El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas dice que las obras de El Musel se examinarán en breve

Olayo Eduardo González, ante la sede del Colegio de Abogados.LUISMA MURIAS

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L. Á. VEGA El Tribunal de Cuentas examinará en breve las obras de ampliación de El Musel, según indicó ayer el fiscal jefe del órgano fiscalizador de los gastos públicos, Olayo Eduardo González Soler, que abrió las Jornadas sobre corrupción y transparencia que organiza el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo. Las obras de El Musel forman parte del paquete de 160 fiscalizaciones aprobado por el Tribunal el mes pasado. "La fiscalización se va a iniciar y también la de algún otro puerto del Norte", aseguró.

González participó anteayer, miércoles, en la Junta de Fiscales que respaldó al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, en su pretensión de presentar una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, por desobediencia. "La gran mayoría de los fiscales la apoyó", aseguró González, al tiempo que negó cualquier presión del Gobierno. Eso sí, indicó que la supuesta rebeldía de los fiscales catalanes no era tal, sino que habían mostrado su discrepancia a través de los cauces previstos por la ley.

El fiscal jefe acudió ayer a Oviedo para reivindicar el papel del Tribunal de Cuentas en la lucha contra la corrupción. Le avalan casos como el José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenado por la Audiencia de Málaga y el Supremo gracias a que el Tribunal de Cuentas demostró que había delinquido, indicó.

"La fiscalía del tribunal es un observatorio privilegiado para conocer el fenómeno de la corrupción. Recibimos no sólo los informes del tribunal, sino los que realizan los órganos de control autonómicos. Apreciamos qué irregularidades pueden producirse y las comunicamos a las diferentes fiscalías territoriales. Es un papel importante", señaló el fiscal jefe. Según Olayo González, se está empezando a superar la "timidez laboral de los ayuntamientos a la hora de rendir sus cuentas" (en Asturias, en 2003, un 32 por ciento de los ayuntamientos se retrasó a la hora de rendir cuentas), gracias a un programa desarrollado por el tribunal que se ha traducido también en disposiciones legales. "Pero estamos lejos aún de llegar al ideal", añadió Olayo Eduardo González.

La fiscalización de los partidos es harina de otro costal. "Lo que la opinión pública espera, que es conocer cómo se financian, cuáles son los gastos y quiénes son los proveedores, no podemos hacerlo. No tenemos acceso a bases de datos del Banco de España y la Agencia Tributaria para comprobar que la rendición de cuentas que realizan responde a la realidad", aseguró. La ley que fiscaliza a los partidos, de 2007, modificada en 2012 y que podría ser reformada en breve, establecía "una regulación insuficiente para la persecución y sanción de las infracciones, en lo correspondiente al plazo de prescripción o la calificación de la gravedad de las conductas". A González le gustaría que se incluyesen avances como la asunción por parte del fiscal de "la investigación de los ilícitos contables que indiciariamente aparezcan en los informes de fiscalización, que el ministerio público plantee sus demandas y se reintegren al Tesoro los fondos que salieron de manera indebida".

González estuvo en el centro de la polémica de "Vox Pópulis". La difusión de sus correos con la secretaria general técnica de la Sindicatura de Cuentas le valieron al edil del PP en Oviedo Jaime Reinares una condena de un año de cárcel, que ha sido recurrida. González aseguró ayer no recordar siquiera el nombre del edil. Preguntado sobre el momento en que deberían dimitir los políticos, señaló: "Un cargo público exige una conducta irreprochable. En mi opinión, en el momento en que se produzca una sombra de irregularidad, no se debería seguir desempeñando ese cargo público. Cuando existe un procedimiento judicial donde se aprecian indicios de la comisión de un delito es incompatible con seguir en el cargo".