EL MUSELAZO.- La Audiencia investiga si hubo fraude, malversación y prevaricación en El Musel
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- Published on Friday, 06 February 2015 12:11
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EL COMERCIO
La Audiencia investiga si hubo fraude, malversación y prevaricación en El Musel
José Luis Díaz Rato, Vicente Álvarez Areces, Fernando Menéndez Rexach, José Luis Barettino, Bernardo Blanco, Ignacio Fernández Fidalgo, Rolando Lago, Roque Galcerán y Jesús Urrutia, en el transcurso de la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón en la que se aprobó la adjudicación de las obras de ampliación de El Musel a la UTE Dragados-Drace-FCC-Alvargonzález-Sato, el día 4 de enero de 2005. / EFE
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Anticorrupción cree que tanto la UTE como la Autoridad Portuaria pudieron cometer hasta seis delitos con la obra de ampliación
Tras investigar las «graves irregularidades, incluso fraude», determinadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Anticorrupción cree que en la gestión y control de las obras de ampliación del puerto de El Musel se pudieron haber cometido hasta seis delitos.
Consejo que adjudicó la obra en 2005
PresidenteFernando Menéndez Rexach
Director de la Autoridad Portuaria de Gijón José Luis Díaz Rato
Por la Administración General del Estado Ignacio Fernández Fidalgo, Bernardo Blanco, Rolando Lago, Manuel Peláez e Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos
Por el Ayuntamiento de Gijón Paz Fernández Felgueroso y Carlos Zapico Acebal
Por el Ayuntamiento de Carreño Ángel Riego
Por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón Guillermo Quirós
Por las organizaciones empresariales Romualdo Alvargonzález Figaredo
Por las organizaciones sindicales Ángel Rendueles y Roque Galcerán
Por los sectores económicos del ámbito portuario Manuel Loring Martínez de Irujo
Por el Principado de Asturias Francisco González Buendía, Julián Bonet, Cayetano Roca, Antonio Suárez Marcos, Jesús Urrutia, Montserrat Bango y Francisco Villaverde
Secretario José Luis Barettino
Las conclusiones de los investigadores advierten de fraude y exacciones ilegales, «si funcionarios o integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón se hubieran concertado con particulares de la empresa adjudicataria para la entrega indebida de fondos públicos a lo largo del procedimiento de contratación»; malversación de caudales públicos, en caso de que las mismas personas, «en connivencia con representantes de la empresa adjudicataria, hubieran defraudado fondos públicos»; estafa agravada por razón del importe, «si se acreditara que el adjudicatario hubiera engañado deliberadamente a la Administración en el precio de los materiales utilizados por las obras»; falsedad en documento oficial y mercantil cometida por particular, «si resultara acreditada la existencia de facturas inveraces que se hubieran empleado para la reclamación de cantidades a la Administración»; fraude a la Hacienda Pública, «si se acreditara que por parte de la empresa adjudicataria se hubieran simulado gastos que en realidad no existieron o producido documentos que fueran el origen de la entrega de fondos públicos a particulares sin motivo o justificación», y prevarización, en el caso de que los hechos investigados «permitieran establecer arbitrariedad en las resoluciones adoptadas por la Autoridad Portuaria de Gijón a la hora de adjudicar el contrato y en su modificación posterior».
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción fue presentada en diciembre de 2014 ante la Audiencia Nacional porque los delitos indicados «habrían tenido, en el presente caso, una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional».
El asunto ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Javier Gómez Bermúdez, el magistrado que presidió la vista oral por los atentados del 11-M, quien en el auto dictado el pasado ocho de enero ha dispuesto una serie de diligencias que tienen como objetivo conocer «la naturaleza y circunstancias» de los hechos denunciados, así como «las personas que en ellos han intervenido».
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Las diligencias que se han de practicar son cinco y afectan tanto a la UTE Dique Torres -formada por Dragados, FCC, SATO, Drace y Alvargonzález Contratas- como a la Autoridad Portuaria de Gijón. En concreto, el juez reclama a los responsables portuarios el expediente de contratación de la obra de ampliación y que certifique los miembros de la Autoridad Portuaria, el consejo de administración y Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos. También le solicita los documentos de las relaciones mantenidas con Hidrocantábrico y Tudela-Veguín, propietarias de las canteras utilizadas para material de relleno en la obra de ampliación.
A la UTE Dique Torres, Gómez Bermúdez le pide los registros contables y la documentación referente al contrato de la obra, así como los documentos justificativos de su relación con Hidrocantábrico, respecto de la cantera de Aboño, y Tudela-Veguín, sobre las de Peña María y La Hoya-Perecil.
También solicita a la Intervención General del Estado los informes elaborados y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en torno al expediente de la ampliación portuaria y que designe peritos para proceder al examen del expediente administrativo de contratación. Finalmente, ofrece a la Abogacía del Estado que ejerza las acciones que estime oportunas «para que pueda reclamar lo que corresponda a sus intereses».
Modificado del contrato
Además de posibles irregularidades en la adjudicación del contrato de la obra (en 579,2 millones de euros) en enero de 2005, el 18 de diciembre de 2007 se aprobó un modificado del contrato por otros 216 por sobrecostes en el aprovisionamiento de piedra en las canteras comerciales. En marzo de 2009 Andecha Astur presenta una denuncia ante la OLAF, que abre una investigación y en julio de 2013 concreta sus acusaciones. El 31 de marzo pasado, la oficina europea emite una propuesta a la Comisión Europea para que retire la ayuda de 247,5 millones de euros concedidos a la obra en 2004, en base a las irregularidades, especialmente en el modificado del contrato y en el tratamiento de los áridos procedentes de las canteras, que detectaron sus investigadores. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción concreta aún más esas irregularidades y la Audiencia Nacional incoa unas diligencias que vuelven a situar bajo sospecha la ampliación portuaria de Gijón.