Transparencia Internacional centra su foco en El Musel
- Details
- Category: El Musel
- Published on Tuesday, 14 October 2014 05:18
- Hits: 1800
La organización mundial denuncia las supuestas incompatibilidades de dos abogados del Estado que asesoraron a las empresas que pleitean contra la Autoridad Portuaria
Ampliación del puerto de El Musel. / AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
Miércoles01 de octubre de 2014
Asturias 24
Transparencia Internacional (TI), la única organización no gubernamental a escala mundial que se dedica a combatir la corrupción, ha puesto el foco en su último informe en el puerto de El Musel. El organismo dedica un apartado a las obras de ampliación del puerto y se centra particularmente en las supuestas incompatibilidades que dos abogados del Estado cometieron al asesorar a la UTE Dique Torres a la hora de pleitear contra la Autoridad portuaria.
El informe de TI se titula Una evaluación del lobby en España: análisis y propuestas. Y sitúa el caso de El Musel como un ejemplo de una práctica común aunque desconocida por gran parte de la opinión pública: la captación por parte de importantes empresas de la construcción de personas que trabajan o han trabajado con anterioridad en la Administración pública en puestos de alta función.
En concreto el caso afecta a dos abogados del Estado ahora en excedencia voluntaria que en la actualidad trabajan en un bufete especializado en derecho portuario. Ambos fueron contratados por la UTE Dique Torres (Dragados, Drace, Sato y Alvargonzález Contratas) como asesores legales para el pleito mantienen contra El Musel, al que reclaman 354 millones de euros adicionales a los 624 ya pagados. Estos dos abogados del Estado eran en 2004 el director y el subdirector de los servicios jurídicos de Puertos del Estado.
BUFETE
La UTE presentó la demanda el 28 de febrero de 2013, firmada por un abogado del bufete Cuatrecasas. Entre los letrados aparecen también los nombres y firmas de los dos abogados del Estado en excedencia voluntaria. Según afirma el informe de Transparencia Internacional, en diciembre de 2011 se supo que la empresa constructora había contratado los servicios de un bufete en el que trabajaban los abogados del Estado mencionados. Uno de ellos, que como alto funcionario había dirigido la comisión redactora de la Ley de Puertos, era socio del bufete desde su fundación, de acuerdo con la información del sitio web de la propia empresa.
Durante los años que ejerció como abogado del Estado, el letrado estaba en una situación que le permitía compatibilizar el trabajo público con su dedicación privada al bufete. Todavía en el año 2009 aparecía en situación de “activo” en la relación oficial del cuerpo de funcionarios públicos. Cabe recordar que de acuerdo con la normativa, hay un cupo de 40 personas que pueden compatibilizar la función pública con las actividades privadas, con una única limitación: no pueden litigar contra la Administración del Estado aunque sí contra comunidades autónomas o ayuntamientos.
El informe de Transparencia Internacional afirma desconocer si en el momento en que se hizo público que la UTE Dique Torres había contratado los servicios del bufete, “el abogado del Estado permanecía en situación de activo o había pasado a situación de excedencia voluntaria, tal y como aparecía en una relación oficial de miembros del cuerpo correspondiente al año 2012”.
DEFICIENTE REGULACIÓN
El ejemplo de Puerto de El Musel ilustra la deficiente regulación de los conflictos de interés que afecta a este tipo de funcionarios. Transparencia Internacional alerta de una maraña de fenómenos “de influencias indebidas y uso de información privilegiada por parte de determinados lobbies del sector de la construcción”. Y agrega que aunque en teoría la situación de compatibilidad no les permite pleitear contra la Administración del Estado, los controles son muy escasos y abren la puerta a la picaresca. Es decir demandas que se elaboran pero que están firmados por compañeros de bufete. Transparencia Internacional introduce el comentario anónimo de un abogado del Estado: “Cuando se pilla a alguien asesorando a empresas contra el Estado se opta por ser práctico. En vez de abrir un expediente que tardará años y acabará en un contencioso, se tapa el tema y se le pide que pase a la excedencia”.
Por otro lado, la regulación de las excedencias es muy defectuosa. De los 657 efectivos que componían la plantilla en 2012, el 55% no tenía una dedicación plena: casi el 40% estaba en situación de excedencia voluntaria, un 11% estaba en servicios especiales y un 6% tenía concedida la compatibilidad para actividades privadas que implica un horario de trabajo más reducido. En estos momentos no hay restricciones para obtener la situación de excedencia voluntaria, sino que es un derecho al que pueden acogerse todos los funcionarios.