Diari de Tarragona

La obra pública centra buena parte de los episodios de corrupción. Hay pago de comisiones, manipulación de concursos, amaño de adjudicaciones y formas variopintas de componenda que, por desgracia, no siempre acaban desveladas y donde deberían: ante un tribunal. No sólo por eso, aunque también, la gestión de infaestructuras sigue dejando bastante que desear. Su planificación es errática e ineficiente: las hay que son poco o nada útiles, mientras otras no se acometen o tardan décadas en hacerse realidad. También abundan las que se hacen mal y necesitan reparación o reforma desde su inauguración. Mucho que corregir, en definitiva, pero las cosas siguen demasiado igual.

Sobran ejemplos en carreteras, puertos y aeropuertos, pero tampoco faltan en lo que suele esgrimirse como excelencia: el tren de alta velocidad (TAV). Citando lo que resulta más próximo, la línea que enlaza Madrid con Francia reúne varios de los habituales despropósitos: deficiencias del proyecto inicial, ubicación absurda o inútil de algunas estaciones, incumplimiento de plazos, multiplicacion de los costes previstos y defectos de ejecución. Destaca estos días la inundación de la nueva terminal subterránea en Girona… segunda en sólo dos meses.

Una jornada de lluvia abundante, no del todo excepcional para las fechas, provocó a finales de setiembre el cierre de la línea entre Barcelona y Figueres, y el pasado domingo volvió a ocurrir; entonces, durante una semana; sólo dos días, esta vez. En ambas ocasiones por la misma causa: entrada masiva de agua en las vías, provocada por la provisionalidad del muro de cierre en uno de los pozos abiertos para la construcción del túnel. La ausencia de la contención definitiva se pretendió justificar por razones presupuestarias, pero deben haber desaparecido súbitamente porque los trabajos van a empezar de inmediato. ¿Para evitar el sonrojo de una tercera vez?

Conforme a lo habitual, las explicaciones dadas suenan endebles o algo peor. Valdría la pena saber quién decidió ahorrar unas pocas decenas de millones de euros, poniendo en riesgo el uso de una infraestructura en la que se han invertido alrededor de 10.000 millones. O quién y por qué no consideró necesario actuar con urgencia tras el primer incidente. Pero no conviene engañarse ni albergar ilusiones: los auténticos responsables difícilmente aparecerán. Al éxito siempre le sobran padres, pero el fiasco sigue siendo huérfano.

 

La responsabilidad directa en este episodio corresponde al ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), pero sería injusto cargar sobre él todas las tintas, haciéndolo aparecer como excepción. No sólo porque Renfe, origen y pariente directo, tampoco actuó mejor. Faltan tiempo y espacio para relatar todo lo que jalona su historia, pero su desempeño no es distinto, puede que ni mejor ni peor, que el resto de subordinados a un Ministerio de Fomento marcado por una decepcionante continuidad. Sobran razones para modificar radicalmente la política de infraestructuras, al menos para evitar despropósitos y escarmentar negligencias y corrupciones, pero las novedades siguen sin aparecer.

La penuria presupuestaria hizo pensar que se introduciría racionalidad, entre otras cosas aplicando criterios intermodales y centrando las inversiones dónde existe necesidad real. También pareció lógico esperar cambios en los sistemas de concurso, adjudicación y contratación, con mayores transparencia y control. No sólo para evitar el tráfico de comisiones, sino añadiendo formas de inhabilitación para las empresas y sus directivos pillados en tramas corruptas o que han entregado una obra sin los debidos niveles de calidad. Pero nada de nada: siguen adelante proyectos cuya necesidad es discutible, persisten desatendidas necesidades perentorias, se planifica sin rigor ni interrelacion entre los equipamientos de cada territorio y nadie ha visto vedado el acceso a la contratación oficial.

Toda crítica derivada de las consecuencias de decisiones cuya responsabilidad nadie asume se replica con la evidencia de todo lo que se ha hecho bien. El éxito y la utilidad de la red de alta velocidad -por ejemplo- son indiscutibles, pero por ello resultan más intolerables insuficiencias como las constatadas en Girona. Porque, junto a la evidencia de que las cosas se saben hacer bien, persisten muestras de que algunos -¿demasiados?- las siguen haciendo mal. Y es lógico que el ciudadano se indigne o soliviante: sabe que la chapuza le cuesta o acabará costándole, sea en dinero, en perjuicios o en ambas cosas, pero constata que suele salirle gratis al que la comete. Ni siquiera ve cumplido el derecho a conocer quién es, con altas probabilidades de que vaya a seguir haciendo lo mismo, igual o peor.