COMPADREO EN EL MUSEL, SAQUEO DE GIJÓN

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Category: El Musel

Published on Friday, 30 November 2007 00:00

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La reciente reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, perpetrada con alevosía y nocturnidad para que los gijoneses paguemos los 216 millones de euros de sobrecostes de las obras de El Musel, es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más sombríos en la historia de Gijón. ¿Sombríos? Peor aún: nauseabundos. El asunto hiede, eso sin contar sus tremendas consecuencias sobre las economías local y regional, con especial incidencia negativa en el sector de la población que vive directa e indirectamente de la actividad del puerto y que colearán durante más de una década condicionando, además, el futuro y la competitividad de El Musel.

  En cuestión de mes y medio, período transcurrido desde que el piquete empresarial «galáctico» se hiciera notar por Gijón para refrescarles a Menéndez Rexach y compañía sobre quienes son los que tienen manga ancha en el Ministerio de Fomento, la colecta multimillonaria alcanzó valores desconocidos e inauditos en la dilatada trayectoria de las obras públicas españolas. Todo sea por trepar en el escalafón del «Forbes». La factura de 36.000 millones pesetas, insisto, la pagaremos los gijoneses por «gentileza» unánime del consejo arecista y con Fernando Palao, otro que tal, secundando la jugarreta desde el fondo como cooperador necesario.   La fiscalía anticorrupción continúa, al parecer, en pletórico ejercicio de pasapalabra. Todo pese al desvergonzado compendio de caños a las leyes, subterfugios, tretas y artimañas que culminaron con la conformidad del consejo a la modificación de unas obras que se han salido de madre desde su adjudicación y asumiendo su escandalosa factura, pero, eso sí, con merma del erario público (o sea, del pueblo). La mayor parte del desliz, dijeron los cabecillas de la estratagema, es de las canteras -definitivamente de Alí Babá- para lucro privado de unos constructores que obtuvieron la obra tras presentar la oferta «más cara», pero ser los «mejor valorados» técnicamente. Desde la misma firma del contrato, ya para entonces sin canteras y encomendados a las mareonas de Al Gore, comenzaron a computarse unos sobrecostes que en la Autoridad Portuaria han decidido, ladinos ellos, que apoquinemos los gijoneses si no se restituye el Estado de derecho que, para qué engañarse, no tiene mucha traza.   Mientras, todavía hay quien, desde la oposición, se empecina en que se asegure como sea la financiación del sobrecoste -es decir, amén a la maturranga, manos arriba- dejando desguarnecidos a los ciudadanos e ignorando clamorosamente lo único que procede en El Musel y que ya reclamé públicamente a principios de 2006: legalidad, nueva licitación, concurrencia y competencia para abaratar el coste de la obra sin merma de su calidad ni de su plazo de ejecución. Un plazo alargado ahora en casi dos años más por arte de birlibirloque de los portentos del ocultismo portuario.   Aparte de monumentales brindis al sol parlamentarios, el saqueo socialista a los intereses de Gijón y de Asturias apenas ha merecido que en la Junta General del Principado se hable sobre El Musel. Fue en una comparecencia en la que, por cierto, el principal argumento del consejero del Gobierno de Álvarez Areces para justificar el sobrecoste canterano fue fulminante y tajantemente rechazado por HC Energía, propietaria de la de Aboño, a quien, pese a todo, siguen haciendo partícipe del escandalazo.   Son los mismos que mintieron como bellacos cuando calificaban la alternativa «3C» como la «única posible» y querían «tabicar» la bahía y playa de San Lorenzo con un dique de 4,8 kilómetros. Son los mismos que eliminaron del concurso de las obras a ofertantes más baratos y con solvencia técnica e, incluso, cantera propia. Son los mismos que fingieron falsariamente cuando LA NUEVA ESPAÑA anticipó hace más de año y medio la existencia de sobrecostes. Son los mismos que ocultaron durante casi dos años el modificado a su propio órgano colegiado de gobierno a la par que lo negociaban a precios de compadreo. Son los mismos que aseguran ahora que las cuentas estarán auditadas y dicen que el ajuste con los constructores fue «muy difícil». ¡Difícil de qué si la ley está inequívocamente de parte del contratante y en contra del adjudicatario que incumple su propia oferta! ¡Difícil de qué si han pactado que les paguemos 216 millones de euros «extra» cuando no tenían derecho a ello! Y encima emerge Trevín de «garantizador» financiero. Como para fiarse...   ¿Acaso no es descarado exhibir, como hizo Palao en la tournée de auxilio mediático a sus camaradas, una supuesta defensa del interés general cuando de ello se va a derivar un pufo de 36.000 millones de pesetas que costearemos los gijoneses a tocateja? ¿No es vergonzoso que el consejo de administración se haya inhibido ahora ante la falta de respeto a las leyes y frente a la injustificada exigencia de la constructora sin cantera? ¿Quiénes se responsabilizan de haber valorado al máximo una oferta que contravino las condiciones del contrato desde el «minuto 1» de los trabajos en el Dique de Torres? ¿Por qué los miembros del consejo de administración portuario no fueron informados de los problemas con la obra hasta el pasado 20 de noviembre, o sea, casi dos años después de iniciada la ampliación de El Musel y sobre unos sobrecostes que van a llegar a los 216 millones de hiperpropina con cargo al pueblo? ¿Apesta o no apesta, señor fiscal anticorrupción? ¿Hay alguien ahí?   Con la Constitución, la ley de Contratos de las Administraciones Públicas y las normativas vigentes y aplicables que regulan las obras portuarias sólo cabe, además de las actuaciones que en su caso pudiera decidir la Justicia, una nueva licitación para la ampliación de El Musel que, además, evite un modificado táctico incurrido y compadreado entre los tabiqueros arecistas y los constructores sin canteras, e impida la criminal sangría megamillonaria que la Autoridad Portuaria le trata de endilgar y transmitir de forma infame y traidora al pueblo de Gijón, más indefenso, esquilmado y silencioso que nunca.     Isidro Martínez Oblanca es ex senador por Asturias (PP).