El Comité de Empresa de la terminal de graneles sólidos de El Musel (EBHISA), instalación que mueve aproximadamente el 80% del tráfico marítimo del puerto gijonés, ha presentado un conflicto colectivo para que sea el juez que corresponda quien decida si su convenio colectivo es o no legal. Mientras no exista una sentencia judicial «que está por encima de cualquier resolución administrativa», los trabajadores de la EBHI consideran que el convenio firmado debe ser cumplido y descartan devolver dinero porque «trabajo realizado, trabajo cobrado», indicaron ayer fuentes sindicales.

El pasado 14 de octubre este periódico desveló un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que acusaba a EBHISA de incumplir la normativa sobre limitación del crecimiento de la masa salarial de las empresas públicas y especificaba que el último convenio firmado superaba en 255.000 euros al año el máximo permitido, por lo que se debía advertir a los trabajadores de la posibilidad de que tuvieran que devolver dinero.

En efecto, a instancia de la Administración del Estado, la empresa reclama ahora a los trabajadores parte de lo cobrado y los sindicatos han respondido con la presentación de un conflicto colectivo y de una convocatoria de huelga que podría paralizar, en principio durante ocho días, la actividad de la terminal granelera y la entrada de materias primas para las grandes empresas asturianas.

Con cuatro barcos para Arcelor en puertas y uno para EDP, con los tráficos graneleros en un buen momento en Gijón, aunque sólo sea por contraposición a lo que ocurre con la carga general, los paros anunciados podrían causar en la primera quincena del año más pérdidas que el ahorro que la IGAE defiende para todo el ejercicio.

No obstante, todavía no es seguro que se vaya a producir la huelga. Ayer hubo un intento de conciliación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) que finalizó sin acuerdo definitivo, pero que sentó algunas bases para conseguir una solución en los próximos días, necesariamente antes del próximo martes, ya que a las seis de la mañana comenzaría el primero de los paros convocados.

Hay que tener en cuenta que la empresa está conforme con el convenio que está obligada a incumplir por orientación gubernamental y que las peores consecuencias de una huelga serían las empresas privadas que también componen el accionariado de la terminal, circunstancias que convierten el caso en singular. Tanto es así que, por si fuera poco, el aplazamiento ayer del acuerdo se produjo para que EBHISA pueda consultar con sus accionistas privados, a pesar de que sólo representan a poco más del 20% del capital.

La propuesta que hacen los trabajadores para evitar la huelga es que la terminal asuma lo pactado hasta que exista resolución judicial y que sea a partir de ese momento cuando, si el convenio es considerado ilegal, se deje de cumplir en los aspectos polémicos por ambas partes, y no sólo por una.

De momento, las fuentes sindicales aseguraron que devolver el dinero pactado por un trabajo ya hecho es algo que rechazan de plano y añadieron que «si alguien tiene algo que devolver, que hablen con Rosa Aza y Laureano Lourido», presidenta y gerente, respectivamente, de la empresa. A juicio de los trabajadores, ellos no son en absoluto responsables de lo que la empresa pudo haber firmado indebidamente.

Los paros convocados se refieren a los días 30 de diciembre y 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de enero, pero no se descarta convertir la huelga en indefinida si antes no se llega a un acuerdo. Históricamente, las huelgas en EBHISA no llegan a comenzar o duran poco.