladas.
- Deficiencias técnicas y de calidad: El informe verifica desviaciones y deformaciones en bloques estructurales que exceden los límites permitidos por las normas internacionales (IACS), específicamente en la unión de la proa. También se señalan problemas en el diseño de escaleras interiores consideradas inseguras, y una grave omisión: la ausencia de un mamparo estanco en el pique de popa, lo que incumple el Convenio Internacional SOLAS y compromete la seguridad y la certificación final del buque.
- Problemas en la cadena de suministro: Existe una incertidumbre crítica sobre el suministro de equipos esenciales. Se destaca la cancelación del contrato para los motores principales Caterpillar, un equipamiento vital, y la falta de recepción de los grupos electrógenos. El astillero no proporcionó información clara sobre el estado real de estos y otros suministros pendientes.
- Posible incumplimiento contractual con Uruguay: El informe subraya que, a la fecha de la inspección, no hay evidencia de que el astillero haya presentado el proyecto técnico ni solicitado el permiso de construcción a las autoridades marítimas de Uruguay, tal como exigen el Decreto 302/983 y la Circular DIRME 014/2016. Esta omisión representa un incumplimiento directo del contrato y pone en riesgo la obtención de los certificados de bandera uruguaya.
Documentación que respaldan las críticas
Los inspectores de Bureau Veritas no trabajaron aislados. Su análisis se nutre de la revisión de 13 “Memorandos COTEC” emitidos entre septiembre y diciembre de 2025 por los inspectores residentes del Ministerio de Defensa en el astillero, los Sres. Héctor Cardozo e Ismael González. Estos memorandos ya venían documentando de forma sistemática las deficiencias: falta de cronogramas actualizados, un flujo de información técnico “poco colaborativo” por parte del astillero, y la suspensión deliberada en la entrega de información a partir de noviembre de 2025.
Implicaciones para Uruguay
La adquisición de estas dos OPVs (modelo OPV87) representa una inversión estratégica para Uruguay, destinada a fortalecer la vigilancia y presencia en su extensa zona económica exclusiva y tareas de patrulla oceánica. Los retrasos y problemas técnicos no solo impactan en el calendario operativo de la Armada, sino que también generan riesgos financieros y legales.
El contrato establece fechas límite de entrega (agosto de 2026 para el primer buque, considerando márgenes). El informe señala que, de superarse estos plazos, Uruguay estaría legitimado para resolver el contrato anticipadamente, con las consecuencias indemnizatorias que ello conlleva.
Un proyecto que requiere acción inmediata
El informe de Bureau Veritas funciona como una alerta técnica contundente. Pinta un panorama donde el avance constructivo es significativamente más lento de lo planeado, se realiza sobre bases documentales inestables (planos no aprobados), y presenta fallas de calidad que podrían afectar la seguridad y vida útil de los buques.
La pelota está ahora en la cancha del Ministerio de Defensa Nacional. El documento le proporciona un diagnóstico detallado y fundamentado para exigir al astillero Cardama un plan de acción correctivo urgente, transparentar la situación de los suministros críticos y, en última instancia, evaluar el cumplimiento estricto del contrato y las opciones legales disponibles para proteger los intereses del Estado uruguayo.
Fuente: Informe Técnico N° BV-25RT025, “Reporte de Verificación de Proyecto y Construcción de 2 OPV87”, Bureau Veritas, para el Ministerio de Defensa Nacional de la República Oriental del Uruguay. Enero de 2026.

