Militantes de Podemos llevan al puerto a la Audiencia Nacional

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Militantes de Podemos llevan al puerto a la Audiencia Nacional

 

Daniel Ripa, Xandru Fernández, Ana Taboada, Montse Palacios y Emilio León. / JORGE PETEIRO

Dicen que es la instancia adecuada porque tanto las empresas de la ampliación como la Administración afectada son de ámbito estatal

N. PRIETO

GIJÓN

11 diciembre 201400:26

Militantes de Podemos, agrupados en torno a una organización orientada a combatir los comportamientos irregulares o faltos de ética «especialmente en la Administración», denominada Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan), presentó el 5 de diciembre una demanda en la Audiencia Nacional con el objetivo de esa instancia judicial investigue la obra de ampliación de El Musel.

Según indicaron ayer los promotores de la iniciativa -entre los que se encuentra el candidato a la Secretaría General de Podemos en Gijón Xandru Fernández- la idea de apelar a la Audiencia Nacional se fundamenta en que tanto las empresas como la Administración implicadas son de ámbito estatal y no sólo porque la Autoridad Portuaria de Gijón dependa del organigrama del Ministerio de Fomento, sino también porque la devolución de los fondos europeos que exige la Comisión Europea tendría que ser abonada por España. Ocan argumentó que ni la Fiscalía Anticorrupción, que tiene en estudio el informe de la Oficina de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF) desde el pasado abril, ni la Administración del Estado dieron el paso de meter la obra de ampliación de El Musel en los juzgados, a pesar del reproche de la Comisión Europea por esa actitud, que «podría llevar a que los presuntos delitos prescriban».

Comisión «de celofán»

Los referidos militantes de Podemos evitan acusar a personas concretas de presuntos delitos concretos, pero señalaron a los dos máximos responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón durante la ejecución de las obras, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, así como a los dirigentes de las constructoras que componen la UTE Dique Torres como presuntos responsables de las anomalías detectadas por la OLAF que la Abogacía del Estado llegó a decir que podrían constituir delito «de ser ciertas».

Sobre la comisión de investigación parlamentaria abierta en el Parlamento asturiano, Xandru Fernández expresó desconfianza. Dijo que «marearán la perdiz» y que será después de mayo, en clara referencia a las próximas elecciones autonómicas, cuando se creará «una de verdad y no de celofán».