La demanda de Dique Torres busca juzgado
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- Category: El Musel
- Published on Thursday, 25 December 2014 22:22
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EL COMERCIO
- En 2013 los tribunales ya habían obligado a un primer cambio de juzgado, al declararse su titular no competente
- La Audiencia Provincial rechaza la vía civil y la devuelve a la jurisdicción contencioso-administrativa
- MARCO MENÉNDEZ
- GIJÓN
17 diciembre 201400:30
Casi dos años después de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres presentara en el juzgado una reclamación de 329,9 millones de euros por estar en desacuerdo con la liquidación de la obra de ampliación del puerto de El Musel, la demanda aún no ha encontrado el juzgado apropiado. La Audiencia Provincial de Asturias acaba de rechazar un recurso de la UTE contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Oviedo que había establecido que carecía de competencia y que esa reclamación se tenía que presentar por la vía contencioso-administrativa.
El caso es que no es la primera decisión judicial de esas características a la que se ha enfrentado la demanda de la UTE. La reclamación fue presentada en abril de 2013 en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Gijón, si bien al mes siguiente fue trasladada a Oviedo. El auto dictado ahora por la Audiencia Provincial indica que en octubre de 2013 el juzgado de la capital del Principado alegó falta de jurisdicción, lo que fue refrendado por la propia Audiencia Provincial, indicando que la competencia era «la jurisdicción civil». Ahora, ese criterio tanto del juzgado como de la Audiencia Provincial vuelve a cambiar y se establece la vía contencioso-administrativa como la adecuada para esta demanda.
Según el alto tribunal asturiano, esta nueva determinación no supone una contradicción, ya que la naturaleza jurídica de la Autoridad Portuaria de Gijón permitía varias interpretaciones legales. Ha sido una resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre un caso similar ocurrido con unas obras en el puerto de Bilbao el que ha motivado el cambio de opinión. Según el auto de la Audiencia Provincial, esa resolución del TS «no constituye jurisprudencia, ahora bien no cabe desconocer que marca el criterio del Tribunal Supremo sobre la materia», lo que en opinión de los magistrados «recoge el criterio a seguir en un futuro, caso de plantearse conflictos de jurisdicción de análoga naturaleza». Es a la vista de esta decisión por lo que a la UTE Dique Torres no le queda otra opción que volver a la vía contencioso-administrativa.
Satisfacción por el fallo
La Autoridad Portuaria de Gijón no quiso ayer trasladar más comentarios que «mostrar su satisfacción por el citado fallo», al tiempo que apuntó que, «a día de hoy -por ayer-, y en estos momentos, no existe causa judicial alguna entre la UTE y la Autoridad Portuaria de Gijón». La unión temporal de empresas formada por Dragados, S. A.; FCC Construcción, S. A.; Sociedad Anónima de Trabajos y Obras (SATO), Construcciones Especiales y Dragados, S. A., y Alvargonzález Contratas, S. A., reclama a la Autoridad Portuaria de Gijón 329,9 millones de euros por estar en desacuerdo con la liquidación de las obras de ampliación de El Musel, establecida en 623,4 millones. Hay que recordar que la obra fue adjudicada en 500 millones de euros, pero diversos problemas en los trabajos y el acopio de materiales hicieron que la adjudicataria planteara la necesidad de incrementar el precio en 216 millones de euros, lo que fue aceptado y rubricado por el Puerto de Gijón.
No obstante, al realizar la liquidación de la obra la Autoridad Portuaria estableció que el sobrecoste no llegaba a esa cantidad, sino a poco más de 123 millones de euros, si bien hubo que añadir 85,6 millones en concepto de actualizaciones que marca la ley para obras plurianuales.
La cantidad reclamada por la UTE Dique Torres se fija en 301,4 millones de euros que corresponden a partidas no abonadas; 25 millones, por la revisión de precios de esas mismas partidas, y otros 23,2, por los intereses de demora de las cantidades principales.
Ahora deberá ser un juzgado de lo contencioso-administrativo quien entienda del asunto, una vez que parece que la Audiencia Provincial ha establecido la jurisdicción a la que corresponde la demanda, en base a las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en un asunto de similares características que se ha producido en las obras del puerto de Bilbao.